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| Fuente: http://observatoriodesigualdades.icso.cl |
"Hay tres resultados bastante elocuentes que son muestra de lo que el funcionamiento de las lógicas de mercado en la educación suelen implicar: alto componente de gasto privado en el gasto en educación, concentración de la oferta educativa (segregación urbana), segmentación de la demanda (segregación educacional) y mal entendimiento de la “calidad” educativa.
Por eso mismo, en la mayoría de los países no
se usan soluciones de mercado en la educación. La reforma educacional
del gobierno propone cambiar estas lógicas de mercado por lógicas de
derecho social. En un primer proyecto plantean reemplazar gasto privado
por gasto público, organizar protocolos de acceso a las instituciones
que respondan a normas públicas y exigir normas de funcionamiento
público como derecho social en establecimientos privados subvencionados,
poniendo fin al lucro. Además, esto supone un cambio en la forma en que
medimos calidad, focalizándonos en el proceso educativo y, por ende,
exigiendo más integración.
Primero, el gráfico 1 muestra el gasto
total en educación como porcentaje del PIB (línea roja) y el gasto
privado en educación como porcentaje del PIB (barras azules). Esto
muestra que en general no hay tantas diferencias en el porcentaje del
gasto total que se va a educación. La línea roja es bastante estable.
Chile presenta un gasto total de 7%, por ejemplo, entre los más altos de
la muestra. Sin embargo, este gasto total en los diferentes países
proviene de distinta forma en cuanto su composición privada. Podemos ver
que en Finlandia casi la totalidad del gasto total en educación (que es
del 6%), es gasto público, mientras que en Chile cerca del 3% es
privado y 4% es público. Este dato es muestra del uso del modelo de
mercado de la educación en las políticas educativas de Chile: cada uno
paga lo que puede pagar.
Un
segundo resultado es la distribución geográfica altamente concentrada
de las instituciones educativas (Ver Tabla 4 en columna “Los desafío de lo Público en la Educación Superior”).
El mercado de la educación incentiva la creación de instituciones
privadas donde hay demanda o consumidores (que pueden pagar), por lo
tanto, prolifera en lugares de altos ingresos (universidades de la cota
mil), aumentando aún más la segmentación y la desigualdad. Este dato
muestra el desorden que produce el uso del modelo de mercado de la
educación. En el mercado nadie está preocupado de organizar la
pertinencia de las instituciones, ya que éste por definición llegaría a
un óptimo equilibrio.
El
tercer resultado tiene que ver con la segregación al interior de las
instituciones educativas. En escolar, por ejemplo, los datos Pisa nos
muestran que tenemos el peor índice de inclusión horizontal o indicador
de las diferencias de estatus económico, social y cultural de los
estudiantes al interior de las escuelas (OCDE, 2011). En educación
superior, podemos ver también que hay una gran segregación al interior
de las instituciones como muestra Meneses (2011). Cuando la educación es
provista por el mercado, cada uno accede a lo que su ingreso le
permite, la población se segrega por nivel de ingreso al interior de las
instituciones educativas.
Otra característica del modelo de
mercado en la organización del sistema educativo tiene que ver con lo
que se entiende por “calidad”. Bajo esta lógica, la calidad se mide en
el resultado (SIMCE): los economistas hablamos de resultados de una
función de producción educacional. Por lo tanto, lo que importa son los
buenos “productos”, no importa cómo, no importa el proceso educativo. De
hecho, he escuchado muchas veces decir no importa que la población este
segregada en escuelas públicas y privadas, lo que importa es que sean
de igual calidad. Cabe notar lo parecido que suena a esta defensa de la
segregación racial en Estados Unidos en otra época: “no importa que haya
escuelas para negros y otras para blancos, lo que importa es que sean
de igual calidad”. Cuando se cae en la trampa de creer que la calidad
del proceso educativo no importa, no importa la selección, no importa el
financiamiento compartido, no importa el lucro. Es decir, no importa la
segregación.
Lo interesante es notar que este “modelo” de mercado
se implantó en Chile sin seguir ninguna experiencia real exitosa. Se
siguió una idea teórica, no una idea real.
La reforma educacional
planteada por el actual gobierno establece un cambio en las lógicas que
guían las políticas públicas en el sistema educativo, para ser
organizado como un derecho social. Esto se inspira, a diferencia de la
reforma de 1980, en que en el mundo desde hace ya muchas décadas, los
sistemas educativos identificados como los más exitosos del mundo
funcionan de esta manera. Esta nueva lógica tiene consecuencias en
diferentes aspectos.
En primer lugar, esto significa que la
sociedad entiende que el acceso a esta dimensión del bienestar no
depende del nivel de ingreso, sino de la condición de ciudadanía y la
identificación de las necesidades de cada uno de sus ciudadanos. Por eso
se financia con impuestos. No quiere decir que dicha política social se
transforme en un regalo, sino que se transforma en un beneficio que
está al alcance de todos cuando cumplamos los protocolos de acceso y que
todos financiamientos vía impuestos. (Ver recuadro en inglés con
respecto a la creación del servicio nacional de salud británico: “Tu
nuevo Sistema Nacional de Salud empieza el 5 de Julio: ¿Qué es? ¿Cómo lo
obtienes? Te proveerá con toda la atención médica, dental y de cuidados
que necesites. Todos –ricos o pobres, hombres, mujeres o niños– pueden
usarlo. No hay que pagar, excepto por algunos ítemes especiales. No hay
que calificar para estar asegurado. Pero no es “caridad”. Ustedes, todos
van a pagar por éste, principalmente a través de impuestos, y reducirá
sus preocupaciones de dinero en tiempos de enfermedad.”)
Bajo esta
nueva lógica, entonces, el gasto privado es reemplazado con gasto
público (vía reforma tributaria): eliminación gradual del copago (Chile
se acerca al lado izquierdo en gráfico 1). Además, como las condiciones
de acceso no pueden discriminar a los niños y a los jóvenes en forma
arbitraria, los mecanismos de ingreso a los establecimientos
educacionales deben responder a ciertas lógicas públicas (protocolos de
admisión). En otros países, por ejemplo, el niño o niña atiende a la
escuela que le queda más cerca. En nuestro país actualmente la decisión
de ingreso está puesta en las instituciones, donde cada una sigue la
regla que más le acomoda, produciéndose situaciones bastante
insostenibles que rayan en lo inmoral. Por eso, el primer proyecto
presentado por el gobierno intenta regular el ingreso a las escuelas.
Bajo
esta nueva lógica es importante que las instituciones que participen en
el sistema sigan reglas públicas. La oferta educativa se organice de
tal manera que exista garantía de existencia de escuelas cercanas y que
la educación sea provista sin fines de lucro. Las escuelas privadas
subvencionadas no se crean siguiendo lógicas de mercado, sino de
necesidades en términos de proyectos educativos, por ejemplo. En
general, uno podría pensar que la existencia de la escuela pública
debería estar garantizada para todo niño o niña.
El proyecto no ha
planteado el reemplazo de escuelas privadas subvencionadas por escuelas
públicas, pero sí ha planteado que las escuelas privadas subvencionadas
se sujeten a normas públicas (sin fines de lucro e incorporadas en los
protocolos públicos de acceso). Eso es importante, ya que estas escuelas
están financiadas igualmente por el Estado y actualmente representan el
50% de la matrícula.
Bajo esta nueva lógica, la calidad del
sistema educativo no se mide en el resultado, sino en el proceso. Se
entiende que el proceso educativo forma también valores. Por lo tanto,
es importante que las escuelas sean más integradas económica, social y
culturalmente.
Algo que se debe esperar igualmente son los cambios
en los mecanismos de financiamiento. El financiamiento público no debe
estar guiado por el subsidio a la demanda (voucher), sino que en función
de los costos reales de las instituciones de proveer educación de igual
calidad a una población diversa en características específicas de
localización, vulnerabilidad de los estudiantes y costo de la docencia.
Recalco
una vez más que este cambio de paradigma que se ha planteado no sigue a
ningún gurú o equivalente. Es lo que guía las políticas sociales de los
regímenes de bienestar socialdemócratas, en los que se observan los
mayores grados de igualdad social, donde el principio de universalidad
se aplica de modo sistemático: clase media y obrera se benefician de un
alto nivel de protección social, con un importante rol del Estado.
Finalmente,
no es algo que nació en los países nórdicos, porque ellos tienen otra
cultura. La ministra de Educación de Finlandia nos explicaba el año
pasado en una conferencia en la Universidad de Chile, que el sistema
educativo que tenían en su país –el más exitoso del mundo- había sido
fruto de un triunfo político de los socialdemócratas a fines de la
década del 60, en el cual establecieron la idea que la educación es un
derecho de la ciudadanía. Agregaba, además, que ellos tenían que
defender su sistema educativo cada día.
Por eso, la reforma
educacional no solamente debe ser vista como una propuesta técnicamente
correcta y financieramente posible, sino como una propuesta de política
pública que responde a cierta visión política de construir un país más
socialdemócrata."
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