Mercado y ciudadanía (F. Atria, en La Tercera)

Transcribo la columna publicada hoy por Fernando Atria, titulada "Mercado y ciudadanía":

EN 1888 se abolió el sufragio censitario y quedaron habilitados para votar todos los hombres que supieran leer. El “sufragio universal” no incluía ni mujeres ni analfabetos. Un jurista de la talla de Jorge Huneeus podía decir, en 1890, que “las razones de moralidad y de conveniencia social en que descansa (la exclusión de las mujeres) son tan obvias, que las leyes electorales de los pueblos cultos no mencionan siquiera a las mujeres entre las personas excluidas del sufragio”. 

Y hoy, sin embargo, lo que para Huneeus era tan extraordinariamente obvio, sería no sólo injusto, sino ridículo.

Esto es algo que en época de reformas es necesario tener presente: cada paso que se ha dado para ampliar la ciudadanía se ha enfrentado con oposición, una oposición que es después difícil de entender. La discusión actual sobre educación es en parte sobre cómo lo que hoy nos parece razonable, esperamos que en el futuro nos parezca ridículo. Por esto es importante entender el sentido de la reforma.

Hay dos maneras de entender la reforma. Según la primera, ésta crea un régimen especial para los recursos públicos: si el Estado financia una escuela, ésta ha de estar abierta a todos, y los recursos deben orientarse a proveer educación y no a enriquecer al sostenedor.

La segunda sostiene que se trata de la educación, no los recursos. Hoy entendemos la educación como una mercancía que se transa en el mercado, por lo que la educación a la cual cada uno puede acceder depende de los recursos (materiales y culturales) de las familias. La reforma redefine la educación como una dimensión de la ciudadanía. Como algo que es común a todos: todo ciudadano tiene igual derecho a una buena educación. 

Sólo esta segunda explicación puede justificar la reforma. Por ejemplo, no hay nada objetable en que particulares provean al Estado un bien o servicio con fines de lucro a través de Chilecompra. Si hay un argumento contra la provisión de educación con fines de lucro, éste radica en la peculiaridad de la educación como prestación y no en que es financiada públicamente. El argumento es que se trata de una prestación que corresponde a un derecho ciudadano, por lo que el que la provee no puede pretender que su utilidad es justificación suficiente para disminuir la calidad de lo provisto. La provisión con fines de lucro, por el contrario, implica que si el proveedor está dando “demasiada” calidad, entonces es legítimo de su parte disminuirla tanto cuanto pueda hasta empezar a “perder” por la fuga de “clientes”.

Pero entonces, si la educación es parte del contenido de la ciudadanía, ¿por qué la reforma no afecta a la educación particular pagada? Parte de la respuesta es que debería. Yo, por lo menos, no entiendo por qué no ampliar la exclusión de la selección y de la provisión con fines de lucro. Pero esto es sólo parte de la respuesta. Porque incluso si así fuera, la educación particular pagada seguiría sometida a un régimen distinto que el resto.

Todos los avances de la idea de ciudadanía han sido resistidos, aunque hoy los miramos y no entendemos por qué hubo oposición. El avance de la idea de ciudadanía que esta reforma significa, espera progresar con la misma lógica. Así como en 1949 nos pareció inaceptable la regla que en 1888 había sido un avance, la reforma pretende que en el futuro las diferencias entre la educación de todos y la educación particular pagada nos parezcan crecientemente injustificables, porque la educación es parte del contenido de la ciudadanía.

Si me gusta, lo creo. Si no, lo discuto o rechazo

Eugenio Tironi publicó hace algunos meses un libro titulado "Apología de la intuición. O cómo comprender el desprestigio de la democracia y la empresa" (Planeta, 2014). En uno de sus capítulos iniciales, cita al psicólogo y Premio Nobel de Economía 2002, Daniel Kahneman, quien afirma que "lo que les gusta o no les gusta a las personas determina sus creencias acerca del mundo". En un párrafo previo recurre también a Proust para decir que "los hechos no penetran en el mundo donde viven nuestras creencias". Las creencias no cambian al ritmo de las evidencias ni son refutadas por el impacto de los datos duros, ni por los hechos o realidades indesmentibles. Tironi concluye con Kahneman que eso que se llama "razón" o "acción guiada por la evidencia" es un espejismo. "Los expertos muestran los mismos sesgos que el resto de nosotros, en una forma atenuada" (Kahneman).

Lo anterior puede servir para comprender el debate de opiniones en El Mercurio, entre dos defensores de la selección escolar (Arturo Fontaine y Sergio Urzúa) y dos opositores a la misma (Alejandro Carrasco y Alfonso Donoso). Finalmente, lo que subyace en sus argumentos edificados sobre conocimiento construido científicamente no es sino aquello que creen verdadero y correcto. Las evidencias se construyen desde las creencias. Así de simple, salvo que el ejercicio indagatorio y de evaluación de evidencias dé lugar a un conflicto emocional o una disonancia cognitiva tal que remezca el andamiaje de creencias y lleve a cuestionarlo y reconstruirlo.

Similar argumento se puede dar a propósito de la opinión de H. Beyer, quien reacciona a una columna de Andreas Schleider (OECD) publicada la semana pasada en El Mercurio. El funcionario de la OECD validó las reformas que el Gobierno impulsa diciendo que son una "oportunidad única en la vida para cambiar las bases del sistema y [para] alinear los que las escuelas entregan con los resultados que tendrá la sociedad chilena". Beyer cuestiona lo dicho por Schleider señalando que el análisis de este último es incompleto, enumera algunos de los argumentos donde esta parcialidad se vería con claridad y termina por señalar que "no es evidente lo que [Schleider[ quiere decir [...] El paquete propuesto hasta ahora es un proyecto que genera más dudas que certezas". 

Como dice el título de este comentario, parecería que si me gusta lo creo. Si no, lo discuto o lo rechazo.

El 70% de los establecimientos privados subvencionados podría estar lucrando

A esa conclusión llega un informe del MINEDUC, según se indica en La Tercera; mientras que de aquellos 2.374 escuelas o liceos privados subvencionados (EPSUBV)que arriendan el inmueble, el 85% podría estar lucrando. En números, habría 4.374 establecimientos con lucro potencial (porque retiran ganancias directamente o a través de arriendos). En contraste, solo 834 establecimientos privados subvencionados no tendrían fines de lucro (14% del total).

Pese a estos primeros datos, persiste una cuota de opacidad de los mismos pues hay 1950 sostenedores PSUBV que no se identifican ni como propietarios ni como arrendatarios de inmuebles (casi un tercio del total). En éstos, habría 1460 con lucro potencial (o sea, que podrían retirar excedentes). Se identificaron además 233 sostenedores sin fines de lucro en este grupo, que es posible sean fundaciones o corporaciones que operan en propiedades cedidas por organizaciones relacionadas.

A la luz de los datos sobre aquellos que son dueños o que arriendan inmuebles, se comprende la resistencia de los sostenedores a los cambios en el régimen de propiedad y retiro de ganancias que promueve el gobierno. También se puede estimar la magnitud del problema relacionado con el financiamiento de los cambios: el 38% de los sostenedores PSUBV arrienda el inmueble y, según la iniciativa legal, deberían avanzar hacia la compra del edificio avalada por el Estado ante la banca y, en el otro grupo, el 58% de los establecimientos donde el sostenedor es dueño del inmueble debería modificar sus prácticas de retiro de ganancias y pasar a percibir un salario como administrador. 

En el caso de los EPSUBV sin fines de lucro (presumiblemente los establecimientos relacionados con la Iglesia o fundaciones), se aprecia el alcance de la posibilidad de arriendo entre sociedades relacionadas sin fines de lucro: solo el 7% de quienes arriendan el inmueble no tienen fines de lucro y se verían beneficiados por esta posibilidad. Esta sería la base de la protesta de los sostenedores con fines de lucro cuando decían que este medida solo servía para la Iglesia.

En términos más propios del mundo empresarial, estos datos servirían para reducir la incertidumbre, pero, a la vez, dejan en claro que el término de lucro alterará de manera evidente la situación de la mayoría de los actuales sostenedores PSUBV, afectando sus ingresos futuros. Este es finalmente el quid de su reclamo.

Financiamiento público contra desempeño escolar

Joseph Ramos, economista de la Universidad de Chile, publica hoy una columna donde argumenta que el término de la selección escolar no hará sino sincerar la calidad, mostrando cuál es el valor agregado que cada escuela o liceo aporta y cuánto de los resultados en rigor se deben atribuir a factores asociados al estudiante y, más precisamente, a su capital socioeducativo. Entonces, salvo el "efecto par", la eliminación de la selección "no ha de tener un impacto significativo en la calidad". 

La propuesta de Ramos es la siguiente: "si se desea que una mayor subvención escolar impacte sobre la calidad, ésta debe pagarse, no como en la actualidad, según asistencia, sino según cuánto aprenden los jóvenes. Sugeriría que todo aumento adicional en la subvención escolar sea por cuánto se eleva el resultado de Simce o PISA de cada alumno respecto a su propio Simce/PISA anterior. Recibirá más el colegio mientras más eleva los resultados académicos de sus alumnos y no el que seleccione a los que vienen con mayor capital social. Prosperarán los colegios subvencionados y, por tanto, sus docentes que lo hacen sistemáticamente bien; irán cerrando los colegios que no son capaces de mejorar suficientemente el aprendizaje de sus alumnos. Condicionar los mayores recursos fiscales a las mejoras en los logros académicos de sus alumnos, es la manera más directa y eficaz de presionar a los subvencionados a mejorar su calidad". Es decir, el financiamiento público debería hacerse contra resultados, de una manera análoga a como ocurre en empresas con incentivos al desempeño o como ocurre en el sector público donde se establecen metas institucionales, cuyo cumplimiento se traduce en un bono trimestral. 

Respecto de las escuelas y liceos municipales, la medida es similar: el aumento de la subvención debería asociarse a resultados. Si éstos no se dan, las medidas propuestas serían la re-estructuración, la remoción de directivos y autoridades, "quienes no se volverían a contratar en funciones similares por al menos cinco años. En cuanto a los docentes, un continuo pobre desempeño ameritaría poner fin a su carrera docente".

Ramos, cuyo domicilio político sin duda no es de derecha, re-abre una puerta a la gestión por resultados, la misma que los gobiernos han venido propiciando por años sin conseguir saltos relevantes en la performance escolar. Puede ser que las señales hayan sido débiles o puestas en focos incorrectos. Ramos ahora es más radical: el aumento de la subvención debería ser asociado al aprendizaje, no a la asistencia. De implementarse una medida como la que sugiere el economista, el problema seguro estará en al menos aspectos: a) la resistencia docente; y b) los riesgos de exacerbación del abuso del SIMCE y la PSU como métricas de calidad. Tal como lo señala su columna, Ramos propone una política que invita a gestionar indicadores, no necesariamente la calidad.