LGE: ¿nuevo equilibrio entre regulaciones y libertad en educación?

Un buen sistema escolar es clave para un crecimiento de largo plazo robusto, no sólo por los efectos directos que ejerce en la productividad de los trabajadores, sino también porque influye, entre otros, en las tecnologías que se pueden incorporar a los procesos productivos y en la innovación que se produce en el país. No es casual que ésta tenga lugar con más intensidad en países con buenos sistemas educativos.

El párrafo anterior es parte de la editorial de El Mercurio, del sábado 20 de agosto, donde se comenta los costos que para el desarrollo económico presenta el sistema educativo chileno, atribuyendo parte de los mismos a la falta de oportunidades efectivas de elección por parte de las familias, a los escasos incentivos a la mejora y a las nulas o bajas consecuencias del mal desempeño, todo lo cual viene a ser parcialmente modificado por la promulgación de la Ley General de Educación (LGE). En el mismo medio, la ministra Jiménez escribe una columna destacando las bondades del nuevo marco, con evidente satisfacción. Ambas columnas se pueden consultar en el Blog de JJ Brunner.

La posición del diario y de la ministra pueden ser ponderadas a partir de los elementos de juicio que provee la opinión de Guillermo Larraín, Superintendente de Valores y Seguros, en su columna “Libertad y regulación”, aparecida el 20 de agosto recién pasado. En ella, Larraín defiende la necesidad de regulaciones para la libertad (en tanto se establece un marco para las actuaciones del Estado y de los individuos y no el imperio de la ley de la selva) y la necesidad de la libertad para las regulaciones (en tanto dicho marco posibilita un espacio de acción con grados razonables de certidumbre), concluyendo que el quid del asunto está en la calidad de las regulaciones: que corrijan distorsiones, que protejan a los consumidores, que modifique conductas, que sean preventiva y que se actualicen conforme lo hace el escenario en que éstas se aplican. Así visto, agrega, postular una regulación mínima es consagrar el dominio de los más poderosos y la pérdida de libertad de los demás; promover una regulación máxima per se, genera costos al desarrollo y afecta por esta vía a las libertades.