Desmunicipalización o reforma de la educación pública en Chile

Fuente: http://vozciudadanachile.cl/

El editorial de La Tercera de hoy lunes se refiere a la forma en que el MINEDUC ha venido elaborando su propuesta de reforma a la educación pública, criticando el hermetismo que envolvería el trabajo de gobierno. La afirmación del medio asume la opinión de alcaldes que, luego de una reunión con el Ministro de la cartera, se lamentaron acerca de la poca información y participación activa que habrían tenido en la preparación del proyecto de ley que condensaría los cambios propuestos por el gobierno.

La opinión de La Tercera incluye algunas afirmaciones que se relacionan con la llamada "desmunicipalización", término utilizado para nombrar el fin del sistema de administración municipal de escuelas y liceos públicos, cuestión que estaría en el núcleo de la propuesta en preparación. Dice La Tercera:

1. "Independiente de estas críticas, que deben ser recogidas por la autoridad, haría bien el Mineduc en acoger los planteamientos de los municipios en materia de desmunicipalización, porque se trata de instituciones que cuentan con una vasta experiencia en la administración de la enseñanza pública, acumulada en más de tres décadas de gestión, cuando el manejo de la docencia fue traspasada desde el Estado a los municipios con el objetivo de descentralizar la provisión de enseñanza y acercar los servicios educacionales al ámbito donde mejor se pueden percibir los requerimientos de la ciudadanía, como son los gobiernos locales".
2. "Hasta ahora el gobierno no ha entregado evidencia empírica que demuestre que la desmunicipalización es el único o mejor camino para elevar la calidad de la educación pública. Tampoco ha explicado con argumentos técnicos y pedagógicos por qué los municipios que obtienen buenos resultados académicos y de gestión deben dejar de ser sostenedores. Lo razonable sería que éstos pudiesen continuar ejerciendo esa labor y buscar los mecanismos y las herramientas adecuadas para que aquellos que tienen deficiencias, puedan superarlas. Y esto no es sólo un problema de recursos financieros. Es cierto que los municipios acumulan una millonaria deuda en materia educacional, pero existe un evidente problema de gestión, como ocurre, por ejemplo, con la Subvención Escolar Preferencial, que le ha permitido a muchos colegios públicos mejorar el rendimiento de alumnos de escasos recursos, pero que diversos municipios han terminado utilizando para cubrir otro tipo de gastos".

Ambas afirmaciones (en realidad, son más de dos) ponen temas atendibles en la fase de diseño del proyecto: 

• Se debe preservar el criterio de descentralización que subyace en la gestión local de la educación pública y que posibilita una mejor sintonía entre territorios, escenarios educativos, participación de los actores y pertinencia de los modelos de gestión. Sin embargo, descentralizar no implica delegar el 100% de las responsabilidades y funciones en los actores locales, sobre todo en contextos (como el chileno) donde no hay tradición cultural que sustente un completo traspaso de la gestión educativa. Hay además que cautelar el mecanismo de empalme y (re)contextualización de las políticas educativas nacionales
• Hay municipios que pueden exhibir buenos resultados de gestión y otros que ciertamente no. Las variables que concurren a estas diferencias tienen que ver con la complejidad del escenario socioeducativo, el alcance o las demandas que dicho escenario implica, los recursos financieros, el compromiso y liderazgo de las autoridades locales (Alcaldes), y las capacidades de gestión disponibles y movilizadas por el sostenedor. El tamaño del territorio, la dispersión geográfica y el tamaño de las escuelas (en términos de matrícula) son también factores asociados, pero no parecen ser determinantes (al menos en términos de resultados de los alumnos en pruebas nacionales estandarizadas).
• En cambio, hay consenso sobre las debilidades institucionales de los municipios en tanto gestores educacionales; también sobre las diferencias en capacidades y condiciones de gestión que muestran los municipios. Hay acuerdo sobre el incompatibilidad estructural entre el modelo financiero basado en la demanda y las obligaciones legales de provisión del servicio educativo que tienen las municipalidades. Si se consideran seriamente los puntos anteriores, la reforma administrativa de la educación pública (es necesario hacer la precisión) puede implicar o no la desmunicipalización (y "des-alcaldización", decía Belleï en 2012). 
• Una reforma más comprehensiva debería incluir la revisión del modelo de financiamiento y del modelo de gobierno y gestión; un programa de fortalecimiento de las capacidades de gestión territorial de la educación; un programa de apoyo o la configuración de una estructura o red de recursos pedagógicos y asistencia técnica tanto para los establecimientos como para los agentes locales; un aumento de las facultades de gestión autónoma en cada escuela o liceo; y dispositivos políticos y comunicacionales para una efectiva revalorización social de la educación pública.