Como en años anteriores, el Barómetro de Política y Equidad publica su informe anual, dedicado -cómo no- al examen de la gestión del actual gobierno. La pregunta que titula el informe 2019 es decidora: "Chile en marcha ¿atrás?".
El capítulo sobre educación general ("La educación escolar en tiempos de Piñera II") sostiene que es bastante obvio que el gobierno actual no ha mostrado entusiasmo ni compromiso con la implementación de las transformaciones legislativas que el gobierno de Bachelet logró aprobar en el periodo 2014-2017. El ministro Varela y la ministra Cubillos lo han hecho explícito: es una obligación legal implementar transformaciones con las que, sin embargo, no están de acuerdo. Dos ejemplos: en el caso del sistema de admisión escolar (SAE), la justificación de los proyectos de ley que el MINEDUC ha defendido es remediar o corregir los (d)efectos que el SAE tendría. De igual manera, la posición gubernamental respecto del sistema nacional de educación pública (llamada usualmente "Nueva educación pública" o NEP) que crea nuevas unidades territoriales y administrativas de mayor tamaño (los Servicios Locales de Educación Pública SLEP) es que la ley debería permitir que aquellos municipios cuyos establecimientos muestran buenos resultados en pruebas nacionales mantengan la administración de estos. Por tanto, se trata de una normativa que no comparten a plenitud.
La explicación del desgano gubernamental con la NEP se puede encontrar en el programa presidencial de Sebastián Piñera. En su candidatura, el actual presidente se planteó como una opción orientada a mejorar la situación y condiciones de vida de la clase media. Aunque este propósito admite distintos grados de protagonismo estatal, en el sector educacional este Gobierno no comprometió una reforma para elevar la calidad de la educación pública como parte de su promesa con la clase media. En contraste, Piñera declaró su voluntad de devolver a las familias el derecho a elegir y de contribuir activamente a la educación de los hijos (Candidatura Presidencial de Sebastián Piñera, 2017), dos premisas que son traducidas como una reversión de las modificaciones introducidas por el Gobierno anterior en lo que respecta a la eliminación de selección escolar y el término gradual del copago o financiamiento compartido en establecimientos con financiamiento estatal. Queda en evidencia que ambas medidas toman distancia de la acción estatal y más bien la entienden como una injerencia en la autonomía de las personas para decidir y configurar sus proyectos de vida.
En resumen, desde sus inicios este Gobierno encaró las reformas de la administración anterior como un problema vital: la ley le ha obligado a implementar políticas contrarias a sus convicciones ideológicas. Como se dijo en la Cuenta Pública 2018 del MINEDUC, el “desafío es imprimir el sello de calidad y compatibilizar las reformas aprobadas con [el] ideario [del Gobierno]” (MINEDUC, 2018b: s/n).
