Mientras que La Tercera prefiere destacar un artículo de The Economist, según el cual en países pobres de África y Asia proliferan experiencias de provisión privada de educación (con fines de lucro) y, en paralelo, filántropos como Gates (Microsoft) y Zuckerberg (Facebook) apoyan financieramente a Brigde Internacional Academies, el equivalente a un sostenedor que proporciona servicios educativos a 118 mil alumnos de familias con un ingreso diario promedio de 2 dólares, en otros medios se destacan los anuncios de la Ministra de Educación sobre la gradualidad con que se implementaría la propuesta de nueva educación pública en Chile. La Tercera dice que Chile intenta lo opuesto a esas experiencias buscando estatizar la educación.
El proyecto íntegro del MINEDUC no se conoce públicamente, aunque ha sido insinuado en sus líneas gruesas en más de una oportunidad. ¿Qué es lo que se sabe?
- Se sabe que se propondría un rediseño basado en 67 Servicios Locales de Educación (SLE), cuya dimensión territorial sería mayor que los municipios actuales pero menores que la extensión de una región. Por el número, es claro que tampoco serán equivalentes a las provincias actuales (que son 54) ni a los Departamentos Provinciales del MINEDUC (que son 44).
- Se sabe que este tamaño se relaciona con la viabilidad financiera (dada por el tamaño de la matrícula que posibilitaría economías de escala) y con la disponibilidad de capacidades y recursos de gestión institucional y pedagógica disponibles en el territorio.
- Se sabe que las autoridades del nuevo servicio serían elegidas por Alta Dirección Pública, lo que debería asegurar idoneidad en el cargo.
- Se sabe que el conjunto de Servicios Locales conformaría un Sistema Nacional, lo que necesariamente exige una Dirección Nacional y relaciones de dependencia entre los servicios locales y esta Dirección Nacional.
- Se sabe que el pilotaje de esta nueva configuración se llevaría a cabo en 3 casos, uno sería una ciudad compleja como Santiago, otro una región completa y otro sería una zona rural. El argumento para este trío sería que cada uno sería representativo de algún subconjunto de los nuevos SLE.
- Se sabe que los actuales municipios participarían de algún modo en las decisiones u orientación estratégica de los SLE.
- Se sabe que la gradualidad abarcaría 2 periodos alcaldicios, o sea, 8 años.
¿Qué es lo que no se sabe?
- Cómo se gobernará el sistema: si habrá un Dirección Nacional y SLE con autoridades dotadas de recursos y facultades; y si además las autoridades de los municipios actuales tendrán un papel en el nuevo régimen, la pregunta es quién decidirá qué, vale decir, cuáles serán las atribuciones de cada uno, cuál su ámbito de acción y cuán descentralizado será el nuevo ordenamiento.
- Cómo se financiará el sistema: una variable fundamental de la crisis actual de la educación pública en el modelo de financiamiento basado en la demanda (matrícula y asistencia media). Si este factor no se interviene, es previsible que el riesgo de recaer en crisis de financiamiento existe pues nada garantiza que la matrícula considerada en el nuevo SLE se mantenga allí.
- Cómo se asegurará que los profesionales con liderazgo y capacidades se integren a los SLE. Una parte del problema actual de la educación pública es la debilidad de sus equipos de los DAEM (o Corporaciones), hoy poblados de funcionarios cuyo ingreso se explica más por razones políticas que técnicas. Si esto es un problema en la región metropolitana, lo es más en los extremos del país, donde el stock de capacidades está severamente reducido.
- Qué pasará con aquellas comunas donde se ha logrado una gestión con resultados educativos destacables, dado el compromiso y la vocación educativa de sus autoridades. Si bien se trata de experiencias aisladas que generalmente son de municipalidades de ingresos medios o altos, queda la interrogante de su continuidad en el nuevo esquema.
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