Agenda corta para la educación pública

El gobierno ha anunciado una inversión de US$ 520 millones para la educación municipal, los que resultan del conjunto de los compromisos regulares del gobierno para el periodo 2014-2017 y que, en rigor, solo implican 36 millones de dólares adicionales a los ya previstos para gestión y desarrollo de la educación municipal en este gobierno. La cifra en pesos chilenos alcanza a los 20 mil millones y serán fruto de reasignaciones de recursos que ya tiene el MINEDUC. La nota del prensa oficial se puede leer en la web del MINEDUC. 

¿Qué hay de nuevo en este anuncio? No mucho. Cito al MINEDUC: "Esta agenda corta tiene dos grandes focos. En primer término, un Acuerdo Marco con los municipios que comenzará este segundo semestre y que aumentará en 20 mil millones (un 17% de incremento para 2014) los recursos destinados este año a la mejora de la educación pública en las comunas, los que se entregarán mediante convenios de desempeño. Esta iniciativa busca garantizar una transición exitosa hacia la Nueva Educación Pública y la instalación de los nuevos Servicios Locales de Educación (desmunicipalización). Junto con esto, se entregará un mayor apoyo y seguimiento a la gestión municipal en todo el territorio. [...] El segundo foco es un Plan de Fortalecimiento de la Educación Pública que contempla, entre otras iniciativas, planes de infraestructura, de conectividad digital, de educación integral e innovación pedagógica; de apoyo formativo para los docentes, directivos y asistentes de la educación y la generación de nuevos espacios para la participación estudiantil".

La lectura política tampoco es novedosa y remite al reclamo que en los medios se hacía sobre la necesidad de poner en acento en la educación pública, relegada en la discusión de la reforma. Estos anuncios permitirían relocalizar el debate donde muchos dicen que debe estar: en la mejora de la educación municipal.

Una reforma de la educación municipal no pasa solo por más recursos. En verdad, el aumento de recursos sirve apenas para resolver los problemas de gestión y las deudas que arrastran muchos municipios por la carga previsional y las asignaciones que incluye el Estatuto Docente. El déficit se ha acentuado por la caída de la matrícula (por la migración a la educación privada subvencionada) y a su vez se relaciona con la base de financiamiento basada en la asistencia media. Por tanto, estos recursos frescos servirán para aliviar las deudas pero es claro que no atacarán el problema de raíz. 

El problema de raíz es el diseño estructural del sistema escolar chileno basado en el financiamiento a la demanda, la selección escolar permitida a los privados subvencionados y a los liceos emblemáticos, la competencia entre oferentes que operan en condiciones asimétricas, el Estatuto Docente y sus rigideces y, finalmente, la captura de la administración municipal por operadores políticos y malos gestores. 

Estas cuestiones no son parte de la "agenda corta", la que ha priorizado invertir en capacitación docente y directiva, tecnología e infraestructura digital, bibliotecas y en otros aspectos diversos (por ejemplo, fomento a la participación estudiantil). 

Es previsible un impacto menor de todas estas medidas, no porque de suyo sean estériles, sino porque arriesgan ser "más de lo mismo" que se ha venido haciendo desde casi una década (luego del movimiento estudiantil de 2006). Por lo demás, el sector municipal, salvo honrosas excepciones, no dispone de las capacidades, condiciones y recursos para aprovechar estos nuevos recursos. Lo más probable es que para implementar las iniciativas que utilicen estos recursos, se activen redes de apoyo y que estas redes sean las llamadas "ATEs", porque el equipo de supervisores del MINEDUC no dará abasto. Las "ATEs" saben hacer capacitación, pero pocas saben ir más allá y muy pocas disponen de estrategias y dispositivos para gestionar y sostener un cambio. Una vez más, lo que estará en juego será la capacidad del MINEDUC y de los municipios para implementar efectivamente un cambio educativo: están los nuevos recursos; la cuestión ahora será ver cuál es el enfoque alternativo que se propone y cuál la estrategia para alterar las creencias de los actores del sector municipal.