Fuente: http://i-qatar.com |
Desde fines de la década pasada, en Chile se fomentó la creación de servicios de asistencia técnica para las escuelas y liceos del país. Un factor clave en este impulso fue la promulgación de la llamada Ley SEP, o de la subvención escolar preferencial, que obligó a las escuelas a suscribir un convenio con el Ministerio de Educación (MINEDUC) que imponía restricciones a los dueños (cobros adicionales a las familias, prohibición de seleccionar alumnos, entre otras) y que señalaba la obligatoriedad de formular un plan de mejoramiento de los resultados escolares, financiado con los recursos adicionales que proveyó esta subvención por la matrícula de alumnos vulnerables.
Pues bien, a poco andar muchos identificaron acá una oportunidad de mejora escolar y otros tantos una oportunidad de negocios. Entonces, las mismas instituciones educativas (o sus dueños) vieron que era posible generar entidades relacionadas que proporcionaran capacitación y asistencia técnica a las mismas instituciones, con lo cual se obtenían no solo más recursos sino alguna ayuda y nuevos conocimientos.
El MINEDUC, en conjunto con el CIAE, creó un registro de asistencia técnica ATE y un sitio donde es posible consultar una especie de directorio de agencias y personas que proponen programas de asistencia técnica. Conscientes de la debilidad de esta medida, el mismo CIAE formuló criterios e indicadores para juzgar la calidad de los servicios ATE. La implementación de estos criterios, sin embargo, no ha sido suficientemente enérgica y el sistema sigue siendo más bien una propuesta.
Mientras tanto, varias empresas y personas generaron negocios por cuantiosos montos por la prestación de servicios de asistencia técnica, cuyo impacto o efectividad es una interrogante. Para profundizar esta duda, La Tercera publicó una nota donde señala que al menos 8 consultoras prestaron servicios a establecimientos de su propiedad o de personas relacionadas. "Según el análisis que realizó La Tercera, con datos solicitados al Mineduc a través de la Ley de Transparencia, entre 2008 y 2010, al menos ocho ATES prestaron servicios a colegios de los cuales eran dueños o con los que estaban directamente relacionados. Estas son: Corporación Aprender, Gestión Educacional Ltda., Innovación Tres, Grupo Educativo, Fundación Educacional Gabriela Mistral, Fe y Alegría, Rotekap y Astoreca. El monto de los servicios entregados por estas agencias a sus propios colegios supera los $ 800 millones en esos tres años".
Puede que lo anterior no sea ilegal, pero elegante tampoco es...
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