El proyecto de ley que crea el Sistema de Educación Pública (conocido como "de desmunicipalización") fue presentado el 2 de noviembre y rápidamente comenzaron las críticas y comentarios. Desde políticos de derecha, las primeras opiniones apuntaron a la re-centralización y al traspaso del servicio educacional (y los establecimientos- desde los municipios a los nuevos Servicios Locales de Educación (SLE), materia donde el proyecto señala que este traspaso será "por el solo ministerio de la ley", lo que implica que no habrá compensaciones ni resarcimiento de inversiones que eventualmente los municipios hayan realizado hasta ahora.
Otras opiniones desde el mismo sector han destacado que el proyecto flaquea en donde más importa, esto es, en el fortalecimiento de capacidades y autonomía de los establecimientos y directores. En contraste, también se ha mencionado que el proyecto amplía hasta un 50% la posibilidad de selección por mérito académico en liceos emblemáticos (llamados en este proyecto como "establecimientos de especial o alta exigencia académica"), pues los faculta a implementar un sistema de admisión adicional al común establecido en la Ley de Inclusión (ley 20.845), donde se señala que se puede seleccionar hasta el 30% de sus cupos o vacantes, lo cual -a su turno- ha sido criticado por parlamentarios comunistas.
Desde una esquina crítica alterna, José Brunner plantea una lectura de clara disconformidad con el proyecto, al que acusa de enfatizar la reestructuración del aparato administrativo de la educación pública (la que califica de "esquema burocrático engorroso") y no abordar el problema desde la perspectiva de la efectividad y calidad de la educación municipal, preguntando si acaso "no estamos frente a un diseño burocrático que limita y reduce las
dimensiones de liderazgo, profesionalismo y gestión que los colegios
necesitan para mejorar su efectividad y el clima de aprendizaje para sus
alumnos, [...con] el riesgo de achatar el rol, las atribuciones y responsabilidades del
director de colegio o liceo, dejándolo atrapado en una enmarañada red de
controles, demandas, presiones e instructivos que fácilmente pueden
paralizarlo".
En una perspectiva más constructiva, hay opiniones como la de Hernán Hochschild, que advierten sobre la inconveniencia de reducir el proyecto a la desmunicipalización, abogando por una mirada más integral, que consistiría en una triple perspectiva: la politica (y que condensa el problema del traspaso de establecimientos públicos a una nueva institucionalidad); la propiamente educativa (¿cómo se logra que cada escuela o liceo renueve o fortalezca su liderazgo, su profesionalismo docente y su espíritu de comunidad escolar?) y la eminentemente docente, donde este nuevo proyecto converge con la reforma a la carrera docente ("los establecimientos municipales hoy atienden en los espacios de mayor
complejidad social, y la evidencia para Chile muestra que en esos
lugares las condiciones de enseñanza para los docentes son más
deficitarias, y que éstos ganan, en promedio, un 15% menos que sus pares
en otros contextos. Por tanto, fortalecer la educación pública requiere
con urgencia que el proyecto de carrera docente se mejore, construyendo
un desarrollo profesional muy significativo para aquellos docentes que
se atreven a trabajar en espacios de alta complejidad social, donde más
se necesitan").
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