Fuente: The Clinic, 18 de enero de 2012 |
En estas semanas, la reforma de la educación superior ha monopolizado las notas y columnas del sector en la prensa. Como siempre, un monitoreo de este movimiento se puede consultar en el blog de José J. Brunner, lo que ahorra hacer este ejercicio, salvo para complementar la selección con otras fuentes. Se debe recordar que la discusión fue abierta por el anuncia ministerial de terminar con la participación bancaria en el sistema de financiamiento estudiantil de la educación superior, con garantía estatal, pero administrado por bancos y con jugosos dividendos para ellos. En su reemplazo, el MINEDUC ha propuesto un sistema integrado de financiamiento para estudiantes de educación superior que, en lo esencial, crea una entidad estatal para administrar créditos otorgados con tasa anual del 2%, a pagar por los estudiantes cuando comiencen a trabajar, en un máximo de 180 cuotas y que signifiquen un máximo del 10% de sus ingresos mensuales. Los montos a financiar se establecerán por un arancel de referencia, cuyo cálculo considerará factores tales como el nivel de ingresos futuros de la carrera, el nivel socioeconómico, la duración de las carreras y la deserción de las mismas.
La duración de las carreras es otro frente complementario señalado por el MINEDUC, que ha interpelado a los rectores de universidades del CRUCH a revisar este punto, pues en Chile éstas tienen una duración real muy superior a la media OECD. Desde el lado de los rectores, la explicación tiene que ver con las condiciones de entrada de los estudiantes, la deserción y las concepciones universitarias sobre cómo formar profesionales. Sin embargo, queda la duda sobre si algunas carreras tienen una suerte de hipertrofia artificial, como aquellos individuos que consumen esteroides. Así, el gobierno ha puesto el tema de la eficiencia interna de las universidades.
Desde el lado de quienes critican el sistema de educación superior, las medidas mejoran lo actual, pero no alteran el carácter mercantilista del sistema: el lucro sigue vigente, la educación es considerada una inversión de beneficios individuales y la gratuidad es todavía una excepción para los más pobres. Desde otra vereda, las medidas deben ser completadas con dispositivos para una mejor información sobre la efectividad de las instituciones y carreras, a objeto de sancionar a las instituciones ineficientes y mejorar/cerrar las carreras cuya rentabilidad es menor a la esperada.
Estas y otras opiniones han activado la discusión sobre la educación superior, pero a la vez la han confundido y hasta simplificado. La han confundido y simplificado porque parece una discusión sobre la educación superior y, en realidad, es una discusión sobre el financiamiento de la formación profesional en educación superior, con claro sesgo por las carreras impartidas en las llamadas "universidades tradicionales". En este sentido, es un debate sobre cómo financiar algo cuyo alcance no está claro ni acordado. La formación profesional en educación superior no da cuenta de toda la naturaleza y carácter de la educación superior, ni menos aun de la actividad universitaria.
Si lo anterior es correcto, entonces la verdadera discusión es sobre la universidad y la educación superior en Chile: qué rol juega en el modelo de desarrollo y qué papel cabe al Estado y la sociedad en esta definición de rol. Algo de esto se advertía en las opiniones de rectores y del ministro cuando se mencionaba la demanda por un financiamiento basal y la posibilidad de que este financiamiento estatal soportara el gasto en investigación que hacen las universidades. La investigación debe ser financiada por el Estado pues es un bien público, se decía. Pero parece que estos asuntos han sido olvidados en el debate actual.
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