Políticas educativas de derecha e izquierda (1)

Fuente: http://www.senalar.com.ar

¿Hay diferencia entre políticas de izquierda y derecha en Educación?, ¿el gobierno actual está implementando las políticas esperadas según su sello ideológico o se ha alejado de su ideario? En el caso chileno, ¿qué ha sido más propio del gobierno de derecha: el programa original o las medidas que la realidad sociopolítica y educativa le ha obligado a gestionar?, ¿hay diferencias sustanciales entre uno y otro conjunto?, ¿tiene sentido esta discusión?

Si se revisa la gestión del MINEDUC chileno se verá que quien fuera el primero de sus ministros (Joaquín Lavín) mostró apego a la agenda original (el programa) e imprimió un sello rimbombante a la mayoría de sus anuncios e iniciativas (basta recordar el "semáforo" como cartilla que informaba a las familias los resultados de las escuelas en pruebas nacionales estandarizadas; también el "contrato de honor" que las familias de establecimientos subvencionados debían firmar en señal de compromiso con la educación de sus hijos; los llamados "liceos de excelencia" como espacio de oportunidades para los más pobres y, por último, los reiterados anuncios de mega-reformas que a poco andar hubo que archivar). El segundo de los ministros (Felipe Bulnes) asumió justamente por la fuerza de los hechos y señales de la sociedad (reflejadas en las movilizaciones de 2011) que impusieron una agenda centrada en el financiamiento y regulaciones de la educación superior, postergando -al menos comunicacionalmente- la visión de una reforma sistémica y sistemática de la educación en todos sus niveles. El ministro actual (Harald Beyer) ha continuado atento a las señales del país (y del mercado, dirían algunos más ácidos) y ha procurado dar respuesta a las demandas de los movilizados (agenda corta de más becas y apoyos financieros para cursar estudios superiores, re-estructuración de los procesos de aseguramiento de la calidad, aplicación de la ley en ciertos casos de flagrante infracción a la normativa de prohibición del lucro), al tiempo que avanza en políticas de agenda larga, anunciando y/o ejecutando medidas en la educación parvularia (aumento de subvención), la educación técnica (?), la formación docente (estándares de formación), la gestión directiva de escuelas y liceos (plan de formación de directivos, ley 20.501 de calidad y equidad) y la regulación global del sistema escolar (Agencia de Calidad y Superintendencia de Educación). Todo esto, no obstante, sin lograr dar una imagen de agenda clara, con prioridades y con perspectiva nacional; más bien se ha construido la imagen de una agenda recargada, contingente y dispersa.

Para no pocos, las políticas educativas de este gobierno han sido de continuidad, es decir, han mantenido la dirección de los cambios que los gobiernos de sello socialdemócrata iniciaron hace ya 2 décadas. Esta relativa invariabilidad de las políticas ha servido para que algunos digan que este gobierno ha terminado por reconocer que las políticas de sus antecesores eran y siguen siendo correctas; y también han posibilitado que se afirme que esta continuidad de políticas muestra que la reforma educativa socialdemócrata iniciada en 1990 terminó siendo una reforma propia de gobiernos de derecha. Un tercer argumento es que en realidad la educación no puede sino ser objeto de una política de continuidad y cambio gradual, basada en la evidencia de las mejores prácticas de aquellos países de buenos resultados y alto desarrollo económico. Se impone, por tanto, un pragmatismo o hiper-realismo que aconseja mantener aquello que da frutos, incorporar aquello que los optimiza y abandonar lo que no funciona, todo visto desde la cruda mirada comparada de evaluaciones basadas en estándares. Ni izquierda y derecha, entonces, solo políticas que funcionen.

Pese a estas convergencias conyunturales en términos de contenidos y soluciones, resulta obvio que izquierda y derecha históricamente tienen distintos idearios y principios que señalan domicilios y soluciones políticas distintas. En el caso de la educación, no cabe duda que la relevancia del principio de subsidiaridad del Estado y la focalización de políticas en grupos pobres o de alta vulnerabilidad señalan diferencias, tal como lo hacen las fórmulas de gestión centradas en la acción estatal protagónica o las basadas en regulaciones mínimas y mecanismos de mercado (incentivos y competencia entre oferentes, información y libre elección entre demandantes). Detrás o debajo de estas opciones están los valores y fines de uno u otro sector. Se dice que la izquierda prioriza la igualdad y la integración social, mientras que la derecha pone en primer lugar la diferencia y con ella la libertad de cada uno. Pero la derecha también reclama del Estado el orden (especialmente la certidumbre de la igualdad de trato y la estabilidad de las reglas del juego) y el respeto a la propiedad (lo que es diferente y de cada uno). La izquierda, a su turno, pone en la acción estatal la principal responsabilidad en la construcción de la igualdad y una sociedad justa, así como la promoción y cumplimiento efectivo de una base de derechos comunes para todos porque la igualdad de oportunidades y de resultados no se produce espontáneamente y es exigible al Estado.

De lo anterior se puede desprender que la clave para discernir si las políticas son de izquierda o derecha es la estatalidad o, en palabras más simples, el rol y tamaño asignado al Estado. El qué y dónde más o menos Estado en las políticas educativas hace la diferencia: ¿qué funciones del Estado se pueden transferir a privados y cuáles son más eficazmente resueltas por aquél?, ¿cuánta educación pública es necesaria?, ¿quién evalúa y controla más efectivamente a los docentes?, ¿quiénes apoyan mejor a las escuelas?, ¿quén debe financiar el servicio educativo?, ¿quién lo administará mejor?, ¿quién supervisa mejor a los proveedores?, ¿quién puede forzarlos a cumplir con la normativa?, ¿quién puede informar mejor a las familias sobre los resultados educativos?, ¿quién puede decidir mejor las estrategias de enseñanza?, ¿quién define los aprendizajes que son relevantes en la sociedad actual o la futura? En definitiva, cuánta intervención e incidencia estatal y cuánta del mercado y los individuos. Esa -ni más ni menos- es la diferencia entre uno u otro sector.

Polarizando este argumento de las posiciones, la derecha tiende a impulsar políticas de Estado mínimo o minimalista, salvo en el ámbito de la preservación del orden, las certezas y el apego a las reglas del juego. Esto que parece intervencionista y que podría reflejar políticas de izquierda, es esencialmente de derecha cuando se asume un escenario de amplia libertad para los individuos, cuya viabilidad y preservación depende precisamente de la legitimidad social entendida como la aceptación social de las posiciones que resultan del intercambio entre actores que se presume operan en igualdad de condiciones y oportunidades. Las posiciones y la movilidad socioeducativa, por tanto, no serían fruto de las ventajas de origen, sino del mérito y las naturales diferencias de capacidades de los actores en juego. Estos actores, a la vez, serán apoyados directa e indirectamente por el Estado cuando las diferencias de contexto y recursos sean obstáculo para entrar al juego en igual de oportunidades (desde aquí pueden comprenderse las nuevas políticas de becas y créditos en educación superior para los grupos más pobres). Esto es lo que justifica las políticas focalizadas: su vocación es igualar los puntos de partida en términos de recursos y posibilidades, asumiendo que la ecuación "recursos+posibilidades" será igual a más capacidades. Por último, las políticas de derecha enfatizan la búsqueda del beneficio privado y la importancia de los incentivos como motor de la acción individual: así, los docentes y directivos se esforzarán más o menos según la persuasión de los incentivos y los beneficios o perjuicios que ellos impliquen. En síntesis, la cuestión para la derecha no es la negación o ausencia del Estado, sino qué tipo de Estado es más adecuado para que los individuos desplieguen sus proyectos con amplia libertad en igualdad de oportunidades.