Balance del semestre (II): la acreditación

Una de las aristas del debate sobre la educación superior ha sido la validez y confiabilidad del sistema de acreditación institucional y de carreras o programas. Vale recordar que en Chile, la acreditación institucional es un proceso voluntario de análisis de la existencia, aplicación y resultados de la aplicación de los mecanismos institucionales existentes en las entidades de educación superior para asegurar la calidad, administrado por una comisión nacional (CNA), mientras que la acreditación de carreras o programas es también voluntaria (salvo para las carreras de Medicina y Pedagogía, donde resulta obligatoria) y opera mediante agencias privadas.

Fuente: http://www.usm.cl

La crítica a la validez y confiabilidad de los procesos de acreditación surge primero de forma intermitente (como en el caso de la Universidad de Las Américas) y más intensivamente luego que se conocieran casos de acreditación institucional por periodos mínimos (1 o 2 años) a la Universidad Pedro de Valdivia, la Universidad del Mar y, hace más tiempo, la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM). Junto con estos casos de difícil comprensión o justificación, se conocieron denuncias de relaciones en claro conflicto de interés entre miembros de la CNA e instituciones en proceso de acreditación. 

Hay también evidencia de relaciones fronterizas u opinables entre agencias privadas de acreditación y universidades o institutos profesionales (los más conocidos son los casos de la agencia Acreditacción, donde algunos de sus dueños son también funcionarios de la Universidad Andrés Bello, y de la agencia Akredita, pues Luis Riveros, siendo uno de los propietarios de esta agencia, también era parte del grupo dueño del Instituto Profesional Los Leones, mientras se desarrollaban procesos de acreditación).

En una línea distinta, también se critica la escasa relación existente entre los resultados de la acreditación y los resultados en evaluaciones de desempeño como INICIA, pues hay estudios que sugieren que no hay relación entre años de acreditación y puntajes logrados por los egresados de Pedagogía en INICIA.

Tal cantidad de evidencia crítica motivó a cuatro académicos a elaborar un documento donde proponen una reforma profunda al sistema de acreditación y, entre las medidas, terminar con la acreditación mediante agencias privadas para ser reemplazadas por una agencia única estatal y, en otra medida, avanzar hacia un sistema donde la efectividad de la enseñanza y los resultados de la formación aumentaran en su ponderación a la hora de juzgar la calidad de un programa o carrera. A estas propuestas se añadieron otras de rectores de CRUCH y del propio MINEDUC, que informó el envío de un proyecto de reforma legal del sistema de acreditación. Ante esto, no faltó la reacción de una agencia (Acreditacción) que, sin embargo, se limita a rebatir un par de las afirmaciones del documento académico citado al inicio de este párrafo.

Como siempre, el asunto no es fácil de resolver. Hay, no obstante, demasiados flancos abiertos en el sistema de acreditación, a saber:

1. La conformación de la CNA está basada en las sugerencias y designaciones de las propias instituciones que están sometidas a la acreditación. Hay representantes de cada tipo de instituciones y hay representantes de diversos organismos vinculados al MINEDUC o grupos académicos. Esto parece no estar suficientemente regulado.
2. Los resultados de la acreditación institucional han sido erróneamente vinculados a la obtención de ayudas estatales para los estudiantes. Esto genera una clara presión por acreditar haya o no suficientes méritos, dado que de no hacerlo los perjudicados serán los estudiantes.
3. Las agencias de acreditación son sociedades que, además de dueños, también tienen consejos integrados por académicos de instituciones que deben acreditarse. Es obvio que de suyo esto no es criticable, pero es también obvio que hay un riesgo latente de cooptación o de relaciones de interés entre estos consejos que resuelven la acreditación de carreras o programas y las instituciones que los imparten. Estos consejeros conocen en profundidad los criterios de acreditación y los elementos de discernimiento final de estos procesos y no resulta raro que también asesoren o actúen como "facilitadores" de procesos de acreditación.
4. Los pares evaluadores, esto es, los académicos que analizan los informes de autoevaluación y que luego confrontan lo registrado en estos informes mediante visitas evaluativas, son de calidad diversa y provienen de instituciones de calidad igualmente dispareja. Estos pares evaluadores también a menudo aplican su experticia como evaluadores para asesorar procesos de acreditación. Aunque no hay a priori un conflicto de interés entre ambas misiones, la cuestión es si se debe admitir que ambas prácticas se den simultáneamente.
5. Los resultados de la acreditación se han convertido en argumentos de venta o de vías indirectas para la consecución de recursos estatales (mediada por la obtención de créditos para los estudiantes que financian así sus estudios superiores). Por ello, las instituciones de educación superior destinan una importante cantidad de recursos para este objetivo, estableciendo contratos con agencias que significan ingresos significativos (basta pensar en la cantidad de carreras que imparte una universidad privada y que desarrolla los procesos de acreditación respectivos con una misma agencia).