Gradualmente, comienzan a mostrarse las posiciones sobre el proyecto de Carrera Docente. En general, la reacción ha sido positiva para aspectos tales como el aumento de los puntajes mínimos para estudiar pedagogía, la acreditación obligatoria de los programas de formación en pedagogía, la obligatoriedad de contar con procesos de inducción basados en mentoría y el aumento de salarios debería atraer y retener a los buenos docentes; la reducción del tiempo lectivo (del actual 75% de las horas contrato se llegará a 65%) debería aliviar el agobio; la extensión de la normativa a los docentes que ejercen en establecimientos privados subvencionados implicará que más del 90% de la matrícula compartirá un mismo régimen laboral para sus profesores (principalmente en lo que respecta a la evaluación de desempeño, pues seguirá operando el Código Laboral como marco normativo para el sector privado subvencionado y el Estatuto Docente para el sector estatal).
Las críticas o aprehensiones que se han manifestado tienen que ver el financiamiento (se dicen que sus costos no podrían ser cubiertos con los recursos disponibles o que se proyectan), con la supresión del art. 46g de la Ley General de Educación (LGE) que posibilita que profesionales sin formación pedagógica formal ejerzan la docencia durante 3 años; con la rigidez de los tramos de la carrera docente (con permanencia mínima de 4 años cada uno de éstos); con la participación de los directores en el proceso de evaluación docente y el rol del Ministerio de Educación en la formación continua y la evaluación. La opinión editorial de La Tercera de hoy apunta en esta dirección. Se titula "Nueva Carrera Docente: un primer paso":
"EL ENVIO al Congreso del proyecto de ley sobre una nueva carrera
docente es un paso valioso, porque permite volver a poner en el centro
de la discusión aquellos aspectos que efectivamente contribuyen a la
calidad de la educación. En ello resulta crucial atraer y retener buenos
profesores, y en tal sentido la reforma podría constituir un primer
paso en esa dirección, si bien varios de sus contenidos deben ser
examinados con mayor detalle, pues podrían contradecir este objetivo.
Además, hay fundados cuestionamientos sobre las bases financieras de
este proyecto, cuyo financiamiento podría exceder con creces los
cálculos inicialmente previstos.
Es acertado que la nueva carrera docente busque asociar la remuneración de los profesores a su desempeño y calificaciones académicas, perdiendo preponderancia la antigüedad del cargo. El proyecto contempla cinco niveles, desde el “inicial” al “experto”. Para avanzar en ellos el profesor deberá acreditar competencias, y cada nivel irá asociado a una mayor remuneración. El proyecto contempla bonificaciones para aquellos profesores más preparados y que trabajen con alumnos vulnerables, caso en que la renta podría aproximarse a $2 millones mensuales. Asimismo, se contempla desde ya un aumento en la remuneración de los profesores en torno a 30% -cuyo monto dependerá de las horas cronológicas de ejercicio, pero que en algunos casos podría dejar el salario inicial en torno a $ 1 millón-, y se incrementa el número de horas no lectivas.
Este conjunto de incentivos es un avance respecto al rígido esquema que rige hoy en el sistema público, y que limita fuertemente la posibilidad de reemplazar a docentes no calificados o atraer profesores de excelencia. Sin embargo, es relevante que durante la discusión legislativa de este proyecto se preserven y profundicen estos principios competitivos, sin que perjudique a la educación particular subvencionada por la vía de otorgarle aportes a la municipal por un camino separado a la subvención. Debe evitarse así que se ceda ante la fuerte presión por introducir más estatismo en el sistema educacional, algo que por lo demás impregna toda la reforma educacional del gobierno ya aprobada.
En tal sentido, debe examinarse en profundidad el sistema de calificación de los profesores, el que quedará entregado protagónicamente a un organismo dependiente del Ministerio de Educación. El papel de los directores de colegio inexplicablemente seguirá siendo muy limitado en la calificación de los docentes, lo que se contrapone al objetivo de que los proyectos educativos reflejen más fielmente el sentir de cada comunidad escolar. La evaluación docente será cada cuatro años, lo que puede constituir un tiempo excesivamente extenso para prescindir de profesores no calificados. También es una negativa señal que el proyecto elimine la disposición que permite contratar a profesionales de otras áreas para hacer clases. Su aporte es especialmente valioso en aquellas áreas más específicas, como las ciencias o las matemáticas, y dada la carencia de buenos profesores es un contrasentido prescindir de su contribución. Ello parece ser un inconveniente guiño al Colegio de Profesores, el que sigue aferrado a las inflexibilidades injustificadas.
Si bien cada aspecto del proyecto deberá ahora ser analizado en detalle, su concreción debe ser a la luz de las posibilidades reales en materia fiscal. El gobierno ha señalado que en régimen la carrera docente tendrá un costo fiscal de unos US$ 2.200 millones, pero diversas voces ya han advertido que dicho monto es incompatible con los gastos que demandarán otros objetivos del gobierno en materia educacional, como gratuidad universal en educación superior y la eliminación del copago de los padres en la etapa escolar. Esta inconsistencia debe ser prontamente despejada por el Ministerio de Hacienda."
Es acertado que la nueva carrera docente busque asociar la remuneración de los profesores a su desempeño y calificaciones académicas, perdiendo preponderancia la antigüedad del cargo. El proyecto contempla cinco niveles, desde el “inicial” al “experto”. Para avanzar en ellos el profesor deberá acreditar competencias, y cada nivel irá asociado a una mayor remuneración. El proyecto contempla bonificaciones para aquellos profesores más preparados y que trabajen con alumnos vulnerables, caso en que la renta podría aproximarse a $2 millones mensuales. Asimismo, se contempla desde ya un aumento en la remuneración de los profesores en torno a 30% -cuyo monto dependerá de las horas cronológicas de ejercicio, pero que en algunos casos podría dejar el salario inicial en torno a $ 1 millón-, y se incrementa el número de horas no lectivas.
Este conjunto de incentivos es un avance respecto al rígido esquema que rige hoy en el sistema público, y que limita fuertemente la posibilidad de reemplazar a docentes no calificados o atraer profesores de excelencia. Sin embargo, es relevante que durante la discusión legislativa de este proyecto se preserven y profundicen estos principios competitivos, sin que perjudique a la educación particular subvencionada por la vía de otorgarle aportes a la municipal por un camino separado a la subvención. Debe evitarse así que se ceda ante la fuerte presión por introducir más estatismo en el sistema educacional, algo que por lo demás impregna toda la reforma educacional del gobierno ya aprobada.
En tal sentido, debe examinarse en profundidad el sistema de calificación de los profesores, el que quedará entregado protagónicamente a un organismo dependiente del Ministerio de Educación. El papel de los directores de colegio inexplicablemente seguirá siendo muy limitado en la calificación de los docentes, lo que se contrapone al objetivo de que los proyectos educativos reflejen más fielmente el sentir de cada comunidad escolar. La evaluación docente será cada cuatro años, lo que puede constituir un tiempo excesivamente extenso para prescindir de profesores no calificados. También es una negativa señal que el proyecto elimine la disposición que permite contratar a profesionales de otras áreas para hacer clases. Su aporte es especialmente valioso en aquellas áreas más específicas, como las ciencias o las matemáticas, y dada la carencia de buenos profesores es un contrasentido prescindir de su contribución. Ello parece ser un inconveniente guiño al Colegio de Profesores, el que sigue aferrado a las inflexibilidades injustificadas.
Si bien cada aspecto del proyecto deberá ahora ser analizado en detalle, su concreción debe ser a la luz de las posibilidades reales en materia fiscal. El gobierno ha señalado que en régimen la carrera docente tendrá un costo fiscal de unos US$ 2.200 millones, pero diversas voces ya han advertido que dicho monto es incompatible con los gastos que demandarán otros objetivos del gobierno en materia educacional, como gratuidad universal en educación superior y la eliminación del copago de los padres en la etapa escolar. Esta inconsistencia debe ser prontamente despejada por el Ministerio de Hacienda."
En la otra orilla, las críticas señalan que el agobio en el futuro será por la sobreevaluación a la que se verán sometidos los profesores, dado que la promoción y mejora salarial estará condicionada a la superación de evaluaciones de conocimiento pedagógico y disciplinario. Es la opinión que recoge "El Desconcierto" en una nota sobre un debate de académicos de la Universidad de Chile al respecto. Transcribo la nota firmada por Alicia Sánchez, titulada "Expertos advierten incremento de agobio laboral que implicaría la nueva ley sobre carrera docente":
"Diversos académicos e investigadores de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la U. de Chile valoran avances del “Proyecto de ley que crea el sistema de desarrollo profesional docente y modifica otras normas”, como el aumento del sueldo mínimo inicial y la exigencia de acreditación obligatoria de las carreras. Sin embargo advierten sobre el agobio laboral, el control burocrático y las evaluaciones a las que seguirán sometidos los y las profesoras.
Coinciden en la urgencia de instalar en el debate público una mirada más compleja de la calidad educativa, que va más allá de una “maratón” que los profesores deben enfrentar solos y que puede enriquecer la discusión parlamentaria de las próximas semanas.
Ernesto Águila, director del Departamento de Estudios Pedagógicos DEP de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, señala que “hay avances en las condiciones de trabajo docente expresado en el reajuste salarial de cerca de un 30% y en la disminución de las horas lectivas de 75% a 65%. En la tramitación parlamentaria se debiera bajar las horas lectivas a lo menos a un 60%. También es positiva la exigencia de acreditación obligatoria de las carreras de pedagogías y la derogación del artículo 46 letra G de la LGE que permite el ejercicio de la docencia de profesionales sin estudios pedagógicos. No obstante ello el proyecto sigue atrapado en una concepción de la profesión docente que se funda en una idea individualista de ésta, sometida a fuertes controles externos y permanentes evaluaciones. La carrera docente sigue siendo pensada y definida desde fuera de ella y no se funda en un concepto de desarrollo y fortalecimiento de la autonomía profesional”.
La académica e historiadora del Departamento de Estudios Pedagógicos Leonora Reyes, explica que “el aumento salarial no debe ocultar la profundización del modelo de trabajo docente que se produce con este proyecto de ley, un modelo basado en incentivos individuales por medio de la competencia entre docentes y escuelas”. A su juicio “se echa de menos que no se diga nada relacionado con el artículo de la Ley Lavín (20.501) que permite a los sostenedores el despido de un 5% de docentes en función de evaluaciones realizadas por ellos. Tampoco aparece como eje principal la estructura de participación del profesorado y la comunidad en general en la gestión del proyecto educativo como la libertad y autonomía curricular, entre otras”.
Para Teresa Flórez, Doctora en Educación de la Universidad de Oxford y coordinadora de investigación del DEP, “la nueva ley incrementa el agobio laboral, al aumentar la sobre-evaluación externa a la que ya se encuentran sometidos los docentes, haciendo ahora depender su trabajo y sus remuneraciones de los resultados, y sin que quede muy claro qué tipo de apoyos se entregarán para su desarrollo profesional o para la mejora de condiciones laborales. Junto con ello, pese a que las consecuencias negativas del portafolio docente son reconocidas oficialmente por MideUC y la directora de Docentemás en términos de sobrecarga laboral, emociones negativas y prácticas poco éticas como la venta de portafolios, se pretende mantener este sistema y aumentar su impacto al vincularlo con despidos y sueldos. Así, se pretende que tenga al mismo tiempo una función formativa y sumativa con consecuencias, funciones que la literatura internacional reconoce como irremediablemente en tensión. O se tiene una o la otra, o se generan dos sistemas aparte para cada propósito.”
Coincide con este análisis el Área de Estudios del Programa de Educación Continua para el Magisterio (PEC) de la U. de Chile, que considera que el proyecto plantea la profesionalización de los y las docentes como “una gran maratón que deben correr solos y que su avanzar depende de su propia capacidad de dar buenas evaluaciones”.
“Se observa una carrera en trayectoria compuesta por tres tramos o escalafones profesionales y con un componente de mejoramiento de condiciones laborales, donde se incluyen escalas de salarios ligados al tránsito por estos escalafones y a una nebulosa formación en servicio profesional. Estos componentes serían los elementos que configuran la carrera docente, que hemos denominado como la ‘competencia docente’, y donde pareciera que se vuelve a la misma receta de siempre, haciendo cobrar a la evaluación docente una labor tan fundamental en esta trayectoria, convirtiéndose en control o check point, de cada tramo de la carrera”, explican.
Como señala Leonora Reyes, “la estructura salarial no puede estar basada en tramos y competencia individual pues la docencia es, sustancialmente, un trabajo colectivo”. En relación a las condiciones de trabajo pedagógico, la académica sostiene que debieran establecerse en un 50% de horas lectivas y 50% de horas no lectivas -diferenciando estas últimas del trabajo administrativo-, un máximo de 20 estudiantes por sala, hacer efectivas las horas de colación y no sobrecargar laboralmente el horario doméstico, entre otras."
"Diversos académicos e investigadores de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la U. de Chile valoran avances del “Proyecto de ley que crea el sistema de desarrollo profesional docente y modifica otras normas”, como el aumento del sueldo mínimo inicial y la exigencia de acreditación obligatoria de las carreras. Sin embargo advierten sobre el agobio laboral, el control burocrático y las evaluaciones a las que seguirán sometidos los y las profesoras.
Coinciden en la urgencia de instalar en el debate público una mirada más compleja de la calidad educativa, que va más allá de una “maratón” que los profesores deben enfrentar solos y que puede enriquecer la discusión parlamentaria de las próximas semanas.
Ernesto Águila, director del Departamento de Estudios Pedagógicos DEP de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, señala que “hay avances en las condiciones de trabajo docente expresado en el reajuste salarial de cerca de un 30% y en la disminución de las horas lectivas de 75% a 65%. En la tramitación parlamentaria se debiera bajar las horas lectivas a lo menos a un 60%. También es positiva la exigencia de acreditación obligatoria de las carreras de pedagogías y la derogación del artículo 46 letra G de la LGE que permite el ejercicio de la docencia de profesionales sin estudios pedagógicos. No obstante ello el proyecto sigue atrapado en una concepción de la profesión docente que se funda en una idea individualista de ésta, sometida a fuertes controles externos y permanentes evaluaciones. La carrera docente sigue siendo pensada y definida desde fuera de ella y no se funda en un concepto de desarrollo y fortalecimiento de la autonomía profesional”.
La académica e historiadora del Departamento de Estudios Pedagógicos Leonora Reyes, explica que “el aumento salarial no debe ocultar la profundización del modelo de trabajo docente que se produce con este proyecto de ley, un modelo basado en incentivos individuales por medio de la competencia entre docentes y escuelas”. A su juicio “se echa de menos que no se diga nada relacionado con el artículo de la Ley Lavín (20.501) que permite a los sostenedores el despido de un 5% de docentes en función de evaluaciones realizadas por ellos. Tampoco aparece como eje principal la estructura de participación del profesorado y la comunidad en general en la gestión del proyecto educativo como la libertad y autonomía curricular, entre otras”.
Para Teresa Flórez, Doctora en Educación de la Universidad de Oxford y coordinadora de investigación del DEP, “la nueva ley incrementa el agobio laboral, al aumentar la sobre-evaluación externa a la que ya se encuentran sometidos los docentes, haciendo ahora depender su trabajo y sus remuneraciones de los resultados, y sin que quede muy claro qué tipo de apoyos se entregarán para su desarrollo profesional o para la mejora de condiciones laborales. Junto con ello, pese a que las consecuencias negativas del portafolio docente son reconocidas oficialmente por MideUC y la directora de Docentemás en términos de sobrecarga laboral, emociones negativas y prácticas poco éticas como la venta de portafolios, se pretende mantener este sistema y aumentar su impacto al vincularlo con despidos y sueldos. Así, se pretende que tenga al mismo tiempo una función formativa y sumativa con consecuencias, funciones que la literatura internacional reconoce como irremediablemente en tensión. O se tiene una o la otra, o se generan dos sistemas aparte para cada propósito.”
Coincide con este análisis el Área de Estudios del Programa de Educación Continua para el Magisterio (PEC) de la U. de Chile, que considera que el proyecto plantea la profesionalización de los y las docentes como “una gran maratón que deben correr solos y que su avanzar depende de su propia capacidad de dar buenas evaluaciones”.
“Se observa una carrera en trayectoria compuesta por tres tramos o escalafones profesionales y con un componente de mejoramiento de condiciones laborales, donde se incluyen escalas de salarios ligados al tránsito por estos escalafones y a una nebulosa formación en servicio profesional. Estos componentes serían los elementos que configuran la carrera docente, que hemos denominado como la ‘competencia docente’, y donde pareciera que se vuelve a la misma receta de siempre, haciendo cobrar a la evaluación docente una labor tan fundamental en esta trayectoria, convirtiéndose en control o check point, de cada tramo de la carrera”, explican.
Como señala Leonora Reyes, “la estructura salarial no puede estar basada en tramos y competencia individual pues la docencia es, sustancialmente, un trabajo colectivo”. En relación a las condiciones de trabajo pedagógico, la académica sostiene que debieran establecerse en un 50% de horas lectivas y 50% de horas no lectivas -diferenciando estas últimas del trabajo administrativo-, un máximo de 20 estudiantes por sala, hacer efectivas las horas de colación y no sobrecargar laboralmente el horario doméstico, entre otras."
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