Los problemas urgentes de la educación chilena

Los problemas que el sistema escolar presenta son diversos. En la agenda de los candidatos presidenciales se mencionan de manera parcial varios de los más importantes:

1. Calidad de la docencia, su formación inicial y en servicio, la carrera profesional, los salarios, las consecuencias del buen y mal desempeño, las condiciones de trabajo en los establecimientos, la asignación del tiempo dedicado a la enseñanza en el aula y la proporción de la jornada laboral dedicada a la preparación, reflexión y evaluación de la enseñanza. Hay acuerdo casi unánime del agotamiento del esquema actual y parece urgente revisar las regulaciones nacionales al respecto.
2. Formación y liderazgo directivo, esto es, la calidad de los directivos y equipos de gestión que conducen las escuelas y liceos. Especialmente en lo que refiere a la educación pública, existe un relativo consenso acerca de la baja legitimidad e influencia de los directivos en la acción docente y los resultados de aprendizaje; hay además una percepción de un desajuste entre tradición de la dirección escolar y demandas actuales; las normativas aparecen como obstáculos para una gestión y tampoco las políticas parecen estar siendo efectivas.
3. Sostenedores y gestión local de la educación pública: salvo excepciones, los municipios no han mostrado una voluntad y capacidades para fortalecer la educación pública y proveer un servicio educativo de calidad. Una parte del problema es de marco regulatorio y de recursos; otra no menor es de entera responsabilidad de cada gestor.
4. Ampliación de la cobertura en educación parvularia, definición del sentido y alcance de la educación inicial y mejoramiento de las condiciones y capacidades de gestión. Comparativamente, Chile muestra bajos niveles de cobertura en el tramo de 0 a 5 años, pese al discurso relativo a la importancia de un "buen comienzo". Hay debilidades en las capacidades que se pueden ver agudizadas por la propia política de aumento de la cobertura y la misma política puede estar ocasionando una sobrecarga de las actuales profesionales del nivel (porque no se cumplen los coeficientes "educadora/niños" establecidos por ley y por las recomendaciones internacionales). Existe también el riesgo de "escolarizar" la educación parvularia, sobre todo por la vía de introducir mecanismos de evaluación de los aprendizajes y de los centros educativos, basados en estándares.

Sin embargo, junto con estos focos de intervención, es indispensable abordar otros igualmente urgentes:

1. Ausencia de una política de desarrollo consistente de la educación rural, en todos sus niveles. Resulta incomprensible que un país con una cobertura casi universal en el sector urbano, aun mantenga un sistema de educación rural que en muchos territorios sólo cubre de primero a sexto año de educación básica, donde no pocos de estos establecimientos son uni, bi o tridocentes. No hay sistemas consistentes de educación parvularia ni de educación media, lo cual configura un escenario de abierta lesión al derecho a la educación y a la obligatoriedad estatal de proveer oportunidades efectivas de alcanzar los 12 años de escolaridad para todos.
2. Revisión profunda de la enseñanza secundaria que vive una crisis de sentido, calidad y pertinencia. Vale la pena recordar que el movimiento estudiantil de 2006 fue mayoritariamente una protesta por la calidad y significado de la enseñanza media y, sobre este punto, no ha habido respuesta estatal. En los últimos años. la verdadera política de enseñanza media del MINEDUC se ha reducido a los liceos prioritarios (esto es, de bajos resultados) yl apoyo a la implementación del curriculum, con poca preocupación por la cultura juvenil y la pedagogía necesaria para esos jóvenes. La modificación de los ciclos educativos que estableció la LGE abre espacios para un reforma radical de la enseñanza media que implique, de paso, discutir la vigencia de la enseñanza media técnico profesional. En principio, es indispensable escuchar a los profesores que trabajan en los liceos públicos porque evidentemente allí se condensan todas las dificultades y complejidades de la enseñanza a jóvenes, cuyas condiciones de educabilidad cada vez más remiten a elementos subjetivos o psicosociales.
3. Carencia de una política adecuada para los excluidos del sistema escolar, especialmente los jóvenes en conflicto o infractores de ley, sólo abordados desde la perspectiva criminal y de seguridad pública. No hay una concepción ni la institucionalidad de una escuela y liceo para estos niños y jóvenes. Falta discusión y propuestas sobre las necesarias adecuaciones regulatorias, los procesos, los profesionales, las estrategias, tratamientos, apoyos y salidas alternativas para quienes son rotulados como "no normales" porque su comportamiento no se ajusta a los parámetros socialmente aceptados, de forma que la educación sea efectivamente un vehículo de (re)integración social para estos jóvenes. El problema es mayúsculo y las cifras y resultados sugieren que ha sido subestimado en su complejidad porque para el periodo 1990-2002, según cifras de SENAME (2005), apenas un 5% de la población atendida por esta institución (686.265 niños y jóvenes) concluyó satisfactoriamente las etapas del proceso y sólo otro 12% superó la condición de riesgo social. De estos mismos jóvenes, y según el mismo estudio, sólo un 3% alcanzó tercero o cuarto medio y sólo un 0,3% egresó con estudios técnicos o superiores.