lunes, 6 de enero de 2014

Prioridades educacionales del gobierno de M. Bachelet (II)

La principal fortaleza de la agenda educacional de M. Bachelet es su narrativa y horizonte normativo. Igualdad, calidad para todos, justicia en la distribución de los recursos y fin de los abusos, oportunidades independientes de los privilegios o desgracias de cuna, inclusión y acciones afirmativas en beneficio de minorías postergadas, son valores o aspiraciones que sin duda empalman con los relatos personales y los imaginarios colectivos de la mayoría de los chilenos. Sin embargo, un sistema educacional que equilibre la excelencia en los resultados, la igualdad y la justicia en la distribución de las oportunidades y capacidades, la eficiencia en los recursos y la integración e cohesión social en los espacios de convivencia es algo pocas veces visto en el mundo y, según parece, muy difícil de sostener pues, como anota hoy (5 de enero) Sergio Urzúa en una columna de El Mercurio, Finlandia habría bajado sus resultados en las evaluaciones de la OCDE porque hoy es un sistema educacional más diverso y con mayor presencia de inmigrantes.

Dado lo anterior, es esperable que el equipo de M. Bachelet esté todavía dimensionando la medidas y acciones destinadas a responder a la complejidad de una agenda programática donde se compromete:
  1. Gratuidad progresiva en educación superior
  2. Creación de una Superintendencia de Educación Superior
  3. Creación de Centros de Formación Técnica (CFT) estatales en todas las regiones
  4. Aumento de la cobertura y re-estructuración del sistema de educación parvularia
  5. Fin de los aportes estatatales a establecimientos escolares que persigan fines de lucro
  6. Supresión del copago (financiamiento compartido) en el sistema escolar
  7. Eliminación de las formas de selección de alumnos en la educación escolar subvencionada por el Estado
  8. Revisión y mejora del curriculum y la gestión de la educación media técnico profesional
  9. Reforma de la administración de los establecimientos escolares públicos hoy en manos de municipios
  10. Transformación de los sistemas actuales de formación inicial de profesores
Como faltan las respuestas, las opiniones en la prensa han orbitado en torno a la interrogante sobre cómo se hará todo esto, pues  no resulta fácil llegar a las medidas concretas que se aplicarían. Belleï y Valenzuela, ambos del CIAE, han desarrollado sus preguntas y añadido otros temas en una columna publicada en CIPER. Allí afirman que " los cinco compromisos de la Nueva Mayoría con el sistema escolar incluyen componentes de una reforma integral, que acercarían el sistema chileno a prácticas reconocidas en países con sistemas escolares mejores y más equitativos. Sin embargo, hemos identificado vacíos importantes, además de la necesidad de priorizar y diseñar un cronograma gradual de reformas que minimice los efectos no deseados, permita al sistema aprender y realizar a tiempo los ajustes necesarios. El diagnóstico clama por la urgencia; el recuerdo del Transantiago, por la prudencia". Los vacíos a los que se refieren son aspectos más próximos a las medidas de política, esto es, las implicancias y derivadas que tendría, por ejemplo, "desmunicipalizar" la educación escolar (donde habría que resolver cómo se regula la creación de nuevos establecimientos en determinadas zonas geográficas, qué rol jugarian los niveles intermedios (los DEPROV y SECREDUC ministeriales, por ejemplo), cómo se logrará la excelencia sin selección en liceos públicos, etc.

Brunner ha insistido en señalar que la ambigüedad de la agenda se agrava porque falta conocer evidencia técnica que sustente las medidas anunciadas y, mas todavía, porque las medidas pueden admitir más de una variante de implementación. Interroga entonces por la estrategia 2014-2018. Se pregunta si el nuevo gobierno aspirará a profundizar un concepto de educación pública de calidad para todos, independiente de la naturaleza de los proveedores que deberían tener igual trato de parte del Estado, tal como ocurre en Holanda o más bien tiene a la vista modelos 100% estatales donde la acción privada queda reservada a establecimientos pagados. Se pregunta también si la implementación de estos cambios comenzará en el nivel de educación superior o se preferirá iniciar una transformación "desde la cuna", o sea, desde la educación parvularia y progresivamente ir escalando hacia niveles mayores. En definitiva, demanda respuestas de política, sea para respaldarlas, sea para criticarlas.

De este modo, la seducción del relato del futuro gobierno se convierte también en el más inmediato de sus riesgos porque, en pocas palabras, un relato no conforma un proyecto. Si el gobierno de S. Piñera se caracterizó en Educación por lo que sus críticos llamaron el "cosismo" o las medidas de corto alcance pero de gran pirotecnia mediática, el futuro gobierno de M. Bachelet hoy se caracteriza por un hasta ahora excesivo acento en la utopía y la cruzada tras la esperanza de una sociedad y una escuela de calidad y más justa para todos. La buena política educativa, en cambio, se sitúa en la bisectriz de ambas: entre la acentuación y continuismo de la realidad (lo propio de buena parte de la gestión de S. Piñera) y la acción guiada por el propósito moral y metas concretas que movilizan a todos quienes creen posible esa narrativa de una sociedad decente y una escuela inclusiva, tal como parece quererlo M.Bachelet.


jueves, 2 de enero de 2014

Reforma a la carrera docente

Fuente: http://www.memoriachilena.cl
La pedagogía como profesión ha sido sindicada como una palanca estratégica de la calidad de la educación y, a la vez, como la principal causa de la baja calidad. Por lo mismo, recurrentemente se formulan diagnósticos y propuestas para intervenir este factor, sea mediante incentivos monetarios evaluaciones con consecuencias pecuniarias, barreras de entrada a la profesión o bien una combinación de estas medidas. Este último ha sido el camino que tomó el gobierno actual en febrero de 2012 al plantear un proyecto de ley que modifica el sistema de promoción y desarrollo profesional de los docentes que trabajan en el sector municipal y que además establece el examen inicial de habilitación para el ejercicio profesional en establecimientos subvencionados por el Estado.

El proyecto presentado en 2012 ha tenido dificultades para su avance legislativo y hoy resulta solo un antecedente para la discusión. Sin embargo, una versión parcial ha seguido su trámite legislativo: aquella que crea el examen inicial habilitante y el bono de reconocimiento o asignación en dinero por 4 años para aquellos nuevos docentes considerados "de excelencia" sobre la base de criterios tales como su nivel de logro en el Examen Inicial, o puntaje en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) o su lugar en el 10% superior de distribución de notas logradas durante su formación inicial. También se considera un incentivo extra equivalente al 40% adicional del reconocimiento para quienes opten por trabajar en establecimientos que concentran estudiantes prioritarios.

El proyecto incluye además requisitos de ingreso a carreras de pedagogía (se exigirá haber logrado al menos 500 puntos en la prueba de selección universitaria y un promedio de notas en la enseñanza media que significa estar en el 30% superior del establecimiento escolar donde se cursaron estudios secundarios).

Un resumen del proyecto se puede consultar en el sitio de Educación 2020.


miércoles, 1 de enero de 2014

Prioridades educacionales del gobierno de M. Bachelet (I)

Fuente: http://briasimpson.com
Hay una clara diferencia entre la agenda del gobierno saliente (el de S. Piñera) y el entrante (el de M. Bachelet): el primero acentuó las acciones o medidas concretas y más bien de continuidad u optimización de lo avanzado por los gobiernos de la Concertación; la segunda ha instalado una narrativa épica basada en un horizonte normativo que supone trabajar por una educación gratuita y de calidad para todos, donde el lucro (el retiro de utilidades o excedentes más allá de lo que el sentido común entiende como la "justa ganancia" por el servicio prestado) no tiene cabida o  donde -si la tiene- debe acotarse y transparentarse de forma tal que su legitimidad no se vea en entredicho. 

En efecto, la gestión educacional del gobierno de Piñera no logró comunicar los significados del cambio educativo que quiso implementar. A la hora del balance de cierre, persiste la idea de un repertorio amplio pero diverso de acciones que reaccionaron a las presiones de estudiantes y grupos de interés, lo que queda en evidencia al inventariar lo realizado en Educación Superior: allí hay una directa relación entre recursos asignados y capacidad de movilización y presión de los actores sociales. Esto no es de suyo criticable, sobre todo cuando se admite la elocuencia del rezago en términos de financiamiento público de este nivel educacional, cuando se observa la desventajosa situación de los estudiantes cuyo único cauce de financiamiento son los créditos financiados por la banca y cuando se reconoce que la desregulación y opacidad excesiva en que operan los proveedores, posibilitan transacciones cuya legalidad es al menos objeto de duda. Tampoco resulta criticable cuando simplemente se considera el explosivo crecimiento de la matrícula en este nivel y el claro desajuste entre los mecanismos existentes y las demandas de apoyo y soporte que dicha matrícula precisa. Por tanto, es evidente que el gobierno de S. Piñera no tuvo sino que actuar y asumir esta situación. 

Con todo, ello no lo exime de haber impulsado una agenda cuyos pilares fueron conocidos post-hoc, puesto quedó claro que el relato y visión de conjunto de sus ideas y orientaciones sobre el sistema educacional chileno no fue parte de las preocupaciones iniciales del actual Presidente. La triada "calidad-acceso-financiamiento" que luego se tradujo en la cuña "3x3" para significar que estos 3 ejes se buscarían en los 3 niveles del sistema educacional resultó tardía y no convincente. Había más bien una percepción de un gobierno cuya capacidad política no era suficiente para conducir los destinos del sistema y alinear a los actores relevantes en torno de una agenda clara y priorizada. A su favor, hay que anotar el incremento del gasto público en educación para subvencionar el servicio educativo en educación parvularia y en educación superior. En el nivel básico y medio, en cambio, poco se avanzó. Adicionalmente, se puede destacar la Beca "Vocación de Profesor" en tanto señal a la sociedad sobre la centralidad de los profesores y su formación inicial. Más allás de esto, queda una larga enumeración de medidas de administración (evaluaciones, nuevas leyes, incentivos, Liceos "Bicentenario", adecuaciones curriculares, etc.) que como tales puede ser necesarias, pero que no logran configurar una idea de reforma o transformación educativa.