Tensiones en el sistema escolar

Fuente: http://reflexionesrafaolalde.blogspot.com

Estas semanas, la discusión nacional ha estado centrada en la incidencia que la reforma tributaria tendría en el sistema escolar. Más concretamente, en el efecto segregatorio que tendría una de las medidas propuestas dentro del ajuste tributario y que consiste en una devolución del gasto familiar realizado en educación, pero para aquellos contribuyentes que hayan hecho ese gasto en la educación privada con subvención estatal y copago familiar (es decir, con financiamiento compartido). Salta a la vista que la medida es de difícil digestión para la mayoría, pues excluye del beneficio a todos quienes no hagan el gasto en la educación privada subvencionada. Genera rechazo además porque es un claro incentivo a matricular a los hijos en estos establecimientos y no en los gratuitos, es decir, los públicos municipales y los privados gratuitos (escasos, pero algunos quedan).

El movimiento "Educación 2020" ha sido un activo opositor a esta franquicia tributaria, pues la entiende como un golpe de gracia contra la educación pública y como una medida que refuerza el financiamiento compartido, mecanismo cuyos efectos en la cohesión del sistema escolar y la segregación educativa han sido documentos por investigación seria y cada vez más aceptados (incluso por quienes defienden el financiamiento compartido). El mismo movimiento propició la publicación de una carta de diversos académicos que también alertan sobre las consecuencias negativas de la medida.

El Gobierno, en tanto, la defiende como parte del conjunto que representa el proyecto de reforma tributaria y señala que es un error atacar este descuento tributario sin considerar el paquete de cambios, unos para aumentar la recaudación y otros para beneficiar a cierto grupos (entre ellos, la clase media, según argumenta).  Es decir, en la opinión del gobierno, este beneficio para algunos debe ser aceptado para conseguir los recursos que la mejora de la educación necesita. Por cierto, el argumento no convence a muchos, pues entienden que el eventual aumento de recursos para la educación pública irá acompañado con el fortalecimiento de la educación privada subvencionada.

Cuesta comprender la tozudez del gobierno al respecto. Parece evidente que los beneficios de la medida serán menores que sus implicancias simbólicas y materiales, es decir, el descuento (que se ha estimado en $ 100.000 anuales por hogar, es decir, cerca de $ 10.000 mensuales como máximo) es irrelevante al lado del mensaje que se envía al sistema escolar y, en particular, a los sostenedores y familias. En síntesis, el incentivo es a matricular alumnos en establecimientos privados subvencionados básicos o medios con copago; la renta de las familias será cada vez más el criterio discriminante; la educación pública, por su parte, verá cómo sigue acentuándose la baja de matrícula, ratificando que su "target" son los pobres que no pueden pagar. Educación que excluye, sin más.