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Fuente: http://3.bp.blogspot.com/ |
Una interesante nota es publicada hoy por "El Mostrador" sobre por qué los políticos no entienden lo que quieren decir los estudiantes, una vez más masivamente movilizados. El artículo es de Alejandra Carmona y afirma que la distancia entre ambos es también lingüística y axiológica. "El lenguaje en medio de este debate también ha jugado un rol
fundamental. Y aunque todos hablen español, parece ser un español
diferente: el de la calle y el de la clase gobernante. Raúl Zarzuri,
sociólogo y director del Centro de Estudios Socioculturales, cree que la
clase política está entrampada en sí misma y en sus discursos. “Hay una
política allá arriba y hay otra que corre por abajo. Una de las
instituciones sacrosantas y otra que se hace en la calle. El cambio de
paradigma se manifiesta en que la política no se hace más en las
instituciones; y esto no es sólo físico, también es virtual. La vieja
política maneja un lenguaje análogo cuando deberían manejar un lenguaje
digital”.
Transcribo los principales párrafos del artículo de Carmona:
Educación gratuita. No hay cambios en siquiera una letra de esta
demanda que nació al calor de las movilizaciones estudiantiles de 2011.
Por eso todos los candidatos presidenciales la tienen entre sus
propuestas, aunque la mayoría con matices.
“Creo que es regresivo que quienes pueden pagar no paguen. Creo en la
gratuidad como concepto, porque creo que la enorme mayoría de los
chilenos no puede pagar”, dijo Michelle Bachelet en unas de sus primeras
intervenciones a su llegada a Chile, cerrando la puerta a la gratuidad
universal; un tema que incluso hizo que el ex presidente de la FECh,
Gabriel Boric, declarara un nuevo escenario este semana: “Creo que acá
se marca un claro quiebre con el movimiento estudiantil”, dijo el
dirigente.
“Eso es porque la transición se construyó en una esfera política muy
blindada del control externo y eso generó una cultura política
ensimismada, autista. Ahora que ha reventado un malestar se producen
estas escenas de diálogo torpe, donde se usa la misma palabra para decir
dos cosas muy distintas”, opina Carlos Ruiz, profesor del Departamento
de Sociología de la Universidad de Chile y presidente de Fundación Nodo
XXI.
Es lo mismo que cree Andrés Fielbaum, presidente de la FECh, quien
sostiene que la política tradicional ha gobernado en los últimos 23 años
dentro de concepciones básicas donde el Estado ha tenido un rol
subsidiario. Donde lo privado ha sido eficiente y el lucro, su principal
motor. “Cuando uno dice que hay aspectos de la vida que no están
sujetos al dinero, como la educación, ellos lo entienden como fin al
lucro con fondos públicos. No entienden que la educación es un derecho y
los derechos son irrenunciables”, dice.
Para los jóvenes que lideran las demandas y salen hoy a la calle a
marchar, el “pacto” entre la derecha y la Concertación se funda en
elevarse a condición sagrada, por tanto incuestionable, en base a la
desarticulación social y subsidio estatal. “Por eso queda ‘fuera’ de los
debates aceptables. Se pasa a ser ‘poco serio’ o ‘fumador de opio’, en
palabras de Camilo Escalona. Entonces, cuando un movimiento social se
propone cambiar las cosas, esta gente no lo entiende”, suma argumentos
Francisco Figueroa, ex vicepresidente de la FECh.
Después de los anuncios de Bachelet en educación y reforma tributaria
para financiarla, el oficialismo salió a pegar: “A propósito de la
propuesta de la candidata socialista, el Presidente Sebastián Piñera sí
hizo una reforma tributaria en educación, en la dirección correcta”,
dijo el presidente de la UDI, Patricio Melero, poniéndose en un lugar
que hoy tampoco entiende el nuevo escenario: derechas e izquierdas, como
tradicionalmente ha sido entendido el concepto.
El historiador Gabriel Salazar cree que la clase política chilena, es
decir la “profesionalización de representantes”, ha reproducido una
práctica endógena de política civil.
“Tenemos estirpes de políticos: los Lagos, Errázuriz, Zaldívar,
Alessandri… Esta clase política ha desarrollado una cultura endogámica
que se ha expresado en un lenguaje típico, ligado a la ley, demagógico,
de irritación frente a actitudes de la ciudadanía cuando no respetan su
condiciones de políticos”, dice Salazar y da ejemplos: “Lo hemos visto
cuando Escalona o Zaldívar y otros políticos han reaccionado con
dignidad herida cuando se les ha exigido que adopten ciertas conductas,
como el intento de reforma tributaria el año pasado. Los políticos se
indignaron porque la ciudadanía les exigía… entonces ellos dijeron que
sabían lo que hacían… Eso implica que hay un círculo de personas, un
estamento, que tiene una cultura endógena”, destaca Salazar.
Ernesto Treviño, director del Centro de Políticas Comparadas en
Educación de la U. Diego Portales, suma argumentos al debate: “Dado el
diferencial de honestidad en el diagnóstico, a veces se escuchan
argumentaciones de los políticos que son inverosímiles y no convencen a
la mayoría de la población. Para mi gusto este desprecio por la
inteligencia de la población es lo que ha llevado a la clase política a
la debacle de la legitimidad. Ellos siguen repitiendo que se requieren
partidos para gobernar, pero lo que no dicen es que los partidos deben
generar confianza en que están actuando en pos de las necesidades del 95
% de la población, y no del 5 % que es super-rico”.
La educación es un derecho se leerá en las pancartas que crucen hoy
la Alameda y que lleguen hasta la estación Mapocho, pero los derechos
tampoco han sido entendidos de esa forma, según Carlos Ruiz, y eso, para
él, tiene una explicación: uno de los grandes silencios de la
transición es el tema de la anulación de derechos sociales universales
que se produjo durante la dictadura. “Es un estadio que nos hace
responsables de derechos sociales y sólo los atiende en tanto los
focalice. O sea, ‘en educación atenderé a tales, en términos de vejez a
estos otros’… Esa desaparición de derechos la esquiva la política en
términos de discusión. Pero ahora se dice ‘no quiero bono, quiero
derechos’ y eso significa romper uno de los marcos más duro que existen
con el modelo de desarrollo”.
Ruiz enfatiza que ese consenso en el que vive la clase política no ha
sido discutido con la ciudadanía y el sistema económico construyó un
Estado ante el cual la misma ciudadanía no tiene ni un derecho.
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