domingo, 29 de agosto de 2010

No importa el color del gato, sino que cace ratones

Una nota de prensa consigna las opiniones de Paul Vallas, señalado como Superintendente de reconstrucción educativa de Louisiana, e invitado a Chile por el BID. La entrevista a Paul Vallas es una evidencia del modelo que el BID quiere impulsar en Chile en las zonas afectadas por el terremoto u tsunami, donde luego de 6 meses no se ha avanzado más allá de una mínima normalización (esto es, la reactivación del servicio educativo en condiciones de emergencia).

Como señala el titular de la entrevista, el terremoto puede ser una oportunidad de ser más atrevidos en educación, lo cual equivale a decir que en condiciones de emergencia se puede intentar medidas que en condiciones de normalidad parecerían poco probables.

Una de las medidas que se discute es la participación privada en la provisión de enseñanza en estas zonas, muchas de las cuales han sido de predominio público, simplemente porque hasta ahora los privados no se han mostrado interesados en invertir en tales zonas dado que la expectativa de ganancia no les ha parecido atractiva. Con todo, algunos sí lo han hecho y, como es obvio, el terremoto les afectó. Y como la reconstrucción es una tarea de gobierno que debiera ser focalizada en la población más vulnerable y pobre, algunos han objetado que se apoye a estos privados en la reparación de sus establecimientos y la restauración del servicio. Es en este contexto donde Vallas afirma que no importa el color del gato, sino que cace ratones. Más directamente: no debiera ser un problema la propiedad y administración del establecimiento para que se reciba ayuda del Estado; lo que interesa es que se reestablezca la normalidad en el sistema escolar.

Siendo razonable el argumento, conviene recordar que el propio sistema de provisión mixta fundado en la competencia y libre elección, supone que los oferentes asumen el riesgo de la inversión, esto es, que éstos estiman la rentabilidad futura del negocio también ponderando eventualidades donde dicha rentabilidad pudiera verse afectada. Visto así, resulta improcedente que se subsidie la inversión privada cuando ésta tiene pérdidas, porque este criterio autorizaría a que el Estado también intervenga o reclame el goce de los beneficios cuando la misma inversión privada subsidiada obtenga ganancias. Pero esta posibilidad es rechazado de plano por los mismos proveedores privados bajo el argumento que ello lesiona el derecho a la propiedad privada... Es decir, a la hora de las pérdidas, la propiedad y administración privada no importa y el Estado debe cooperar, pero a la hora de las ganancias, la propiedad y la administración privada son un bien superior que no se puede tocar... ¿no será demasiado?

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