Elección familiar y educación pública

En Chile, la caída de la matrícula de la educación pública comenzó a mediados de la década de 1990, se acentuó fuertemente a mediados de la década pasada, dejando de ser mayoritaria, para llegar por debajo del 40% a inicios de este año. Todo eso, mientras la Concertación gobernaba e implementaba una reforma de largo alcance que este gobierno ha continuado con escasos ajustes relevantes.

Cuando se explora las causas de lo anterior, se suele hacer referencia a la década de 1980, momento en que la dictadura impuso una reforma administrativa de la educación estatal (municipalización) y modificó la subvención estatal, generando condiciones favorables al emprendimiento privado en educación (cuestión que fue y sigue siendo defendida como la traducción operativa de la libertad de enseñanza). Sin embargo, esta medida no logró alterar el peso mayoritario de la educación pública que terminó esa década con una proporción del orden del 58% de la matrícula. Faltaban los incentivos "correctos", para usar jerga económica. Así fue que en 1994, con la introducción del copago (financiamiento compartido) y la divulgación abierta de los resultados SIMCE, se crea un nuevo escenario (de claro atractivo para los sostenedores de establecimientos privados subvencionados) que se traduce en una baja del 5% de la matrícula municipal en esa década, traspasada en gran medida a los establecimientos privados subvencionados (aumentó del 32,4% al 35,8% su participación en la matrícula total entre 1990 a 2000). Otros factores concurrentes que se mencionan en la literatura son el Estatuto Docente (considerado un elemento que encarece y rigidiza la gestión municipal) y una de las iniciativas de reforma, a saber, la ampliación de la jornada escolar (JEC), pues habría posibilitado que los sostenedores privados mejoraran su infraestructura (y con ello su oferta) gracias al financimiento estatal.

A inicios de la década del 2000, los argumentos para explicar la baja de la matrícula de la educación pública eran mixtos: por un lado, se mencionaba factores como los citados, además de la inefectividad docente (atribuida a la mala calidad de la formación inicial docente, las condiciones de trabajo y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas); por el otro, se argumentaba que era el resultado de la preferencia familiar que, gracias a la información sobre la calidad de los resultados de las escuelas públicas y privadas, podía optar, premiando con su elección a los más competentes y sancionando a los menos eficaces (o sea, las escuelas públicas). Vale decir que, aunque con énfasis distinto, este razonamiento se hacía tanto desde el gobierno como desde la oposición de la epoca (salvo, claro está, opiniones minoritarias que ya advertían de la necesidad de una opción clara y categórica del Estado por la educación pública).

Ahora en 2012, durante la discusión de la reforma tributaria (cuyos ingresos serían destinados al presupuesto educativo), se propuso otra medida que puede acentuar este declive de la educación pública, consistente en un descuento de impuestos por gasto familiar en educación. El gobierno intentó reservar este descuento solo para familias cuyos hijos asistieran a la educación privada con copago, pero luego lo amplió al conjunto de la educación con subvención estatal (o sea, también a la municipal). La oposición aceptó este ajuste y con ello ha validado un mecanismo que seguramente afectará a la educación pública.

Chile, en síntesis, ya ha consagrando un sistema escolar donde la educación pública será minoritaria y dirigida solo a los más pobres y vulnerables en términos socioeducativos. Para los no pobres, el sistema blinda y refuerza aun más las condiciones para que sean atendidos por la educación privada subvencionada, esto es, escuelas donde la elección familiar, la selección desde el centro escolar y la competencia entre oferentes debieran actuar como catalizadores de la calidad.

En algunas regiones de España, según una nota de El País, comienza a percibirse un fenómeno que recuerda a los orígenes de la crisis de la educación pública en Chile: las escuelas públicas pierden matrícula que emigra a las escuelas concertadas, es decir, escuelas de propiedad privada que reciben subvención estatal. En Valencia, según la misma nota, se implementa también una medida pro-inversión privada: se entregan en concesión por 75 años, terrenos públicos para que se construyan escuelas concertadas. De este modo, ha dicho la Consejera de Educación, María José Catalá, se refuerza la idea de la elección familiar del centro. Si la experiencia chilena sirve de algo, quizá sea bueno prevenir a los españoles de los riesgos que este camino puede implicar...