lunes, 30 de noviembre de 2015

Dos opiniones sobre el proyecto de reforma de la educación pública

Fuente: http://www.mineduc.cl

Pese a su evidente importancia, el debate legislativo sobre el proyecto de nueva educación pública ha avanzado con escasa resonancia. Un factor que explica este segundo plano ha sido la discusión del presupuesto 2016 y, dentro de éste, el debate sobre la llamada "gratuidad en educación superior". Concluida la discusión del presupuesto, hoy se publican dos opiniones sobre educación pública. La primera es de dos diputadas (Yasna Provoste y Cristina Girardi), quienes explican por qué rechazaron una partida del presupuesto que facultaba al MINEDUC para transferir recursos a los municipios para el pago de deuda. La segunda es de Edison Ortiz, columnista de El Mostrador, quien critica el proyecto porque mantendría vigente el carácter subsidiario del rol del Estado y no restauraría el protagonismo del MINEDUC en la construcción del nuevo sistema de educación pública.

Transcribo parte de ambas columnas publicadas en "El Mostrador":


"En el programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet, hemos comprometido el fortalecimiento de la educación pública, es por ello que nos pareció muy acertado que en el proyecto de presupuesto 2016, el Ejecutivo destinara efectivamente 259 mil 500 millones al Fondo de Apoyo a la Educación Pública (*).
Creemos que esos recursos debieran focalizarse en beneficio de los niños y niñas que asisten a las escuelas públicas, tendrían que ser destinados a recuperar la confianza de las familias, a desarrollar, a través del deporte, el arte, las capacidades y talentos de nuestros alumnos y alumnas, en suma, generar los cimientos para la nueva educación pública, que el país entero requiere y exige."

"Respecto del uso de estos recursos, la propuesta del Ejecutivo permite el desarrollo de acciones en el sentido antes señalado, pero autoriza además que hasta el 40% de estos recursos se puedan utilizar por los municipios para "saneamiento financiero", esto es, para pago de deuda."

"No deja de ser elevado el porcentaje destinado a saneamiento, pero lo fundamental es saber qué tipo de deuda será absorbida con estos recursos; en la glosa presupuestaria, que define cómo y en qué debieran gastarse los fondos, solo se refiere a saneamiento financiero, sin ninguna otra precisión."

"El Estado de Chile tiene efectivamente una deuda con los cientos de municipios del país, por haber traspasado la educación sin consulta y sin el financiamiento total de la educación. Es efectivo que el traspaso implicó durante años el desfinanciamiento de la educación pública. Eso es lo que todos conocemos y denominamos deuda estructural. Y, claramente, esta deuda no es de los municipios. Muy por el contrario, es una obligación del Estado con los municipios de Chile; es su responsabilidad y tiene y debe asumirla. Sobre eso no hay discusión."

"Pero no todo es deuda estructural. Y esto lo saben los alcaldes y lo sabe nuestro gobierno. Según el Ministerio de Educación, más de 30 municipios tienen una deuda que excede toda lógica y sabe también que esta deuda supera con creces la deuda estructural. Son los llamados municipios críticos."

"Todos sabemos que la mayoría de los alcaldes ha hecho esfuerzos enormes por contener el gasto y traspasar recursos de sus propios presupuestos para cubrir el déficit estructural y asegurar que el sistema funcione y que, a pesar del esfuerzo, esa deuda estructural persiste fundamentalmente en los municipios con menos recursos. Pero también sabemos que otros no han sido precisamente responsables con el gasto. Como por ejemplo aquellos que, a pesar de la sostenida disminución de matrícula o cierre de escuelas, han aumentado la dotación tanto de docentes como de asistentes de la educación, incrementando enormemente la deuda estructural, o aquellos que han utilizados los recursos de la SEP en otros fines o que tienen deudas con proveedores, precisamente porque utilizaron los recursos en otras cosas."



"Proyecto de Nueva Educación Pública: la lápida del MINEDUC" (E. Ortiz)

"Este proyecto es por lejos el que tiene más historia y consistencia de los tres que, con diferentes nombres, han estado en barbecho desde hace tiempo. En su oportunidad, se dijo que se tramitaría en paralelo al que afectaría a los docentes (PND), pero se postergó ingresándose después del encasillamiento y la promoción ofertados a los funcionarios del Mineduc con la promesa de otorgarles más estabilidad laboral y fortalecer su carrera profesional."

"Creemos ahora entender por qué: primero se le entregó un dulce al gremio (Andime), ya que efectivamente se puede mejorar la condición laboral y de remuneraciones de cientos de funcionarios pero que, de entrar en vigencia la iniciativa tal como está, significaría el fin de la estructura histórica del Mineduc y el ocaso definitivo de sus agencias regionales y provinciales y su reemplazo por una nueva estructura (Dirección de Educación Pública y Servicios Locales). Si efectivamente se hubiese querido potenciar el rol público del Mineduc, se habría apostado por lo que solicitaban los dirigentes del gremio: “Que los liceos y escuelas sean traspasados al Mineduc para ser gestionados y administrados por sus órganos desconcentrados, es decir, por departamentos provinciales, reforzados y mejor implementados estructural y tecnológicamente” (Egidio Barrera, presidente Andime)."

"La iniciativa legislativa también ha sido recibida de manera disímil por especialistas e instituciones. La fundación Nodo señaló que “es una renovada administración bajo los mismos principios”. Otro tanto indican diversos expertos de la Universidad de Chile, como Cristián Bellei, quien señaló en la misma línea que “uno de los desafíos es equilibrar en este proyecto un sistema descentralizado con una responsabilidad nacional sobre la educación pública”. Estas miradas, de alguna manera, dan cuenta del escepticismo que ronda al nuevo proyecto del Ejecutivo."


"El resumen histórico de la iniciativa, muy duro con la dictadura, aunque muy autocomplaciente con la coalición del arcoíris, no aclara ni explica que si bien la derecha sentó las bases de la privatización del modelo, fue la Concertación la que lo ahondó al punto de tenerlo en la crisis terminal en que está hoy, tal como lo reafirman las propias cifras que se entregan en el proyecto: “Cierre de más de mil establecimientos educacionales públicos desde 1994 a la fecha, y una considerable disminución de su matrícula escolar en casi 600 mil estudiantes entre el 2000 y el 2015”."

"La conclusión es lapidaria: “Nunca, desde los primeros decenios del siglo XIX, la educación pública había atendido a una proporción tan baja de la población escolar y nunca su imagen se había visto abiertamente deteriorada. La educación que el Estado provee y administra a través de las municipalidades se encuentra hoy en su momento más crítico”. Pero, en vez de dar un giro profundo, que restituya “el rol rector” del Mineduc, solo se ataca una parte del problema: la municipalización y se sigue con la lógica de obedecer las exigencias del Banco Mundial: continuar jibarizando al ministerio y, al mismo tiempo, extinguir sus funciones históricas para traspasarlas a órganos inconexos y con escasas atribuciones."

"Enseguida, el proyecto concluye que “el actual esquema institucional consagra que aspectos relevantes de la calidad, la equidad y el desarrollo de la educación pública en el territorio, dependan fuertemente de la voluntad de las autoridades municipales y de los particulares énfasis que legítimamente cada una de ellas desee otorgarle al sector. Esta dependencia está estrechamente relacionada con una excesiva influencia de los ciclos político-electorales del municipio en la educación pública”. Y si bien se propone la creación de nuevos servicios que la administren, nada se dice de que llegamos hasta aquí por decisión de las propias autoridades ministeriales a lo largo de 25 años, ni tampoco se garantiza que la crisis de la educación pública pueda mejorarse con el actual proyecto."

"Por de pronto, se vuelve a proponer un ciclo de mejora –la dirección del Servicio tendrá un plazo de seis años para establecer metas y objetivos–, pero cuyo mandato estará cortado por elecciones parlamentarias y presidenciales que harán una vez más inviable el logro de sus objetivos en el período propuesto. Y se repetirá el fenómeno que se observa hoy, en que prácticamente cada dos años (elecciones municipales y luego legislativas y ejecutivas) se tensiona la administración."

"Y si en particular hay cambio de autoridades, pues, pese a que se anuncia el mejor estándar de selección por Alta Dirección Pública, lo cierto es que será el parlamentario más influyente de la coalición de Gobierno el que –sobre todo en regiones– terminará instalando a quien él determine en los nuevos servicios creados, llenándolos de adherentes que los pueden llevar al límite mínimo de su funcionamiento, como se ha observado últimamente."

"Ello se verá reforzado por el hecho de que los funcionarios que provengan desde los municipios y corporaciones, estarán afectos, al ingresar al servicio, a la siguiente cláusula de despido: “Necesidades del servicio determinadas por el director ejecutivo una vez al año y fundadas en razones vinculadas al buen, oportuno y eficiente funcionamiento del Servicio Local” (artículo 31, a). Esto, aunque tengan la titularidad del cargo por estatuto. Es decir, aun cuando los funcionarios sean traspasados como planta, por este artículo podrían ser despedidos igual, acabando con su carrera profesional y dejando a la administración pública local como botín de guerra de ambas coaliciones, las que se repartirán, sin sentido estratégico, cada cuatro años –como sabemos–, y sobre la base de consideraciones ajenas a la labor permanente y estratégica del Estado, los cargos en educación."

"Sin funcionarios de carrera, que velen por los intereses permanentes de la nación, y que traspasan a los gobiernos de turno, el servicio de desvirtuará aún más en función de los ciclos políticos electorales en los feudos regionales."

"También con la iniciativa legislativa como está, tanto el Mineduc como sus servicios dependientes en los territorios –Seremi y Departamentos Provinciales de Educación– pierden injerencia y se distancian más aún de lo que sucede en las escuelas, dando inicio a la crónica de una muerte anunciada, ya que todas sus funciones, servicios dependientes y bienes, serán traspasados a las nuevas agencias por decreto presidencial.
Tampoco, salvo los que provendrán de la nueva Ley de Inclusión, se inyectan más recursos al sistema, ni se modifica la lógica de la entrega de los mismos (subsidio a la demanda), lo que pone de antemano cuesta arriba su gestión."

"El Mineduc, tal como siempre lo quiso y recomendó el Banco Mundial, queda así reducido a una especie de gerencia de planificación –“la huesera”, como la llaman en las empresas–, sin posibilidad de articular, de influir, de “ser ente rector”, reducido a su mínima expresión y ahora, luego del desprendimiento de la Agencia de Calidad –aún solo una promesa–, la Superintendencia –con pocas atribuciones de fiscalización, dada la flexibilización del marco regulatorio–, sin agencias operativas, desarticuladas entre sí.
A su vez, serán los servicios locales los que diseñen, implementen y monitoreen sin contraparte sus políticas, transformándose en juez y parte de sus acciones técnico-pedagógicas. Y si bien se prevé una articulación nacional de los mismos a través de la Dirección de Educación Pública –que parece ser destino del equipo que encabeza Rodrigo Roco–, en concreto estas agencias, mientras  no exista elección de intendente y la Alta Dirección Pública siga siendo otro botín de guerra del duopolio, en regiones serán autónomas y una nueva bolsa de trabajo del feudo parlamentario."
[...]

 
"Bueno, el proyecto NEP no se sale de la lógica subsidiaria en la que está inmersa nuestra educación, por lo tanto está bastante lejos de fortalecer su rol público, mientras el Mineduc queda definitivamente reducido al papel que el modelo subsidiario de Pinochet le asignó: Banco Nacional de Educación."

"Por el contrario, se  introducen más figuras burocráticas –Dirección  de Educación Pública y servicios locales– sin contrapesos y se termina matando la arquitectura estatal construida a lo largo de dos siglos, que le dieron al fisco chileno un rol preponderante en el área y cuya consecuencia fue una educación modelo en Latinoamérica, siendo su corolario la obtención de dos premios Nobel."

"Con una Superintendencia autónoma y con capacidades limitadas de fiscalización efectivas, dado el marco regulatorio laxo, con una Agencia de Calidad aún en “marcha blanca” y ahora con la Dirección de Educación Pública y los servicios locales desligados en la práctica del Mineduc y este a su vez reducido a su mínima expresión, tal como ya lo perciben los directores de establecimientos, solo habrá “más autoridades diciéndoles a las escuelas cómo remar y más oficinas donde presentar papeles”."

"Por lo demás, al acabarse la carrera funcionaria –por la introducción de la figura del despido por “necesidades del servicio”–, sin elección de intendentes y con una Alta Dirección Pública controlada por ambas coaliciones, estas agencias, y junto con ellas sus funcionarios, se transformarán en coto de caza de los parlamentarios de turno, quienes dispondrán de plazas fijas cada cuatro años para que, con cargo al presupuesto de la nación, puedan disponer de un importante contingente de cupos para ubicar a sus clientelas políticas, cual se ha hecho costumbre en regiones, como la propia ministra Delpiano tuvo oportunidad de constatar."

"En definitiva, la promesa de más presencia del Estado en el área, resulta ser la última evidencia concreta de cómo los actores políticos han ido, también, corrompiendo el significado original de las palabras y una prueba fehaciente de que, a pesar de las lágrimas de la diputada Camila Vallejo, definitivamente el PC no se confrontará con el Ejecutivo en esta área. En Educación seguimos con la lógica de avanzar pero, como buenos alumnos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, caminando siempre hacia atrás."





martes, 10 de noviembre de 2015

¿Qué cambiará en la educación pública chilena con la desmunicipalización? (I)

El proyecto de ley que crea el Sistema de Educación Pública (conocido como "de desmunicipalización") fue presentado el 2 de noviembre y rápidamente comenzaron las críticas y comentarios. Desde políticos de derecha, las primeras opiniones apuntaron a la re-centralización y al traspaso del servicio educacional (y los establecimientos- desde los municipios a los nuevos Servicios Locales de Educación (SLE), materia donde el proyecto señala que este traspaso será "por el solo ministerio de la ley", lo que implica que no habrá compensaciones ni resarcimiento de inversiones que eventualmente los municipios hayan realizado hasta ahora.

Otras opiniones desde el mismo sector han destacado que el proyecto flaquea en donde más importa, esto es, en el fortalecimiento de capacidades y autonomía de los establecimientos y directores. En contraste, también se ha mencionado que el proyecto amplía hasta un 50% la posibilidad de selección por mérito académico en liceos emblemáticos (llamados en este proyecto como "establecimientos de especial o alta exigencia académica"), pues los faculta a implementar un sistema de admisión adicional al común establecido en la Ley de Inclusión (ley 20.845), donde se señala que se puede seleccionar hasta el 30% de sus cupos o vacantes, lo cual -a su turno- ha sido criticado por parlamentarios comunistas.

Desde una esquina crítica alterna, José Brunner plantea una lectura de clara disconformidad con el proyecto, al que acusa de enfatizar la reestructuración del aparato administrativo de la educación pública (la que califica de "esquema burocrático engorroso") y no abordar el problema desde la perspectiva de la efectividad y calidad de la educación municipal, preguntando si  acaso "no estamos frente a un diseño burocrático que limita y reduce las dimensiones de liderazgo, profesionalismo y gestión que los colegios necesitan para mejorar su efectividad y el clima de aprendizaje para sus alumnos, [...con] el riesgo de achatar el rol, las atribuciones y responsabilidades del director de colegio o liceo, dejándolo atrapado en una enmarañada red de controles, demandas, presiones e instructivos que fácilmente pueden paralizarlo".

En una perspectiva más constructiva, hay opiniones como la de Hernán Hochschild, que advierten sobre la inconveniencia de reducir el proyecto a la desmunicipalización, abogando por una mirada más integral, que consistiría en una triple perspectiva: la politica (y que condensa el problema del traspaso de establecimientos públicos a una nueva institucionalidad); la propiamente educativa (¿cómo se logra que cada escuela o liceo renueve o fortalezca su liderazgo, su profesionalismo docente y su espíritu de comunidad escolar?) y la eminentemente docente, donde este nuevo proyecto converge con la reforma a la carrera docente ("los establecimientos municipales hoy atienden en los espacios de mayor complejidad social, y la evidencia para Chile muestra que en esos lugares las condiciones de enseñanza para los docentes son más deficitarias, y que éstos ganan, en promedio, un 15% menos que sus pares en otros contextos. Por tanto, fortalecer la educación pública requiere con urgencia que el proyecto de carrera docente se mejore, construyendo un desarrollo profesional muy significativo para aquellos docentes que se atreven a trabajar en espacios de alta complejidad social, donde más se necesitan"). 


lunes, 2 de noviembre de 2015

Proyecto de desmunicipalización de la educación pública

Fuente: http://www.latercera.com


Finalmente, hoy se ha firmado el proyecto de reforma a la educación pública escolar. Se abrirá el debate y con seguridad muchas voces críticas, sea porque faltarán mecanismos de profundización de la autonomía y el accountability, sea porque no se incluirá una revisión estructural de la acción subsidiaria del Estado y del sistema de financiamiento por estudiante, sea porque se recentralizará la educación, sea porque los municipios dejarán de incidir en la gestión escolar, sea porque las comunidades escolares no tendrán más facultades resolutivas, etc. 

En lo que respecta al gasto, hoy se informa que los municipios tienen una deuda total de más de $ 250 mil millones por educación, tal como lo muestra la gráfica que acompaña esta nota. El argumento de los alcaldes es que el déficit se ha generado desde hace décadas por efecto de la denominada "deuda histórica" y por la caída de la matrícula, lo que afecta los ingresos por subvención. Hoy, según dice un representante de la ACHM (Asociación chilena de municipalidades), solo el 60% de los ingresos de la educación municipal proviene de la subvención. El resto se cubre por fondos extraordinarios provenientes del mismo Estado o de las arcas municipales.

El nuevo régimen que establece el proyecto de ley, dice el sitio del Gobierno de Chile, aumentará los recursos basales, aumentando algunos y reorientando otros. 

Todavía no se ha divulgado el texto íntegro del proyecto.