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En un programa de televisión local, un panelista argumentó que el problema de los tomas era que no se podía discutir el fondo del asunto (el "qué") si se apelaba a medios reprobables como las tomas. Es decir, las tomas desvían la atención desde el "qu"é hacia el "cómo". Lo cual es cierto, al menos desde el punto de vista de los medios y de los actores que corrientemente hacen uso de la prensa para expresar sus puntos de vista o defender sus intereses. Para el gobierno, por ejemplo, las tomas tienen el "mérito" de evitarles legitimar a los estudiantes como interlocutores válidos en la discusión de las reformas estructurales del sistema educativo y, de paso, le permite aparecer como defensor del orden y la propiedad, dos de los bienes más queridos por la coalición gobernante.
En realidad, al gobierno le acomoda la discusión de los medios o los "cómo". Durante este último año, ha mostrado sentirse a gusto con la estructuración del sistema educacional, menospreciando el debate sobre la narrativa del mismo (los fines, los valores y razones por las cuales vale la pena que la sociedad aborde la educación). Todas las medidas anunciadas, en discusión legislativa y las implementadas son formas de perfeccionar lo actual, sin modificar sus cimientos. Más aun, las razones del gobierno se traducen en soluciones que refuerzan los andamios actuales, mientras que otros contemplan cómo estos cimientos han significado un notable deterioro de la educación pública y una devaluación sustantiva del valor y legitimidad social de la acción pública en la educación. Para muchos, este es el fondo de la discusión no abordada: cuál es el sentido social de la educación y qué responsabilidad y papel tienen el Estado y los individuos en la misma. He acá la discusión que interesa al movimiento estudiantil.
Ascanio Cavallo, analista versátil y reconocido en la prensa chilena, publica hoy una columna donde propone una lectura equilibrada del conflicto reciente. Se pregunta:
¿Y cuál es el fondo de la discrepancia? Es más simple de lo que parece:
la prioridad estatal hacia la educación pública versus la confianza en
la capacidad del mercado para favorecer a las instituciones que
privilegien la calidad. Los estudiantes creen que el gobierno desea
reducir y hasta eliminar la educación pública. Y los especialistas que
los respaldan identifican cuatro “agresiones” contra ella en poco más de
dos años de gobierno: 1) el proyecto de los “semáforos” del ex ministro
Joaquín Lavín, que fue defenestrado; 2) la ley de calidad y equidad en
la educación, también de Lavín, que se desplomó ante la amenaza de que
muchos municipios tuviesen que cerrar sus colegios; 3) el proyecto de
carrera docente, actualmente en trámite, que aumenta las subvenciones
pero segrega sus usos entre públicos y privados, y 4) la reforma
tributaria que produce incentivos (reducción de impuestos) para los
padres que envían a sus hijos a colegios pagados.
De los últimos dos puntos, que están en debate en el Congreso, uno es de
responsabilidad del Ministerio de Educación; el otro es de Hacienda, y
no hay claridad acerca de la participación de Educación en él. No es la
única trizadura dentro del oficialismo: hay evidencia de que algunos de
sus parlamentarios no están de acuerdo con medidas que lleven a la
educación pública más abajo del 35% que tiene hoy, el porcentaje más
bajo de toda la OECD, exceptuados Holanda y Bélgica, cuyos fuertes
sistemas privados derivan de diferencias religiosas. Algo parecido
ocurre con los municipios: si la matrícula de sus colegios se desploma
al 30% o menos, las alcaldías irán a la ruina.
Es contradictorio que las tomas produzcan el efecto que quieren evitar; esto es, la huida de las familias de los colegios públicos. Es el efecto combinado del radicalismo infantilista y la frustración de contemplar acciones de gobierno que sugieren una dirección contraria a sus demandas. El infantilismo y la retórica anarquizante hacen difícil ver la lógica del movimiento. Pero cuando se leen los borradores del documento de la Cones “Compendio de demandas y propuestas estudiantiles”, que según algunas fuentes fue preparado por dos alumnos destacados del Instituto Nacional, es perfectamente claro que hay en ellas mucha más racionalidad que en los delirantes combates de las tomas y desalojos. ¿Es posible que las autoridades no encuentren en un documento como ese ninguna oportunidad para mejorar el clima? ¿No hay realmente nada que recoger o discutir?
Es contradictorio que las tomas produzcan el efecto que quieren evitar; esto es, la huida de las familias de los colegios públicos. Es el efecto combinado del radicalismo infantilista y la frustración de contemplar acciones de gobierno que sugieren una dirección contraria a sus demandas. El infantilismo y la retórica anarquizante hacen difícil ver la lógica del movimiento. Pero cuando se leen los borradores del documento de la Cones “Compendio de demandas y propuestas estudiantiles”, que según algunas fuentes fue preparado por dos alumnos destacados del Instituto Nacional, es perfectamente claro que hay en ellas mucha más racionalidad que en los delirantes combates de las tomas y desalojos. ¿Es posible que las autoridades no encuentren en un documento como ese ninguna oportunidad para mejorar el clima? ¿No hay realmente nada que recoger o discutir?
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