Políticas educativas de izquierda y derecha (2)

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Las soluciones de mercado a los asuntos públicos son parte de los elementos fundantes de las políticas de gobiernos de derecha. Un ejemplo de esto es la autorregulación que los oferentes de un determinado servicio o prestación deberían operar, aplicando mecanismos de provisión de información para guiar el mercado sobre las preferencias y valoración de la población, de modo tal que la competencia se ordene. Otra solución de mercado sería que la regulación se base en agencias privadas que acrediten o certifiquen calidad, tal como ocurre hasta ahora en el sistema de educación superior chileno, donde las agencias de acreditación de carreras son privadas, compiten entre sí y pueden ofertar sus servicios libremente, todo sobre el supuesto que se trata de unidades dotadas de un conocimiento y experticia mayor que aquel disponible en el Estado dado que están conformadas por profesionales provenientes del mismo entorno que supervisan. A fin de cuentas, ¿quién conoce mejor una práctica o una institución que aquellos que trabajan y tienen intereses en ellas?

Algo más borrosa en su clasificación es la política de aseguramiento de la calidad. El concepto es simple: corresponde al Estado garantizar que las entidades públicas y privadas satisfagan un determinado conjunto de criterios de organización y gestión, además de aquellos requisitos normativos elementales. Es decir, el Estado debe determinar un estándar o parámetro de calidad y velar porque éste se cumpla. Para ello, dispone de tres herramientas básicas: el control-evaluación-información; el apoyo y los incentivos. En el control-evaluación se inscribe la simple fiscalización, la supervisión, los reglamentos y la evaluación basada en los estándares (cuyos resultados serán luego divulgados a la sociedad) conducente a la rendición de cuentas (accountability). En el apoyo están todas las iniciativas de acompañamiento, capacitación y recursos que se proveen a las entidades para que alcancen y mantengan un funcionamiento a la altura de los estándares o criterios definidos antes. Por último, los incentivos constituyen un mecanismo alternativo que no castiga una actuación no deseada (como es el caso de la norma o regla jurídica), sino que alienta a las organizaciones a adoptar aquellas prácticas alineadas con los parámetros.

¿Qué hace que una política de aseguramiento sea más representativa de un gobierno de derecha o de izquierda? La clave está en la definición y despliegue de los criterios o estándares. Consistente con su ideario, una política de derecha tenderá a establecer estándares considerados mínimos exigentes, pero mínimos al fin. Serán estándares formulados de modo tal que no inhiban la iniciativa individual ni la  autonomía de las organizaciones educativas; serán estándares que demarquen con claridad lo permitido y lo prohibido en el juego, serán estándares que a la larga validen dichas reglas y los resultados y las posiciones que los actores allí alcancen.

En contraste, un política de izquierda probablemente promovería un estándar si no más exigente, al menos concebido no para delimitar lo permitido y lo deseado en el juego, sino lo mínimo necesario para un sistema escolar inclusivo y una escuela justa. Una noción esencial acá es la de "umbrales educativos garantizados": el sistema de aseguramiento es también un sistema que debería posibilitar que las entidades educacionales provean una educación de calidad para todos, lo cual viene a ser parte de un "piso de inclusión y desarrollo humano", como dijera la Fundación Nacional de la Pobreza, en 2009. La tríada "control/evaluación-apoyo-incentivos" también formará parte del instrumental, pero probablemente relevará con singular fuerza la provisión de recursos y el dispositivo de asesoría orientada a la generación de capacidades. La evaluación sistemática, a su vez, será parte del proceso de control pero se regulará la divulgación de sus resultados, puesto que se opera con la premisa que los resultados están fuertemente condicionados por el contexto y la estructura de oportunidades, activos, recursos y capacidades de gestión. Difundir resultados sin esta prevención, será visto con una responsabilización injusta.

Por otra parte, se puede postular otra distinción entre políticas de izquierda y derecha en el sector educacional: visto desde la derecha, allí donde la ley intenta traducir el derecho a la educación imponiendo obligatoriedades (por ejemplo, consagrar niveles escolares en los que el Estado debe garantizar el acceso y prohibir determinados mecanismos segregatorios a los privados), la libertad de enseñanza (entendida como la entiende la derecha en Chile, a saber, como libertad para emprender o crear establecimientos educacionales) debe ser lo más amplia posible; por lo mismo, las barreras de entrada serán bajas. Pero donde no exista una concepción de la educación como derecho social y, por consiguiente, donde no haya obligatoriedad en la provisión, como es el caso de la educación parvularia y la educación superior en Chile, la política pública debe marcar estrictamente las barreras de entrada para que los actores privados participen proveyendo el servicio. Una vez zanjado este punto, los actores privados pueden actuar libremente y, en paralelo, el Estado implementará un sistema de aseguramiento de la calidad.

Dos ejemplos de esta forma de comprender el rol del Estado y su equilibrio con el rol de los individuos y entidades privadas son las iniciativas legales de reforma al sistema de aseguramiento de la educación superior y la reciente propuesta de ordenamiento de la oferta en la educación parvularia.