viernes, 15 de junio de 2018

Movilidad social y educación en Chile: el ascensor social roto


Una nota del diario "El País" aborda la situación española en relación con el "ascensor social", expresión que alude a la expectativa de mejora social intergeneracional. Según lo que informa el artículo basado en datos de la OECD, "en España puede llevar hasta cuatro generaciones que los niños de familias pobres alcancen un nivel de ingresos medios. Es un ascensor social bastante más lento que el de países como Dinamarca y Noruega, donde solo se tardan dos generaciones, pero algo mejor que la media de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico —entre cuatro y cinco—. E, incluso, más rápido que en Francia o Alemania, donde pueden llegar a pasar hasta seis generaciones antes de lograrse esta meta". 

En el caso de Chile y como se observa en el gráfico, son necesarias 6 generaciones para que un descendiente de una familia pobre llegue a tener ingresos medios. En jerga de descendencia, un nieto de un nieto de un nieto (bichozno) podría llegar a esta condición. En años, deberían transcurrir un par de siglos para que las familias de origen pobre logren el ingreso promedio nacional. En otras palabras, el nivel socioeconómico de los individuos está fuertemente condicionado por el nivel de ingresos de sus padres.




Estos datos están disponibles en un informe breve de la OECD sobre Chile, con igual título: "¿Un ascensor social roto?". El reporte señala que en Chile el 25% de los hijos de padres con bajos ingresos tienen también bajos ingresos. A la vez, el 39% de los hijos de padres de altos ingresos tienen ingresos altos. En línea con la tendencia intergeneracional a preservar las desigualdades, los datos OECD señalan que el 65% de los niños de padres con estudios superiores completos también completan la educación superior; en cambio, en el grupo de bajos ingresos, sólo el 13% de los hijos de padres con bajo nivel educativo logran llegar y completar la educación superior.

El informe de OECD es optimista, sin embargo, respecto de la movilidad a corto plazo para el grupo de menores ingresos. Según dice, el quintil inferior tiene muchas posibilidades de mejorar su situación de ingresos en poco tiempo, pues el 34% de las personas de este grupo permanecen en este nivel luego de 4 años, pero al mismo tiempo un 17% de quienes mejoran su posición en este lapso vuelve a ser pobre, generalmente debido a la precariedad del empleo.

A la vez, este optimismo sobre el quintil más pobre se desdibuja rápidamente al revisar los datos del grupo medio, pues el 37% de estas personas, luego de 4 años, ha visto disminuido su nivel de ingresos, la proporción más alta del grupo de países OECD.

Las recomendaciones de políticas educativas que hace este organismo son bastante obvias: a) identificar y replicar buenas prácticas; b) fortalecer trayectorias profesionales de calidad para los docentes; c) mejorar la EMTP; d) fortalecer la subvención escolar preferencial; e) mejorar la calidad de los servicios de cuidado infantil, especialmente en sectores rurales; f) aumentar los horarios de atención de guarderías; y g) reducer la brecha de género en el desarrollo de habilidades.



martes, 12 de junio de 2018

Agenda educacional del MINEDUC

En línea con lo publicado ayer en este blog, El Mercurio dedica una de sus editoriales a señalar que todavía la agenda de este gobierno no resulta clara en cuanto a sus prioridades: hay imprecisiones y se advierte desdibujada. El texto íntegro es el siguiente:

Clarificar y fortalecer la agenda educacional
Cinco ejes se han podido vislumbrar en la agenda educacional del actual gobierno. La idea de avanzar en una educación inicial de calidad, incluyendo universalidad en la sala cuna, es uno de ellos. Se suma a esto un nuevo sistema de financiamiento de los estudiantes en educación superior, que fue recientemente anunciado. En tercer lugar, el fortalecimiento de la educación técnico-profesional, que incluyó en los primeros días de gobierno el envío de un proyecto de ley que aumentaba la gratuidad hasta el séptimo decil para los jóvenes que asistían a esta modalidad educativa terciaria. Como cuarto eje se ha señalado el de abordar la deserción escolar, que hace que esté graduándose solo un 84 por ciento de los jóvenes de la educación secundaria, a pesar de ser esta de carácter obligatorio. Por último, dirigir el foco de la política educacional hacia la sala de clases, para asegurar una mejoría continua en la calidad de la educación escolar. A estos ejes, el Gobierno, por medio de una comisión de equidad de género, ha agregado la revisión de las políticas educativas para suprimir eventuales sesgos y discriminaciones. 
Por cierto, a ello hay que sumar la implementación de un conjunto de reformas que se llevaron adelante en la administración pasada. La puesta en marcha de la desmunicipalización, la reforma de la educación superior y el seguimiento de la carrera docente ocupan en sí mismos una gran proporción de los recursos humanos y financieros del Ministerio. Se ha acumulado evidencia, además, de que el mecanismo de selección legislado para las postulaciones a los planteles subvencionados requiere de algunos cambios relevantes. Es evidente que en un área compleja, como lo es la educación, no basta con legislar una iniciativa, sino que se requiere un cuidadoso monitoreo para asegurar la correcta aplicación de las reformas. 
En ese contexto, es difícil para el ciudadano común tener una mirada relativamente clara sobre el horizonte futuro de la educación chilena. Sería interesante que las autoridades educacionales actuales pudiesen delinear dicho horizonte, proyectado en una década, de modo de reflejar, con todas las restricciones que este ejercicio tiene, a qué aspiramos y cómo las distintas reformas aportan a esos objetivos. En este sentido, sería provechoso contar con indicadores que permitiesen evaluar los logros y dieren origen a medidas correctivas en las políticas cuando ellos disten de ser satisfactorios. Las iniciativas de este gobierno y de otros en el futuro se podrían contrastar con esos propósitos. Además, deberían explicarse en esas claves. Ello ayudaría no solo a orientar el debate educacional, sino también a transparentarlo. Por cierto, el horizonte debería ir actualizándose a medida que pasa el tiempo, y los gobiernos podrían ir sumando otros objetivos, incluyendo, si así lo estiman conveniente, algunos de carácter más ideológico. 
En el caso particular del actual gobierno, ello ayudaría también a identificar mejor sus políticas educacionales, que aparecen algo desdibujadas en el contexto del debate actual. Es cierto que se acaban de completar apenas tres meses de gestión y que, además, hay avances claros en el delineamiento de la agenda, pero también es evidente que, más allá de los ejes mencionados, hay pocas precisiones, y tampoco están expresadas con suficiente fuerza las ideas que se quiere plasmar por la vía de cambios administrativos o legales. Por ejemplo, el Gobierno debería recoger con entusiasmo la evidencia y reclamo generalizado sobre la carga burocrática que imponen las actuales regulaciones a los directores de los planteles escolares. Ello no ayuda a la calidad de la educación. Un acuerdo para lograr una supervisión moderna de la educación chilena sería bienvenido. 






lunes, 11 de junio de 2018

Política educativa despolitizada

Aunque ya pasan tres meses desde que asumió el gobierno de S. Piñera, el Ministro de Educación parece estar fuera del MINEDUC. Tres meses de instalación para arribar a una cuenta pública que sobresale por su llaneza: objetivos, algunos datos de contexto y diagnóstico parcial sobre educación parvularia, educación técnica, retención, gestión directiva e innovación escolar; y de todo ello algunas tareas, compromisos y metas todavía genéricas. Tres meses con una agenda que se esfuerza en mostrarse "no ideologizada" y que, paradojalmente, debe hacerse cargo de la implementación de leyes que antes fueron criticadas por su carácter ideológico:  gratuidad y no lucro en educación superior, no selección y desmunicipalización en educación escolar. De fondo, la dramática constatación de un proyecto educativo interesado en neutralizar o reducir los cambios que el anterior gobierno logró convertir en leyes de la república, lo que el Ministro resumió en la afirmación: "nuestro desafío es imprimir el sello de calidad y compatibilizar las reformas aprobadas con nuestro ideario". En la práctica y como el mismo Ministro ha dicho, la decisión institucional es observar cómo se implementan las políticas,  tal como lo ejemplificaría la ley de educación educación, donde el MINEDUC está esperando a ver que los efectos perversos "que podría tener esta ley" no se produzcan. Al menos en este caso, liderar la implementación de una ley de República no parece ser de interés del MINEDUC.

Desde el punto de vista del sistema escolar, hasta ahora y a la luz de lo información en la web del MINEDUC y medios de prensa, la conclusión es que la política educativa de este gobierno está en fase de diseño. No hay todavía cursos de acción ni metas asociadas a los focos anunciados. Lo que más destaca son las opiniones o declaraciones del Ministro, confirmando que también se hace política con discursos y flujos de información: las palabras son más reveladoras de los énfasis de política que los diseños de programas y la asignación de recursos.






jueves, 7 de junio de 2018

La política indiferente (o de cómo no promover las reformas)

Columna de Ernesto Treviño y Alejandro Carrasco, publicada en La Tercera. Se titula: "Incertidumbre en el sistema escolar".


Chile ha hecho un enorme esfuerzo para mejorar la calidad y equidad de la educación a través de la creación de las leyes de Inclusión, de Nueva Educación Pública y la del Sistema de Desarrollo Profesional Docente. Dadas las características de desigualdad y dispersión del sistema escolar, estas leyes, en su conjunto, generan nuevas condiciones para mejorar las capacidades de las comunidades escolares y las oportunidades educacionales de los estudiantes. Por este motivo, es indispensable gestionarlas de forma tal que se generen sinergias entre ellas que mejoren las oportunidades de desarrollo de los niños y niñas a través del fortalecimiento de las capacidades de enseñanza y de gestión con foco pedagógico en todas las escuelas que reciben fondos públicos en el país. 
A pesar de estos esfuerzos y compromisos adquiridos en forma de leyes, preocupa la incertidumbre que estarían sembrando en el sistema escolar las declaraciones de autoridades de educación y los elementos de la cuenta pública que dio a conocer el ministro de Educación, Gerardo Varela. A juzgar por sus mensajes, parece ser que al gobierno no le convencen estas leyes, mostrándose dubitativo sobre el real esfuerzo que deben volcar a su implementación. Son mensajes que inducen a pensar que el gobierno podría dejar estas leyes en un congelador, aplicando un “freno de mano” a la energía y decisión que su ejecución requiere.
Las leyes mencionadas (y aprobadas en el gobierno anterior) tienen sustento en la evidencia internacional y nacional sobre los desafíos de la educación chilena, lo que a veces se contrapone con los mensajes de la autoridad del Mineduc.
La Ley de Inclusión busca responder, desde el sistema educativo, a la hiper-segregación económica y académica de estudiantes entre establecimientos educativos. Para ello, junto a la gratuidad, se retira la prerrogativa de las escuelas de seleccionar estudiantes y son las familias las que eligen las escuelas. El nuevo sistema de admisión está diseñado con los más altos estándares técnicos para maximizar la posibilidad de que los estudiantes accedan al colegio de su preferencia, pero en la cuenta pública del Ministerio de Educación se subrayó la importancia de dar más posibilidad a los padres de elegir. Dado que el mecanismo ya funciona maximizando las posibilidades de elección, preocupa que estas declaraciones obstaculicen, como estaba diseñado, la expansión del sistema este año a todo el país o derechamente apunten a devolver el poder de seleccionar a las escuelas.
En cuanto a la Nueva Educación Pública, la ley establece un cronograma claro de desmunicipalización y un conjunto de requisitos de desempeño educativo para los municipios que quieran postergar su entrada a la ley hasta 2022. Los indicios que propiciaron la ley son contundentes al mostrar la falta de capacidad de gestionar y financiar la educación de cerca del 90% de los municipios. Sin embargo, el gobierno ha insistido en la voluntariedad de adherir a esta ley, quitándole con ello coherencia sistémica a la nueva educación pública e introduciendo incertidumbre en un cambio de importantes dimensiones.
Finalmente, el Sistema de Desarrollo Profesional Docente se basa en la noción de que el sistema escolar es atomizado y que no se comparten innovaciones ni buenas prácticas dentro de los establecimientos ni entre establecimientos. Por ello, establece un marco para que los profesores mejoren sus prácticas a través del acompañamiento y la colaboración con foco en lo que sucede en la escuela. Respecto de esta ley, el gobierno no se ha pronunciado con fuerza, pero sin duda este marco legal debería hacer sinergia con las leyes de Inclusión y Nueva Educación Pública para mejorar las oportunidades de desarrollo de los niños y niñas.
El éxito de las reformas se juega mucho en su diseño, pero especialmente en la ingeniería y gestión política de su ejecución. Por ello, el liderazgo de las autoridades debería enfocarse en ofrecer certezas a los actores educativos, desplegar recursos y convicción en vez de sembrar dudas sobre procesos de reforma necesarios para Chile y, que, por su complejidad, suelen generar incertidumbres dado los cambios estructurales que conllevan.



lunes, 9 de octubre de 2017

Educación general en el gobierno de Michelle Bachelet: avances y rezagos

En el Volumen "Bachelet II. El difícil camino hacia un Estado democrático social de derechos" se incluye un artículo escrito junto a Jacqueline Gysling, cuyo título es el mismo de esta entrada y que está centrado es el análisis de las principales iniciativas de política en educación general, esto es, en educación básica y media. El artículo puede ser descargado aquí.

Transcribo la presentación de una nueva edición del Barómetro de Política y Equidad que publica la Fundación Equitas. En esta oportunidad, el foco de la edición estuvo en una mirada evaluativa de la gestión del segundo gobierno de Michelle Bachelet.

"El segundo gobierno de Michelle Bachelet se propuso asentar las bases de un Estado democrático social de derechos y será reconocido por haber constituido la Administración que introdujo las mayores y más profundas reformas en nuestro sistema político, económico y social.
Los temas que se incluyen en esta selectiva evaluación de su gestión dan cuenta de aquellos cambios que más han impactado la estructura del poder en el país. Al mismo tiempo, permiten apreciar que los impactos de tales reformas han estado proporcionalmente relacionados con la presencia o ausencia de una acción colectiva en apoyo a ellas. En algunas ocasiones esta movilización fue estimulada por el empuje del Ejecutivo, que pudo incorporar a amplios segmentos sociales tras sus objetivos. En otras oportunidades, las iniciativas de ley del Ejecutivo han sido el producto de acciones autónomas de grupos significativamente involucrados en determinadas temáticas.
Solo para mencionar algunos ejemplos del primer tipo, se puede señalar la amplia movilización en la etapa ciudadana del proceso constituyente o el involucramiento y visibilidad de las organizaciones de mujeres durante la discusión de la ley de interrupción del embarazo en tres causales. En el segundo caso tenemos las movilizaciones ciudadanas que cuestionaron el sistema de AFP, las demandas por derogar el uso privado del agua, las movilizaciones pro derechos indígenas, la reforma de la educación superior o la constante acción de las organizaciones de derechos humanos para mantener viva la política de verdad y justicia.
En todos estos casos el Gobierno se vio masiva y públicamente apoyado en sus propuestas, lo que generó nuevos recursos de poder y llevó a cuestionar de hecho el tratamiento que la prensa había dado a esas temáticas.
Por el contrario, en aquellas iniciativas en que no se activaron los respectivos apoyos sociales, generando cambios en la opinión pública, se redujo su alcance transformador. Tales fueron los casos de la reforma laboral o la desmunicipalización de la educación escolar, que fue recortada severamente por el Senado."

El Volumen completo  del Barómetro y sus capítulos se puede ver acá.

martes, 19 de septiembre de 2017

La tramitación de la ley de nueva educación pública

Transcribo opinión editorial de "El Mercurio" de hoy 19 de septiembre:

Tropiezos en desmunicipalización 
El rechazo en la Cámara del acuerdo alcanzado en el Senado en torno al proyecto de desmunicipalización no solo evidencia la debilidad de la gestión política del Gobierno, sino además lesiona su credibilidad, ya que se muestra incapaz de hacer cumplir lo que acuerda.
Fueron los diputados del oficialismo, particularmente del PDC, los que hicieron caer el acuerdo, por lo que el proyecto tendrá que ser visto en una Comisión Mixta. Se argumentó que se estaba pidiendo votar sin que los parlamentarios pudieran conocer los cambios introducidos en el Senado (en primer trámite constitucional se había aprobado en la Cámara), pese a que son suficientemente conocidos. El problema parece ser otro.
En efecto, en el Senado el Gobierno alcanzó un acuerdo con la oposición que, entre otros aspectos, introducía una mayor gradualidad al proceso de desmunicipalización. Adicionalmente, el acuerdo autoriza a que los municipios que cumplen con determinados estándares académicos y de gestión financiera puedan postergar hasta el final del proceso el traspaso de sus colegios a los servicios locales de educación. Por último, contempla que en 2021 se produzca una detención de los traspasos y se evalúe la marcha de la ley. A esa fecha se habrán creado once servicios locales de educación, de un total planificado de setenta.
Hay temores en el oficialismo de que ese acuerdo finalmente impida que se materialice la desmunicipalización, ya que un gobierno podría utilizar el mecanismo de evaluación para detener el proceso. Sin embargo, es difícil que ello ocurra. La comisión de expertos que evaluará el proceso tiene escasa densidad institucional y, por tanto, carece de la fuerza para lograr esa paralización. A lo más podrá reorganizar la secuencia de traspasos y quizás extender el plazo final si los antecedentes reunidos sugieren la conveniencia de mantener un ritmo lento de creación de servicios locales. La verdad es que hay buenas razones para la gradualidad y, sobre todo, para detenerse a evaluar la marcha de esta iniciativa. El modelo que está promoviéndose para la educación estatal es difícil de encontrar en la experiencia internacional. Por de pronto, en la mayoría de los países de la OCDE la oferta estatal de educación es dependiente de los municipios. Un problema potencial es la incapacidad de la Dirección Nacional de Educación Pública de coordinar y, sobre todo, monitorear a 70 servicios locales de educación que se crearán. A ello se une un grado importante de superposición en las tareas de cada nivel. Este diseño organizacional es propicio para la dilución de responsabilidades. En ese sentido, el acuerdo alcanzado en el Senado era positivo, dado el alto riesgo de que el modelo pensado no funcione bien.
Por cierto, influye en este revés del Ejecutivo el clima electoral y la incapacidad que hasta ahora ha exhibido la Nueva Mayoría de desarrollar campañas competitivas. Además, varios alcaldes de la coalición oficialista no son particularmente entusiastas de la propuesta gubernamental. En tiempos de campaña esa sensibilidad pesa. Una forma de hacerles un gesto es denunciar el acuerdo e introducir incertidumbre respecto del destino del proyecto.
El desenlace de esta iniciativa en la Comisión Mixta es difícil de predecir. Con todo, el Gobierno tiene una cómoda mayoría en el Congreso que debería permitirle conseguir su aprobación, aunque deberá redoblar sus esfuerzos para ello. De no lograrlo, el costo será significativo.


lunes, 11 de septiembre de 2017

Nueva educación pública: riesgos de una implementación apresurada

Transcribo una columna de Ernesto Treviño, publicada en La Tercera el 8 de septiembre. Se titula "Los cambios en educación toman tiempo: la madurez de la nueva educación pública". Agrego luego otra columna del mismo autor, publicada en el mismo medio el 2 de agosto y que apunta al mismo riesgo de apresuramiento en el diseño e implementación de esta reforma:


Las señales políticas, que vienen desde el Congreso Nacional, llevan a anticipar que en el año 2018 237 colegios serán los que ingresen a la primera oleada de implementación de la llamada “desmunicipalización”, que se enmarcada en la Nueva Educación Pública (NEP). De acuerdo a informaciones de La Tercera, en dicho año se crearán los Servicios Locales de Huasco, Coquimbo-Andacollo y Barrancas, que en conjunto hoy albergan a cerca de 50 mil estudiantes.
Si bien existen altas expectativas de lo que pueda lograr esta reforma, que está ad portas de aprobarse, en el sistema educativo, es indispensable mantener un sentido de realidad respecto de los tiempos de maduración de esta o de cualquier otro cambio de esta envergadura. La investigación disponible en el mundo indica que cualquier evaluación de impacto de un cambio educativo de esta magnitud debe llevarse a cabo entre 6 a 8 años después del inicio de la implementación, para así dar tiempo a la maduración necesaria para que las transformaciones funcionen adecuadamente.
En la propuesta de la ley se establece que una Comisión de Expertos, en el año 2021, en el próximo gobierno de turno, tendrá la misión de monitorear el proceso. Una disposición que, si bien logró acuerdos al interior del Congreso, podría generar cierta incertidumbre de la política porque es de suma relevancia que este comité deje reposar los avances de la nueva ley que necesitará tiempo para dar cuenta de sus frutos.
Se puede vislumbrar que durante los primeros dos años la implementación de la NEP será ajetreada:  la creación de los Servicios Locales de Educación y las oficinas territoriales. Asimismo, se deberá dotar a esta nueva estructura de personal, hacerse de infraestructura, generar la institucionalidad para el funcionamiento de los Servicios Locales, establecer planes y aprobarlos para, posteriormente, implementarlos y evaluarlos.
Así, el 2020 será el primer año de funcionamiento en régimen de la NEP. A partir de ese momento, con las estructuras creadas, se inicia el proceso de maduración del funcionamiento, no antes. En este periodo será indispensable monitorear la gestión para detectar posibles desajustes por situaciones no anticipadas.
La evidencia internacional respecto de las reformas educativas y su impacto muestran que cualquier intento serio de evaluación de la NEP debería hacerse a partir del 2025. Esto con el propósito de darle tiempo para marchar, ajustarse y, posteriormente, generar los cambios en los procesos que se espera produzca esta iniciativa.
Por tal motivo, será importante establecer claramente – en la ley – que la Comisión de Expertos, que se plantea valorará la NEP al año 2021, limite sus juicios a elementos relativos a la gestión, pues sería un despropósito hacer una evaluación de impacto en ese año. Lo ideal sería atender a la evidencia internacional y esperar la medición de impacto en los tres primeros servicios locales en el año 2025, para lo cual se puede tomar en consideración la línea de base que está recogiendo durante este año un equipo de la UC por encargo del PNUD y el Ministerio de Educación.


¿Quién dijo que sería fácil? Los tropiezos de la nueva educación pública (Ernesto Treviño, agosto 2 de 2017) 
Las noticias recientes han dado cuenta de un acuerdo político que mina profundamente las posibilidades de que el proyecto de Nueva Educación Pública (NEP) sea exitoso. El acuerdo, según consigna La Tercera, divide la implementación en dos tiempos: En el primero se hará una integración de 11 Servicios Locales de Educación hasta el año 2021 y después una Comisión de Expertos emitirá un informe para que el Presidente de turno pueda realizar los cambios que estime conveniente. Asimismo, deja abierta la puerta para que municipalidades con buenos resultados decidan si postergan, o incluso, desisten de su ingreso al nuevo sistema.
Este acuerdo, de concretarse en el proyecto, tendrá, al menos, tres consecuencias negativas para el fortalecimiento de la educación pública. En primer lugar, la posibilidad de que las municipalidades con mejores resultados no ingresen o retrasen su entrada a la NEP ayudará a profundizar la segregación del sistema escolar. Esto porque las municipalidades con mejores resultados en educación son, en general, aquellas donde habitan familias de mayor nivel socioeconómico y suelen tener más recursos para educación.
En segundo lugar, esta posibilidad de no ingreso de las municipalidades con buenos resultados merma la viabilidad de que los establecimientos pertenecientes a esas comunas sean ejemplo y modelo para otras escuelas del mismo servicio local, cuyos resultados son menores. De esta forma, también, se incrementa la segregación de conocimiento al eliminar la posibilidad de trabajar en red con escuelas con buenos resultados.
En tercer lugar, si bien es cierto que es deseable una implementación gradual, dejar al ciclo político la decisión del resto del proceso genera incertidumbre en el sistema escolar. Habría sido deseable establecer un cronograma claro de implementación con mayor gradualidad, el que debería contemplar la realización de una evaluación rigurosa al sexto año, pues este tipo de reformas tiene tiempos de maduración largos, para así establecer los ajustes necesarios a la implementación en función de los resultados de la evaluación. Asimismo, sería deseable que esta decisión no ocurra en el próximo gobierno para obligar a los legisladores a votar la iniciativa con visión de Estado y sin la interferencia de la elección presidencial próxima.
En suma, se observa en el proceso de creación de las leyes una interferencia enorme del ciclo político y una planificación de las leyes teñida más por razones partidistas que técnicas en el fortalecimiento de la educación pública, la que representa – probablemente– la deuda más importante en reforma educativa de los últimos tres gobiernos.