El sector Educación bajo el estallido social y la pandemia

Se ha publicado un nuevo volumen del Barómetro de Política y Equidad que edita la Fundación Equitas y Ediciones SUR. Se trata del Volumen 17, titulado "Chile en cuarentena. Causas y efectos de la crisis política y social". El capítulo dedicado al análisis del sector Educación es un trabajo en coautoría con Luis Edo. González y Óscar Espinoza y se puede descargar en el mismo sitio o acá.

Comparto ahora la introducción:

Desde la primavera de 2019, Chile vive momentos excepcionales. La revuelta de octubre de 2019 provocó la eclosión de problemas sociales y políticos de lenta incubación que, sin embargo, eran de sobra conocidos y recurrentemente denunciados por técnicos y políticos de sensibilidad diversa. Frente a ellos, a regañadientes y mirando por la ventana las protestas sociales, la clase dirigente convino en un itinerario de solución que culminaba en abril de 2020 con un plebiscito para decidir la elaboración de una nueva Constitución Política. Con este horizonte, entre octubre de 2019 y marzo de 2020, el país vivió en ascuas, tomando posiciones y precauciones. La actividad social y económica se desplegó primero con timidez y luego con progresiva confianza hasta que la COVID-19 alteró el rutero. Ahí, desde que se (re)conoció el primer contagio y hasta mediados de mayo, el gobierno destilaba un extraño optimismo que luego debió archivar para admitir que la emergencia sanitaria era de una magnitud impensada por ellos y que, consecuentemente, el diagnóstico se había quedado corto y también las estimaciones epidemiológicas y la estrategia de solución. En efecto, según pasaban las semanas, la crisis del sistema de salud no solo escaló en contagios y muertes; además se acompañó de crisis de alimentos, actividad económica, empleo, seguridad social, transporte, vivienda y educación. El cierre forzado de entidades públicas, empresas, comercio, instituciones de educación superior y escuelas paralizó toda actividad, desnudando la fragilidad nacional para encarar una crisis sistémica y, al mismo tiempo,  puso de relieve las grietas y debilidades del modelo institucional nacional instalado en dictadura y vigente con correcciones: en breve, un país todavía con importantes grados de desigualdad, fragmentación e injusticia social y económica. 

La relación entre educación y sociedad es bidireccional: la educación puede ayudar a construir un país más desarrollado, inclusivo y cohesionado, pero para ello requiere que antes se garantice una plataforma de bienestar, oportunidades, recursos y disposiciones personales que en estos diez meses ha sido puesta en duda. Con ocasión del estallido social y con la aparición de la pandemia se han agudizado las desigualdades en el sistema educacional chileno. Dicho más claro, el agudo deterioro de las condiciones sociales mínimas necesarias para que los procesos educativos se desarrollen, está afectando seriamente la probabilidad de que las instituciones educativas cumplan su promesa con la sociedad. El país, como buena parte del mundo, vive una auténtica emergencia educativa, cuyos efectos son visibles en el día a día y en las consecuencias futuras asociadas a la interrupción prolongada de las actividades pedagógicas y al desmoronamiento de la débil estructura de oportunidades y activos que contenía o retenía a niños y jóvenes en escuelas, liceos e instituciones de educación superior. En efecto, con las instituciones cerradas o solo funcionando virtualmente en el caso de las universidades y colegios, el aprovechamiento de las oportunidades y el desarrollo de capacidades de distinto orden (cognitivas, sociales, actitudinales) quedan entregadas a la suerte de cada uno y, sobre todo, a las condiciones y recursos que provee el hogar y las redes familiares. Todo ello ha contribuido a una mayor profundización de la desigualdad y la injusticia socioeducativas. 

Dada la dinámica y novedad de la pandemia COVID-19, sobra decir que todo lo que se escriba tiene una vigencia fugaz. Sin embargo, no cabe afirmar lo mismo respecto de la crisis y descontento con la matriz sociopolítica que llevó al movimiento de octubre y su correlato en educación. Hay ecos o resonancias de los rasgos y tensiones estructurales que exacerban los efectos del cierre de escuelas, liceos e instituciones de educación superior. En efecto, la crisis social activada en octubre pasado reavivó las discusiones estructurales del sistema educativo, incluyendo la difícil convivencia de narrativas y regulaciones de dos almas: de un lado, el cuasi mercado, el aseguramiento de la calidad y la accountability como racionalidades de políticas y gestión; del otro, la perspectiva de la educación como derecho; el currículo y la experiencia educacional pertinentes; la participación y la convivencia democrática.

A su turno, la pandemia, en muy poco tiempo, desveló la realidad social de escuelas, liceos e instituciones de educación superior que reciben estudiantes de escasos  recursos, poniendo en evidencia la precariedad de la infraestructura y recursos tecnológicos en establecimientos, hogares y territorios, la debilidad de capacidades docentes para la enseñanza en entornos virtuales de aprendizaje y la inconsistencia de todos los supuestos de gestión de la enseñanza y de organizaciones educativas con las exigencias sanitarias acordes a las condiciones actuales. 

Por otro lado, se aprecia que la gestión del Ministerio de Educación (MINEDUC) y la experiencia cotidiana de la realidad socioeducativa, no han dialogado con facilidad. Para el Ministerio de Educación, la prioridad ha sido la continuidad de la implementación curricular, la preservación de los procesos que concretan la normativa y las políticas a las que adhiere ideológicamente (basta recordar la insistencia ministerial para aplicar las pruebas SIMCE tanto en noviembre pasado como durante este año) y ahora último la restauración de las clases presenciales como un factor crítico para el restablecimiento de la actividad económica del país. Para las instituciones educativas y los docentes, por su parte, el foco ha estado en mantener el vínculo con los estudiantes y sus familias, mitigando los costos financieros, afectivos e instruccionales de la interrupción en los procesos formativos. Las escuelas, por ejemplo, se han convertido en lugares de recaudo y reparto de ayuda; mientras que las maestras y funcionarios se han transformado en trabajadores sociales y terapeutas. En esta misma línea, las universidades han comprometido apoyos de distinta índole, a la población, en especial en las áreas de la salud e ingeniería. 

Por lo anterior, el análisis y comprensión de la realidad educativa nacional en tiempo de crisis social y pandemia recomienda distinguir dos conjuntos de variables: a) los factores inerciales o de trayectoria del sistema educativo; y b)  los factores de gestión y proyección del sistema educativo en pandemia como acontecimiento disruptivo de gran magnitud. Del mismo modo que es simplista atribuir la totalidad de los problemas actuales del sistema educativo a los factores inerciales (estructurales e históricos); también lo es negar su influencia afirmando que ningún país ni gobierno estaba preparado por una pandemia de este calibre y que por eso lo que ha pasado ha sido inevitable. En ese contexto, el presente capítulo tiene el propósito de indagar en torno a los efectos del estallido social y la pandemia, junto con visualizar futuras tensiones para el sector educación.