sábado, 15 de septiembre de 2012

Reforma educacional en España

Fuente: http://www.elmundo.es
El gobierno de Rajoy ha informado de sus intenciones de reformar la educación española, generando amplia discusión y, en particular, una ola de críticas en medios como "El país", mientras sitios como "El confidencial.com" presentan notas con argumentos a favor.

Según el sitio del MEC, el anteproyecto presentado por el gobierno tiene los siguientes objetivos:
  1. Reducir la tasa de abandono educativo temprano y mejorar la tasa de población que alcanza ESO
  2. Fomentar la empleabilidad
  3. Mejorar el nivel de conocimientos en materias prioritarias
  4. Señalizar el logro de los objetivos de cada etapa
  5. Incrementar la autonomía de los centros docentes
  6. Intensificar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
  7. Mejorar el aprendizaje de las lenguas extranjeras
El mensaje del gobierno español parte reconociendo avances en cobertura y escolarización, ayudas y situación de la mujer, para luego señalar las debilidades: resultados comparados desfavorables en pruebas internacionales, niveles de autonomía de los centros escolares que es menor que en otros países de la OECD, baja tasa de egreso en la enseñanza secundaria obligatoria (ESO), baja tasa de continuidad de estudios post ESO, baja tasa de alumnos excelentes y, finalmente, una distribución desigual de los resultados entre Comunidades.

Acto seguido, el mensaje señala otras premisas de la transformación que propone:
  • La mejora educativa debe contribuir a la competitividad y el crecimiento económico
  • La calidad educativa se mide por los resultados, no por los insumos ni recursos
  • La reforma debe basarse en promover la igualdad de oportunidades para que todos alcancen las capacidades necesarias para la inserción laboral y la posibilidad de continuar estudios
  • Los estudiantes con talento deben tener oportunidades diferenciadas, proveyéndoles trayectorias educativas adecuadas a sus fortalezas
  • La reforma debe ser gradual, sensata y sostenible
Algunas de las medidas son:

  1. Para reducir la tasa de abandono temprano y mejorar la tasa de conclusión de ESO, se propone: a) adelantar la elección educativa (tracking), de manera que -en la práctica- se deba optar por una formación profesional o el bachillerato en 3ro. ESO (secundaria inferior o CINE 2, o sea, a los 15 años de edad); b) preparar en oficios a alumnos "con dificultades de adaptación o grave riesgo de abandono escolar"; c) ofrecer programas de reforzamiento educativo en 2do. y 3ro. ESO; y d) incorporar TICs para refuerzo
  2. Para mejorar las tasas de empleabilidad, se sugiere: a) incentivar la formación profesional con cursos cortos de mínima cualificación profesional; b) desarrollar la formación dual, siguiendo la muy conocida experiencia alemana; y c) definir perfiles ocupacionales nacionales (Marco Español de Cualificaciones)
  3. Para mejorar los conocimientos en materias prioritarias y con ello los resultados en mediciones internacionales se propone: a) focalizar la enseñanza en materias como matemática, ciencias y comprensión lectora (o sea, las evaluadas en PISA), aumentando las horas de enseñanza; b) simplificar el curriculum suprimiendo materias y opciones en el bachillerato (secundaria superior o CINE 3)
  4. Para señalizar el logro en cada etapa formativa, se propone: a) definir estándares de egreso de cada nivel escolar, desde los cuales los estudiantes son evaluados con consecuencias individuales en lo que respecta al logro de objetivos (es decir, son o no promovidos; y en el caso de 3 ESO, reciben indicaciones de qué trayectoria educativa seguir según el desempeño mostrado); b) premiar a estudiantes con buen desempeño; c) implementar un sistema de informnación a las familias y la sociedad, de los resultados y niveles de logro alcanzados por los estudiantes
  5. Para aumentar el nivel de autonomía de los centros escolares, se propone: a) reservar competencias resolutivas solo a los directivos, mientras que los consejos tendrán son funciones consultivas; b) "autonomía de gestión para desarrollar acciones de calidad" (¿...?); c) autonomía de gestión sobre recursos y el personal; d) definición de un sistema de rendición de cuentas
  6. Para incorporar las TICs, se sugiere: a) diseñar planes recuperativos de materias basados en uso de TICs; y b) selección de recursos educativos digitales (sobre la base de un directorio o catálogo definido para cada Comunidad)
  7. Para mejorar el aprendizaje de lenguas extranjeras, se propone: a) promover la enseñanza del Inglés 100% en Inglés; b) formación de profesores; c) especialización de algunos centros
Semejante pliego de cambios está provocando reacciones por doquier. Una columna de Francisco Imbernón, de la UB, afirma:

La educación se asimila a ideología y las políticas educativas son políticas ideológicas, no solo en los grandes temas (religión contra ciudadanía...), sino en el currículum oculto (el determinismo social, el autoritarismo, la selección…). En realidad, más que reformas educativas son contrarreformas, hay que eliminar la herencia recibida, no importa que haya sido un intento de innovación, y además se hace sin probar su invalidez. En el sector eso genera desconcierto, desilusión, resignación y grandes acopios de paciencia.

Esta reforma responde a un modelo ideológico: recentralización, aceptar la educación diferenciada (para poder subvencionar a sus grupos de presión), eliminación de la educación de la ciudadanía y sustitución por una asignatura más afín a su ideología, la evaluación como medición, la desconfianza en el profesorado, una menor participación de los padres y madres, segregación temprana en la ESO, eliminación progresiva de la comprensividad, movilidad forzosa del profesorado (con lo que cuesta cohesionar un equipo docente)...

Este modelo defiende que el fracaso escolar se elimina con mano dura, considera la evaluación un instrumento de selección y no de mejora, quiere crear ciudadanos disciplinados que salgan bien en la foto PISA, persigue la empleabilidad y no se hace garante de una cultura y una educación para todos. Y todo ello se argumenta pero no se prueba, basta con pregonarlo.

Al Gobierno de Aznar se le quedó en el tintero y este no ha tardado en presentar su proyecto, pues considera el sistema educativo un foco de adoctrinamiento. Sin consenso ni debate, con una consulta mínima, lo peor del anteproyecto es que no construye la escuela del futuro, sino que recupera la mala escuela del pasado con alguna nueva idea interesante. A un Gobierno se le pide que anticipe el futuro. Este no es el caso, por supuesto.

A su vez, el diario "El País", en una editorial, aborda el problema de la juventud que ni estudia ni trabaja (los "ninis"), y la relaciona con las medidas propuestas:

Las reformas que prevé el borrador de la llamada Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa apenas si van a tener incidencia en este problema. El proyecto recoge fundamentalmente cambios de corte político con una clara tendencia a la recentralización de la enseñanza. El refuerzo en Lengua, Matemáticas y Ciencias está contenido y era una necesidad. Respecto a la Formación Profesional, incorpora un nuevo ciclo temprano, pero en el que persiste ese escollo de la dificultad de reengancharse. Volver al sistema de reválidas y adelantar la edad en la que los estudiantes deben elegir es una opción polémica que no garantiza la mejora de la calidad educativa, seriamente amenazada por los recortes dictados por este mismo Gobierno. Mientras en Francia se libera al sistema educativo de los ajustes del gasto público y se trabaja por contratar a 60.000 nuevos profesionales en los próximos cinco años, aquí se ha aplicado la tijera sin tener en cuenta que la educación es, fundamentalmente, una inversión productiva de la que depende la competitividad del país.

El debate recién comienza....

lunes, 10 de septiembre de 2012

Educación pública y medidas tributarias

Una crítica recurrente a quienes defienden la educación pública, es su afán nostálgico o de añoranza del Estado docente, entendiendo por éste aquel interesado en una educación uniforme, sin espacio para la diversidad, inhibidora de la libertad individual de los niños y sus familias, en búsqueda de la igualdad colectiva abstracta. En Chile, esta manera caricaturesca de plantear las cosas se ha hecho presente durante la reciente discusión de la reforma tributaria, uno de cuyos capítulos incluía un descuento a los impuestos de quienes matricularan a sus hijos en establecimientos privados subvencionados (lo que, en definitiva, fue ampliado también a las familias de los matriculados en el  sector estatal). A manera de ejemplo, un columnista de La Tercera, dijo: "La sola posibilidad que el Estado amplíe el rango de opciones de los padres, para que más personas puedan optar por el tipo de colegio que quieren para sus hijos, provoca una oposición radical en los que ven allí una amenaza a la educación estatal.  Lo más importante no son los niños, no es la calidad de la educación que puedan recibir, no es la libertad de los padres de educarlos de acuerdo con sus propias convicciones; lo verdaderamente importante para ellos es tener un sistema estatal de colegios que entregue una educación uniforme, para el mayor número de personas".  

A este respecto, sin perjuicio que algunos en efecto hayan sido movidos por su defensa de la educación estatal por la sola condición de ser estatal, la cuestión de fondo es harto más compleja. Por un lado, se trata de discutir si es legítimo que un gobierno promueva medidas que representan o favorezcan su ideario educativo; por otro, si la situación de la educación estatal es el resultado de procesos espontáneos o más bien el fruto de una larga cadena de decisiones conscientes; si las medidas como ésta son meras medidas tributarias o si, por el contrario, sus efectos exceden el plano tributario; y, por último, si efectivamente la educación pública es como la caricatura, esto es, aplastantemente uniforme, de estatuto protegido y con aversión de la diversidad y libertades individuales de niños y familias.

Respecto del primer punto, parece lógico que un grupo que accede al poder por medios democráticos, ejerza su derecho a implementar su agenda programática, toda vez que seguramente una de las razones fuertes para ser elegido por la ciudadanía, haya sido su portafolio de ideas y propuestas. Sin embargo, no es tan obvio que la educación pública sea uno de los sectores donde se puede ejercer esta opción, puesto que en la educación pública se juega algo más que el proyecto socio-político de un sector que transitoriamente gobierna. Así lo han entendido otros países, donde la política educacional es fruto de la deliberación democrática y su implementación es encargada a una entidad supra-gubernamental que intenta dar cuenta de la pluralidad de intereses sociales y concepciones educativas que cobija esa sociedad. En el caso de Chile, es del todo claro que hay visiones encontradas sobre los significados de la educación y su lugar en la sociedad, por lo que el ejercicio democrático básico es proponer medidas que generen consenso o que, a lo menos, sean debatidas ampliamente en la sociedad.

Lo anterior ha escaseado en Chile. En la década de 1980, la dictadura impuso su concepción y modelo de financiamiento y gestión del sistema educacional. En las décadas posteriores, los gobiernos de la Concertación se propusieron atenuar los efectos de la matriz mercantilista del sistema educacional, lamentablemente con poco éxito. Hubo intentos de generar consensos en 1994 y luego en 2006, pero resulta evidente que fueron poco fructíferos. Mientras tanto, implementó medidas de relativo consenso, inspiradas en su propio proyecto educativo y de sociedad. Es decir, tampoco buscó de forma constante y decidida la convergencia en torno de una idea fuerte u horizonte normativo de consenso en educación.

En el intertanto, la educación pública siguió su trayectoria de deterioro, debido a condicionantes estructurales (el diseño de la década de 1980) y debilidades de gestión.Ningún gobierno de las últimas tres décadas puede decir que se propuso recuperar la educación pública y, antes bien, la consideraron como un mero proveedor de servicios de enseñanza. Por consiguiente, el estado actual de la educación municipal (la educación pública) es una miope construcción política, un resultado de la implementación de medidas regulatorias y administrativas que no analizaron a cabalidad sus efectos deseados y no deseados sobre la educación pública.

El deterioro de la educación municipal, la educación gratuita, diversa y no excluyente, laica y de propiedad estatal, es hoy observado por todos con alarma; es igualmente advertido por las familias que ante la disyuntiva de decidir qué oportunidades educativas allegan a sus hijos, prefieren al mejor establecimiento privado subvencionado a su alcance (incluso si no es gratuito); no porque sea privado, sino porque es la mejor opción de calidad a la mano. Si este estado de las cosas se reconoce como un resultado intencionado que -no obstante- se puede revertir, no queda sino comprender que algunos se opongan radicalmente ante la posibilidad de nuevas medidas que empequeñecen lo que queda de la educación pública.

Una medida de descuento tributario de los gastos en educación es algo más que una medida tributaria. Es una traducción del modo en que es comprendida la relación entre la sociedad, la escuela y la familia. Es una medida que, sumada a otras como el copago, la selección de alumnos y el retiro de utilidades privadas que se obtienen con recursos de origen estatal, puede alterar la naturaleza de la educación pública... ¿Qué pasó en Chile en tres décadas para que hoy se acepte como "natural" que el Estado no tenga establecimientos de su propiedad y qué hace que en otros países no? Pasó que la educación dejó de ser comprendida con un bien público y un hecho político; pasó que, en cambio, comenzó a ser significada como una inversión privada cuya rentabilidad depende de dónde se invierta, en definitiva, como un simple hecho económico.

Al final, la cuestión de la homogeneidad de la educación pública ¿Es que la educación pública no tiene matices, no acoge las diferencias de orientación y proyecto educativo y, en definitiva, inhibe la opción familiar de elegir libremente qué educación se provee a los hijos? En realidad, nada de esto es cierto. El asunto puede ser discutido de múltiples formas, pero en lo esencial cabe afirmar que:
  1. La presunta homogeneidad es el resultado de la deliberación democrática que concluye en la definición de un marco regulatorio común y un curriculum nacional que sintetiza las convicciones e intenciones educativas nacional y al que todos (incluidos los establecimientos privados) deben adherir para impartir una enseñanza reconocida legalmente por el Estado. Por tanto, cuando se afirma que las escuelas estatales son todas iguales, se omite lo anterior. Oponerse a esa base de igualdad equivale a oponerse a la sociedad democrática.
  2. Se puede afirmar que el problema de la educación pública no es la falta de diversidad, sino su capacidad para contener la enorme pluralidad de intereses y necesidades educativas, lo que obstaculiza la definición y formulación de una propuesta educativa singular. El desafío de la identidad de la educación pública no es la total igualdad; es llegar a una forma pedagógicamente operativa de aquello que nos hace iguales en algo, esto es, en lo que tenemos de común y que valoramos como sociedad.

jueves, 6 de septiembre de 2012

Elección familiar y educación pública


el-roto-sobre-escuela-L-1.jpeg
En Chile, la caída de la matrícula de la educación pública comenzó a mediados de la década de 1990, se acentuó fuertemente a mediados de la década pasada, dejando de ser mayoritaria, para llegar por debajo del 40% a inicios de este año. Todo eso, mientras la Concertación gobernaba e implementaba una reforma de largo alcance que este gobierno ha continuado con escasos ajustes relevantes.

Cuando se explora las causas de lo anterior, se suele hacer referencia a la década de 1980, momento en que la dictadura impuso una reforma administrativa de la educación estatal (municipalización) y modificó la subvención estatal, generando condiciones favorables al emprendimiento privado en educación (cuestión que fue y sigue siendo defendida como la traducción operativa de la libertad de enseñanza). Sin embargo, esta medida no logró alterar el peso mayoritario de la educación pública que terminó esa década con una proporción del orden del 58% de la matrícula. Faltaban los incentivos "correctos", para usar jerga económica. Así fue que en 1994, con la introducción del copago (financiamiento compartido) y la divulgación abierta de los resultados SIMCE, se crea un nuevo escenario (de claro atractivo para los sostenedores de establecimientos privados subvencionados) que se traduce en una baja del 5% de la matrícula municipal en esa década, traspasada en gran medida a los establecimientos privados subvencionados (aumentó del 32,4% al 35,8% su participación en la matrícula total entre 1990 a 2000). Otros factores concurrentes que se mencionan en la literatura son el Estatuto Docente (considerado un elemento que encarece y rigidiza la gestión municipal) y una de las iniciativas de reforma, a saber, la ampliación de la jornada escolar (JEC), pues habría posibilitado que los sostenedores privados mejoraran su infraestructura (y con ello su oferta) gracias al financimiento estatal.

A inicios de la década del 2000, los argumentos para explicar la baja de la matrícula de la educación pública eran mixtos: por un lado, se mencionaba factores como los citados, además de la inefectividad docente (atribuida a la mala calidad de la formación inicial docente, las condiciones de trabajo y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas); por el otro, se argumentaba que era el resultado de la preferencia familiar que, gracias a la información sobre la calidad de los resultados de las escuelas públicas y privadas, podía optar, premiando con su elección a los más competentes y sancionando a los menos eficaces (o sea, las escuelas públicas). Vale decir que, aunque con énfasis distinto, este razonamiento se hacía tanto desde el gobierno como desde la oposición de la epoca (salvo, claro está, opiniones minoritarias que ya advertían de la necesidad de una opción clara y categórica del Estado por la educación pública).

Ahora en 2012, durante la discusión de la reforma tributaria (cuyos ingresos serían destinados al presupuesto educativo), se propuso otra medida que puede acentuar este declive de la educación pública, consistente en un descuento de impuestos por gasto familiar en educación. El gobierno intentó reservar este descuento solo para familias cuyos hijos asistieran a la educación privada con copago, pero luego lo amplió al conjunto de la educación con subvención estatal (o sea, también a la municipal). La oposición aceptó este ajuste y con ello ha validado un mecanismo que seguramente afectará a la educación pública.

Chile, en síntesis, ya ha consagrando un sistema escolar donde la educación pública será minoritaria y dirigida solo a los más pobres y vulnerables en términos socioeducativos. Para los no pobres, el sistema blinda y refuerza aun más las condiciones para que sean atendidos por la educación privada subvencionada, esto es, escuelas donde la elección familiar, la selección desde el centro escolar y la competencia entre oferentes debieran actuar como catalizadores de la calidad.

En algunas regiones de España, según una nota de El País, comienza a percibirse un fenómeno que recuerda a los orígenes de la crisis de la educación pública en Chile: las escuelas públicas pierden matrícula que emigra a las escuelas concertadas, es decir, escuelas de propiedad privada que reciben subvención estatal. En Valencia, según la misma nota, se implementa también una medida pro-inversión privada: se entregan en concesión por 75 años, terrenos públicos para que se construyan escuelas concertadas. De este modo, ha dicho la Consejera de Educación, María José Catalá, se refuerza la idea de la elección familiar del centro. Si la experiencia chilena sirve de algo, quizá sea bueno prevenir a los españoles de los riesgos que este camino puede implicar...

martes, 4 de septiembre de 2012

Agencia de la Calidad de la Educación

La semana pasada fueron designados los consejeros de la naciente Agencia de Calidad de la Educación, resultante de la implementación de la LGE, al igual que la Superintendencia. Antes se comenzó la reestructuración del Consejo Nacional de Educación CNED (no concluida aún).

Como ocurrió con la Superintendencia, el MINEDUC designó a quien actuará como interinamente como responsable de la Agencia, en una práctica que parece habitual en los gobiernos: nominar como encargados transitorios a quienes luego podrían postular en condiciones ventajosas a los cargos que, según la ley, deben ser llenados por concurso público. Sin embargo, en defensa de estas decisiones de gobierno, se puede decir  que el nombramiento de alguien cercano al MINEDUC facilitaría la transición hacia la nueva institucionalidad. 

La Agencia de Calidad es un organismo especializado en la aplicación de estándares en la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes  y de la gestión de los establecimientos. También puede tener un rol en la evaluación de directivos y docentes, cuando se lo soliciten los sostenedores. Por cierto, toda estas evaluaciones servirán de base para la elaboración y difusión de informes anuales que la Agencia debe generar. Estos informes incluirán la categorización de los establecimientos según su desempeño.