A pocos días del comienzo del año escolar en España, un tribunal ha resuelto que las familias pueden argumentar objeción de conciencia para que sus hijos no cursen la asignatura de Educación Ciudadana, pese a que previamente otro tribunal había dicho lo contrario. El debate tiene sus años, como lo muestra una rápida búsqueda: el blog de J.J. Brunner ya recogía parte de la discusión en 2007; el sitio Educar en Valores compila una cantidad relevante de post y notas de prensa. Más atrás, en el año 2000, el sitio de UNESCO también recogía comentarios sobre el punto, bajo el sugestivo título: ¿son compatibles la educación y el mercado?. También el portal VIAEDUCATION dedica una incipiente sección a la materia.
En Chile, si bien desde 1990 la reforma educacional ha incorporado a su relato la cuestión de la ciudadanía, se trata de una materia poco discutida, salvo en los años recientes y ante evidencias del debilitamiento de la cohesión social y la valoración de la democracia en el contexto de economías abiertas. Así, como afirma J.C. Tedesco, una serie de indicadores está mostrando que la incorporación y el uso intensivo de las nuevas teconologías de producción puede provocar más inequidad que antes, emergiendo nuevos fenómenos de fragmentación, polarización y desigualdad social. Es decir, más crecimiento económico no implica siempre más igualdad y sí parece provocar un déficit de confianza social.
En este escenario, la educación -otra vez- es llamada a colaborar generando ciudadanía y fortaleciendo la integración social. En efecto, la educación aparece como un factor de integración desde tres perspectivas: a) provee herramientas y principios de instrumentalidad para alcanzar el bienestar material; b) desarrolla y dsitribuye disposiciones de colaboración; y c) posibilita la construcción de una narrativa nacional o al menos colectiva, donde se comparten visiones, símbolos e instituciones que sostienen y mejorar el modelo de sociedad democrática.
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