Se ha dicho que en breve plazo de presentará el proyecto de nueva carrera docente (Plan Nacional Docente), cuyo alcance general puede deducirse del sitio que el MINEDUC ha creado para divulgar la iniciativa. La discusión está abierta: a modo de ejemplo, el Colegio de Profesores pone el acento en un aumento general de remuneraciones y en la necesidad que la cobertura de la reforma incluya al sector particular subvencionado, idea que el MINEDUC ha esbozado como de carácter voluntario. Los alcaldes han enfatizado que una reforma a la carrera docente debe estar íntimamente articulada con la reforma a la educación estatal ("desmunicipalización y nueva institucionalidad"). La prensa recoge opiniones casi todas las semanas, la mayoría convergentes en sus ideas matrices. Un ejemplo es esta opinión editorial de El Mercurio:
"El proyecto de ley sobre carrera docente que el Gobierno enviaría
próximamente al Congreso contempla diversas acciones orientadas a elevar
los estándares de ingreso y egreso de los estudiantes que opten por la
docencia, así como mejorar la inserción laboral de los pedagogos.
En efecto, la propuesta de Política Nacional Docente que plantea la autoridad contemplaría requisitos más estrictos de ingreso a las pedagogías, como establecer -en un plazo de seis años- un puntaje mínimo de 550 puntos y elevar el porcentaje del ranking de notas en el promedio ponderado de postulación. Asimismo, se plantea no solo la obligatoriedad de la acreditación de los programas de pedagogía como hasta ahora, sino también el cierre de aquellos que no cumplan con este requerimiento. Actualmente, más de 90 mil alumnos reciben formación en esta área en alrededor de 860 programas (240 de ellos no acreditados), dictados por 70 instituciones de educación superior (universidades e institutos profesionales), de las cuales solo 47 cuentan con acreditación. El proyecto incluiría además una evaluación obligatoria de los estudiantes de tercer y cuarto año para medir la calidad de su formación y así tener la posibilidad de reparar las falencias detectadas antes del egreso.
Las principales universidades del país han elevado los puntajes mínimos de ingreso y reformulado sus mallas curriculares de manera de conseguir una mayor complementariedad entre la formación pedagógica y el trabajo en aula. La obligatoriedad de contar con "campus pedagógicos" -como en el área de la salud-, de manera que cada institución pueda ofrecer a sus estudiantes un trabajo sistemático y regular en la sala de clase, parece una iniciativa positiva, como lo es la propuesta de contar con mentores que acompañen a los recién egresados en sus primeros años. Diversas experiencias internacionales evidencian que los primeros cuatro años de trabajo docente son claves; de allí la necesidad de contar con procesos inductivos que acompañen y retroalimenten al profesor. Sin embargo, este plan de mentorías requerirá de un cambio de cultura en cada escuela, ya que para alcanzar el impacto deseado debe trabajarse al interior de los establecimientos, contar con profesores que puedan aportar con su experiencia y dotar a los docentes de tiempo fuera del aula para recibir la capacitación que una educación de alta complejidad requiere.
Tan relevante como una formación de excelencia es el urgente mejoramiento del entorno laboral que enfrenta el egresado. El éxodo de profesores luego de algunos años en la docencia debido a las bajas remuneraciones, la escasa valoración de la trayectoria y las dificultades para establecer redes de apoyo y de formación continua se traduce en una permanente rotación con la consiguiente pérdida de profesores con experiencia. Poner al docente en el centro del proceso educativo implica no solo una formación de calidad, sino también remuneraciones que atraigan a los mejores a estudiar pedagogía y evaluaciones periódicas que evidencien la mediocridad y premien la excelencia. Porque se ha comprobado que un buen profesor influye en el alumno tres veces más que una buena escuela. Toda búsqueda de calidad educativa pasa por su formación."
En efecto, la propuesta de Política Nacional Docente que plantea la autoridad contemplaría requisitos más estrictos de ingreso a las pedagogías, como establecer -en un plazo de seis años- un puntaje mínimo de 550 puntos y elevar el porcentaje del ranking de notas en el promedio ponderado de postulación. Asimismo, se plantea no solo la obligatoriedad de la acreditación de los programas de pedagogía como hasta ahora, sino también el cierre de aquellos que no cumplan con este requerimiento. Actualmente, más de 90 mil alumnos reciben formación en esta área en alrededor de 860 programas (240 de ellos no acreditados), dictados por 70 instituciones de educación superior (universidades e institutos profesionales), de las cuales solo 47 cuentan con acreditación. El proyecto incluiría además una evaluación obligatoria de los estudiantes de tercer y cuarto año para medir la calidad de su formación y así tener la posibilidad de reparar las falencias detectadas antes del egreso.
Las principales universidades del país han elevado los puntajes mínimos de ingreso y reformulado sus mallas curriculares de manera de conseguir una mayor complementariedad entre la formación pedagógica y el trabajo en aula. La obligatoriedad de contar con "campus pedagógicos" -como en el área de la salud-, de manera que cada institución pueda ofrecer a sus estudiantes un trabajo sistemático y regular en la sala de clase, parece una iniciativa positiva, como lo es la propuesta de contar con mentores que acompañen a los recién egresados en sus primeros años. Diversas experiencias internacionales evidencian que los primeros cuatro años de trabajo docente son claves; de allí la necesidad de contar con procesos inductivos que acompañen y retroalimenten al profesor. Sin embargo, este plan de mentorías requerirá de un cambio de cultura en cada escuela, ya que para alcanzar el impacto deseado debe trabajarse al interior de los establecimientos, contar con profesores que puedan aportar con su experiencia y dotar a los docentes de tiempo fuera del aula para recibir la capacitación que una educación de alta complejidad requiere.
Tan relevante como una formación de excelencia es el urgente mejoramiento del entorno laboral que enfrenta el egresado. El éxodo de profesores luego de algunos años en la docencia debido a las bajas remuneraciones, la escasa valoración de la trayectoria y las dificultades para establecer redes de apoyo y de formación continua se traduce en una permanente rotación con la consiguiente pérdida de profesores con experiencia. Poner al docente en el centro del proceso educativo implica no solo una formación de calidad, sino también remuneraciones que atraigan a los mejores a estudiar pedagogía y evaluaciones periódicas que evidencien la mediocridad y premien la excelencia. Porque se ha comprobado que un buen profesor influye en el alumno tres veces más que una buena escuela. Toda búsqueda de calidad educativa pasa por su formación."
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