lunes, 31 de octubre de 2011

Sin novedad

A estas alturas, el conflicto entre el movimiento estudiantil y el gobierno parece estancado (¿o resuelto?). De un lado, los estudiantes insisten en demandas cambios estructurales, reformas al sistema de financiamiento de la educación superior y fin al lucro, pliego que complementan con la des-municipalización y el fin del financiamiento compartido en la enseñanza escolar. El gobierno, finalmente, ha sincerado su posición pues ha debido presentar su propuesta de presupuesto al Congreso, en uno de los escasos momentos de la gestión pública donde es necesario desnudar intenciones y exponerlas al escrutinio social. Llegado a este punto, toda la estrategia y las escaramuzas previas -mesa de diálogo mediante- pierden fuerza y la discusión se traslada al Congreso, lo cual siempre fue una de las aspiraciones gubernamentales. En pocas palabras, el conflicto está siguiendo los cauces institucionales, para satisfacción de parlamentarios, partidos políticos, funcionarios de gobierno y grupos de interés que históricamente han navegado con ventaja en esas aguas.

Los dirigentes agrupados en la CONFECH han centrado su reclamo en la gratuidad para los estudiantes de las 25 universidades del CRUCH, que representan poco menos de un tercio de la matrícula total de educación superior. No es, por consiguiente, una demanda para la mayoría, sino para algunos. Mientras, los tercios restantes deben esperar que la ley que rebaja los intereses del Crédito con Garantía Estatal (CAE) sea finalmente aprobada en el Congreso. Claramente, se advierte una asimetría que no hace bien al movimiento estudiantil.

Los rectores de algunas de estas universidades del CRUCH abogan por un aumento de recursos basales, también reclamando un trato que beneficia a unas pocas instituciones, basadas en su naturaleza estatal (ya bastante reconocida en la distribución de recursos del llamado Fondo de Revitalización, donde el 80% de los 77 millones de dólares presupuestados sería destinado exclusivamente a universidades estatales). No se ha conocido una propuesta concreta que amplíe la perspectiva y reconozca que la mera estatalidad no basta para evidenciar vocación e interés público. Los rectores de ciertas universidades privadas también expresan interés por ser reconocidas como instituciones de vocación pública, pero ni los dirigentes estudiantiles, ni los políticos ni el gobierno atienden este reclamo. Los primeros siguen concentrados en defender la gratuidad exclusivamente para sus pares; los segundos desesperan por un rol más protagónico en la discusión; el tercero parece confiado en que al final (y luego de las previsibles transacciones y concesiones) se aprobará su propuesta. En tal escenario, más vale no oir lo que puede alterar este escenario finalmente cómodo para muchos.

lunes, 10 de octubre de 2011

¿Es esencial la gratuidad en el Derecho a la Educación?

En El Mercurio del domingo 9 de octubre, Miguel Vatter, de la UDP, argumenta que la estricta aplicación de los principios de justicia de Rawls obliga a aceptar la gratuidad en la educación, pues de otro modo deja de ser un derecho, Cito:

  1. "Rawls piensa que una sociedad bien ordenada debe garantizar iguales derechos a todos sus ciudadanos. Si uno debiera pagar por esa garantía, entonces los derechos no tendrían un igual valor para todos: a algunos (los pobres) les costaría más garantizar sus derechos que a otros (los ricos). Así, los pobres deberían dejar de lado algunos derechos a favor de otros (comer en vez de educar a sus hijos) y eso entraría en contradicción con el principio de que todos deben tener los mismo derechos. Por eso la gratuidad es parte integral de la igualdad de los derechos".
  2. "El segundo principio de justicia dice que en una sociedad bien ordenada cualquier desigualdad (como por ejemplo las desigualdades que conllevan cargos de poder o responsabilidad) debe estar justificada. Para ello, esa posición debe ser accesible, en principio, a todos y debe ir en beneficio de los menos aventajados."

Carlos Peña, rector de la misma universidad, señala que la gratuidad es injusta, pues "si un padre brinda la misma cantidad de cuidados al hijo que tiene desventajas y al que no las padece, el primero será más beneficiado que el segundo (es trivialmente verdadero que si usted da el mismo remedio a un enfermo y a un sano, el enfermo se beneficiara más que el sano); pero no cabe duda de que el padre actuaría erróneamente. Movido por un defectuoso sentido de justicia estaría despilfarrando parte de sus cuidados al brindárselos por igual a quien los necesita y a quien no" (...) y "como los cupos más valiosos se asignan en base al rendimiento, y este último se correlaciona con el ingreso, incluso si la educación fuese gratis e íntegramente pública, los más ricos tenderían a concentrarse en las instituciones más prestigiosas y los más pobres en las menos selectivas. Ocurriría lo mismo que hoy (sólo que gratis)... La explicación para todos esos fenómenos es conocida: son las leyes de circulación del capital (dijo Marx); el capital social y cultural atrae el capital (dijo Bourdieu)".

La cuestión es compleja: ¿cómo se puede afirmar un derecho si su ejercicio pleno está mediado por la disponibilidad de pago o por los ingresos?, ¿basta asegurarlo a los más pobres, haciendo gratuito el acceso a la educación superior?, ¿no es que, de este modo, el derecho a la educación superior deja de ser tal para los que sí pueden pagar, es decir, no es esto una forma de asumir que para algunos la educación pasa a ser una prestación o, como dijo el presidente, un bien de consumo?.

Por otra parte, ¿es justo que los ricos se beneficien con la gratuidad en educación si pueden pagar? Porque, como también lo dijo el presidente, nada es gratis. Y la educación gratuita, evidentemente, es una educación pagada por todos. Luego, ¿por qué debe el Estado hacerse cargo de los costos de la educación de los ricos?, ¿y por qué los pobres, con sus impuestos, deben financiar la educación de los que sí pueden pagar por ella?, ¿no hay acá una infracción los principios rawlsianos que hacen justas las desigualdades sociales, a saber, la igualdad básica de oportunidades y la diferencia aceptable si y solo si va en beneficio de los más desfavorecidos?, ¿no es, finalmente, que una gratuidad para los ricos en educación, termina por ser injusta para los más pobres, o sea, los menos aventajados de la sociedad?

Pareciera, entonces, que la posición de Vatter se debilita al confrontarla con la realidad. No es posible ni aceptable la gratuidad total si ello implica perjudicar a quienes se quiere mejorar su posición. Los ricos, como bien recuerda Peña, gozan de una posición ventajosa que les permitirá seguir mejorando dichas posiciones, gracias a su capital social y cultural. La educación superior debe ser gratis sólo para quienes el costo de dicha educación es una barrera de acceso y permanencia.