miércoles, 22 de febrero de 2012

Libertad de elección de la escuela

En "El país" se publica una nota sobre la modificación de criterios que deben emplearse en el sistema de educación pública de Madrid para resolver la elección de la escuela. El criterio predominante en España es el lugar de residencia, es decir, la cercanía de la escuela al hogar. Sin embargo, ahora se propone un cambio que implica relevar otros factores, tales como el tener hermanos que ya asisten a la escuela de interés familiar y el ingreso del hogar. Así, en cada caso, la ponderación de estos factores señalará la posibilidad de obtener una plaza en una escuela pública madrileña.


Transcribo algunos párrafos del artículo:

La cercanía a la escuela es uno de los criterios principales en casi todos los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) —27 de 33 miembros fijan el lugar de residencia de la familia y su cercanía a la escuela como elemento fundamental para asignar centro tanto en primaria como en secundaria—. También en las distintas comunidades autónomas españolas. La Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE, de 1985) ya lo recogía como criterio junto a la renta de las familias o la presencia de hermanos en el centro. Y se ha mantenido en las leyes posteriores bajo un axioma: la mejor escuela es la más cercana para evitar el desarraigo o complicaciones en el traslado de los menores. “Es lógico que se prime el centro más cercano porque facilita una vida integrada en el entorno más próximo”, señala Alejandro Tiana, redactor de la LOE y portavoz del Colectivo Lorenzo Luzuriaga. Pero la idea se incluyó con una premisa que no se cumple, que todas las escuelas financiadas con fondos públicos debían tener la misma calidad, como sí ocurre en Finlandia, por ejemplo.

La forma de optar a un colegio ha sido estudiada también internacionalmente. Uno de los últimos informes de la OCDE, Equidad y elección de centro, busca fijar cómo combinar el derecho de los padres a elegir con el imperativo social de la igualdad. Según el informe, elaborado por Pauline Musset, la libertad de elección no muestra grandes evidencias positivas para la evolución de los centros pero sí se ha detectado una negativa: la segregación.

Y un pasó más. La elección de escuela, dice este organismo, incluye otros riesgos. Hay familias más propensas a ejercitar la libertad de elección que otras: aquellas con más dinero y más estudios. “Los padres con más nivel educativo tienen las herramientas y la capacidad social de elaborar una estrategia más efectiva para llevar a sus hijos a las escuelas preferidas”, señala el estudio. La OCDE sugiere que el modelo de libertad de elección de centros necesita arreglos y correcciones para favorecer a familias de bajos ingresos, a los que hay que facilitar más información que al resto. En caso contrario, “la introducción de mecanismos de elección en las escuelas puede dar lugar a la segregación y a más desventajas para los que están en peor situación”.

En Chile, tras certificar que la libertad de elección segregaba a los alumnos, se corrigió el sistema con unos cheques que son un 50% más altos para estudiantes de familias con bajo nivel socioeconómico. La OCDE asume que ese tipo de correcciones pueden mitigar las diferencias y la segregación. Y añade una idea más: no existen evidencias robustas de que la competición entre los centros les haga mejorar. El rendimiento académico, señala el informe volviendo al ejemplo de Holanda, no mejora porque las escuelas no compiten por un sistema de calidad académica, sino por elementos secundarios para atraer a las familias, como programas de deportes, música, mejores instalaciones... “Solo pocos estudios encuentran una relación entre aumentar la libertad de elección y mejorar los resultados académicos”, prosigue Pauline Musset. “Y cuando aparecen, los efectos son tan pequeños y no siempre significativos estadísticamente, en parte debido a dificultades metodológicas”.

domingo, 5 de febrero de 2012

¿Cuál es la agenda de educación para 2012?

Al ser consultado sobre el uso de los mil millones de dólares adicionales que el gobierno chileno comprometió luego de las movilizaciones estudiantiles, Marcelo Cabrol, economista jefe de la División de Educación del BID, señaló que "ya casi hay consenso en que los recursos deben ir a cinco áreas: desarrollo infantil temprano, calidad de los maestros, medición de aprendizajes menos estandarizadas, programas compensatorios por el lado de la oferta: cómo recuperamos los servicios de la escuela, y transición entre la escuela y el mercado del trabajo o de la educación superior". Dijo ademas que el gobierno actual debería pensar en la renovación del curriculum de secundaria para incluir el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, relevando estos factores "blandos" para equilibrar el peso actual de las capacidades y conocimientos cognitivos, ello porque en el mercado y el mundo de la economía, son cada vez más importantes las habilidades sociales, la creatividad e innovación, el trabajo autónomo y en equipo, la capacidad para analizar el entorno, entre otras variables de carácter transversal. Finalmente, afirmó que para Chile se plantea un interesante dilema: o utilizar los nuevos recursos para contener las demandas sociales o usarlos para preparar a las nuevas generaciones para los escenarios y tendencias que ya se vislumbran en el mundo de la producción y la economía.

Es fácil advertir algunas convergencias entre la agenda señalada por el BID y la que promueve el gobierno actual: la mejora de la formación inicial docente y la expansión y calidad de la educación inicial, son puntos donde ambas coinciden. Hay también alguna similitud en lo que dice relación con la revisión de la educación secundaria y su continuidad, sea para estudios superiores o para el mundo del trabajo (aunque esta última opción no sea de interés para muchos).

Pero luego asoman las diferencias entre las dos agendas: el gobierno actual prefiere ampliar la subvención escolar diferenciada (o "preferencial", como se ha dado en llamar a la SEP) y tiene reticencia a las políticas compensatorias desde el lado de la oferta, como de algpun modo lo retrata la salida de la anterior responsable de la División de Educación General, Verónica Abud, partidaria de ampliar el Plan de Apoyo Compartido (PAC), estrategia fuertemente centralizada, cuyo cronograma de expansión fue frenado por el MINEDUC (el PAC es quizá la única referencia oficial que se aproxima a una política compensatoria basada en la cualificación de la oferta).

Otra diferencia manifiesta es la evaluación estandarizada de aprendizajes. El MINEDUC actual es un entusiasta promotor de las evaluaciones estandarizadas y, si son intensivas, mejor aun. El mismo PAC es un testimonio de este loco afán. La polémica acerca del cambio curricular y del giro contenidista que habría impuesto la jefatura de Unidad de Curriculum y Evaluación (UCE) y la profusión de nuevas evaluaciones nacionales (en Educación Física y en Inglés, por ejemplo) son también señales del acento oficial en los resultados medibles y comunicables a las familias como información relevante para la racional elección educativa (no por nada el acceso al SIMCE están en el menú de "padres y apoderados" de la página oficial del MINEDUC). El BID, en contraste, insta a explorar modelos menos estandarizados, sensibles a "lo blando".

El MINEDUC ha señalado que este año le preocupa especialmente mostrar a las familias que el esfuerzo de aumento de recursos efectivamente llegarán a los más pobres, en becas o créditos a tasas más razonables. Es decir, que la transición entre educación secundaria y educación superior sea fluida y no se vea bloqueada por razones económicas.

Si este conjunto de afirmaciones es indicativo de lo que al gobierno le interesa, parece que el dilema que planteara Marcelo Cabrol para el gobierno chileno, está resuelto: la agenda 2012 y los recursos frescos, se concentrarán en buena medida en resolver los problemas contingentes de la educación superior (en esa sin duda estrecha comprensión impuesta en 2011, que marginó de la discusión a muchos actores, como universidades privadas e institutos profesionales, en clara respuesta al lobby de las universidades estatales y las autodenominadas "tradicionales").

Se ha dicho que también se trabajará en la ampliación y mejora de la calidad de la educación parvularia, pero se sabe poco sobre qué implicará esto. El MINEDUC ha descuidado la política de educación inicial (botón de muestra: la página del MINEDUC todavía tiene como portada de educación parvularia, las "líneas de acción 2010"), mientras que la JUNJI e INTEGRA solo son mencionados cuando aborda el problema de la institucionalidad de este nivel, dado que la primera actúa simultáneatemente como fiscalizadora y proveedor público que compite con aquellos a los que fiscaliza, y dado que la segunda es una organización privada de autoridades designadas por el gobierno, que tiene presupuesto público y que opera como prestador privado de servicios de cuidado y educación inicial.

En el nivel de educación básica, probablemente el foco siga siendo la evaluación de aprendizajes, la evaluación docente (INICIA) y la promoción de la formación de nuevos directores, al alero del trabajo del CPEIP. En educación media, sólo se advierte la extensión de las iniciativas sobre docentes y directivos, sin acciones que reconozcan el sello propio de este nivel y que, a cambio, revelan la ausencia de una propuesta comprehensiva sobre la enseñanza, la cultura juvenil, el curriculum y las complejidades socioeducativas de este nivel.

Todo lo anterior tiene aun cierto cariz técnico que omite la condición política de una agenda. Por tanto, habrá que considerar que buena parte de los conflictos y el malestar condensado en 2011 seguirán expresándose este año. La educación superior volverá a ser tema de debate, sobre todo en el marco de la discusión legislativa sobre la Superintendencia de Educación Superior y la necesaria reforma al sistema de acreditación institucional y de programas. Otros temas vigentes son el financiamiento de la educación superior, el monto de la subvención escolar regular, la recuperación de la educación pública y la nueva institucionalidad ministerial.