Cierre de escuelas públicas

En estos días se conoce de decisiones municipales relativas al cierre de escuelas como consecuencia de una baja sostenida de la matrícula que las haría inviables económicamente. El caso más reciente es el del Colegio Villa La Pintana, en la comuna del mismo nombre. La decisión sigue la tendencia de otras comunas, como Cerro Navia y Villa Alemana. Cerro Navia, por su parte, incluso suscribió un convenio con el MINEDUC para sanear financieramente el servicio educativo de esa comuna, objetivo que incluye también el cierre de escuelas.

Como es notorio, los argumentos para justificar lo anterior son obvios: en un régimen de financiamiento basada en la demanda, si no hay alumnos, no hay ingresos; y si no hay ingresos, no hay forma de proveer y sostener el servicio educativo. El MINEDUC, a su vez, ha venido fomentando estas decisiones de racionalidad financiera e incluso postuló que, a causa del terremoto, se podría revisar la situación de varias comunas donde la matrícula municipal ha descendido, y aprovechar la coyuntura para fusionar establecimientos.

Pese a la contundencia de los números de cada caso en particular, las razones que sustentan estas medidas contra la educación pública son siempre discutibles porque ellas no se hacen cargo de las causas ni dan cuenta de la totalidad del problema. Hay decisiones de larga data, tomadas tanto por el MINEDUC como por cada municipio (las primeras, con efectos estructurales; las segundas, con consecuencias en la gestión de la educación municipal) que sin duda aportan a la situación de crisis de la matrícula: ni el MINEDUC ni los municipios han encarado abierta y explícitamente la tarea de defensa de la educación pública y han reducido el alcance del problema a la dimensión administrativo-financiera, afectando el carácter público de la educación municipal. Hoy predomina la siguiente lectura: el problema de la caída de la educación municipal es la contracara del aprovechamiento (legítimo o no) de una oportunidad de negocios para los proveedores privados subvencionados. Así, entonces, resulta claro que el MINEDUC y los municipios han asumido el escenario de competencia (asimétrica, como es consustancial a un mercado) en que debe desenvolverse la educación municipal como un elemento innamovible y, en dicho contexto, han tomado medidas paliativas de corto alcance y a menudo con cálculo político.

Si, en cambio, el problema de la gestión de la educación pública se hubiere abordado desde una perspectiva territorial socioeducativa, las soluciones implementadas podrían haber sido otras. Más directamente, si se hubiera pensado en soluciones para el conjunto de la oferta educativa para una comunidad, toda medida de ajuste de creación/reducción y mejora de la calidad de la educación pública habría debido contemplar a proveedores municipales y privados que prestan servicios educativos en la misma. Si las decisiones hubieran tenido este referente (una educación de calidad para todos, sin perjuicio de donde vivan y cuánto puedan pagar), se habría pensado primero en la demanda (cómo asegurar que las familias y los estudiantes accedan auna educacion de calidad) y no en la supervivencia de establecimientos de una determinada dependencia administrativa.

Pero esta perspectiva implica abandonar la idea matriz que, a la hora de tomar decisiones, parece que moros y cristianos defienden o aceptan: que la educación en Chile opera en un escenario de mercado. Es claro que modificar este sustrato no ha sido ni es hoy de interés ni para el MINEDUC ni para otros actores.