Sobre lo público en educación superior: dos opiniones desde universidades estatales

Fuente: http://1.bp.blogspot.com/

Desde "El Mostrador" recojo una columna y una entrevista a dos representantes de universidades estatales: Álvaro Rojas, rector de la Universidad de Talca y Ennio Vivaldi, académico de la Universidad de Chile y candidato a rector de la misma:

Ennio Vivaldi, "Universidades públicas: dejémosla ser":

"Hemos presenciado una elaborada presentación de ideas acerca del sentido público que toda función universitaria conlleva. La discusión, alcanzando alturas conceptuales en su intento por definir la esfera de lo público y, muy especialmente, por diferenciarla de la de lo estatal, parecía orientada a enfatizar la homogeneidad de las entidades que constituyen el sistema universitario. Una estrategia para minimizar diferencias es restar relevancia a aquellas características que son más reconociblemente distintas. Desde luego, el carácter estatal o privado de la propiedad de una universidad suele tener un valor binario carente de ambigüedad, lo que hace conveniente que a ese carácter se le quite importancia. Pero en la propuesta de que las universidades deben considerarse todas públicas parece estar en juego, además, una motivación pragmática: el carácter público de todas las universidades iguala la legitimidad para acceder a financiamientos públicos. Sin embargo, así puestas las cosas, podría resultar ventajoso para todos los protagonistas despachar el tema manifiesto, la definición de lo público, y poner sobre la mesa el tema encubierto, el financiamiento.

El primer tema se zanja afirmando que en Chile, como en el resto del mundo, hay universidades que son propiedad del Estado y que por ese hecho se configuran dentro del sistema público de educación. El precepto sintetizador señalado por el Rector de la Universidad de Chile, a saber, que las universidades públicas son las universidades estatales, parece haber terminado por resultar convincente.

Se puede pasar entonces a discutir en sus propios méritos el segundo tema, el del acceso a fondos públicos, en el contexto de los deberes y derechos del Estado con el sistema universitario en su conjunto, así como en sus aspectos diferenciales para los subsistemas público y privado. Pienso con optimismo que un planteamiento como éste, de trazos nítidos, debería ayudar grandemente al diálogo y al logro de acuerdos. Se podrá entonces discutir sobre si resulta justo que la condición de ser estudiante de una universidad pública o privada afecte el derecho de un joven a optar a financiamiento fiscal. Se podrá también discutir si existen políticas proactivas que el Estado considere del caso emprender para beneficiar a jóvenes de situación socioeconómica precaria, para las cuales puede sentirse con más derecho a convocar a sus universidades públicas, a las cuales, después de todo, él financia. 

Dejando inalterados los concursos para investigación abiertos a todo el sistema universitario, se podrán instaurar fondos para el sistema público sobre asuntos de relevancia para el país. Un ejemplo: es increíble que Chile no investigue intensamente sobre los efectos de la exposición intermitente a la altura a la que somete a su fuerza laboral más productiva. Por qué no encargar tal tarea, entre otras, a las universidades de Antofagasta y Atacama. Cabe suponer que a ese tipo de cosas se refería el Ministro de Educación al hablar de investigación científica en el sistema público, referencia que, análogamente a lo ocurrido con el carácter público de las universidades, fue prontamente desvirtuada hacia un problema que no era el problema: la comparación de la investigación actual en universidades estatales y privadas.

No debiera parecer preocupante la reinstalación de un subsistema de universidades estatales y el fomento de las interacciones entre ellas, las que tampoco tendrían por qué ser excluyentes. Entre muchas iniciativas interesantes estaría el destinar cupos preferentes de postgrado que mejoraran los cuerpos académicos e incentivaran investigaciones conjuntas. Tampoco debiera ser preocupante un eventual financiamiento especial, el que, lejos de constituir un favoritismo arbitrario, vendría simplemente a corregir una prolongada negligencia. Imaginemos una analogía: que en Chile por mucho tiempo se hubiera obligado a la Iglesia a desentenderse de las universidades católicas. Si en un momento dado tal coerción se interrumpiera, nadie debería preocuparse, más bien deberíamos alegrarnos todos.

Álvaro Rojas (entrevista de Alejandra Carmona): 

Al rector de la universidad de Talca, Álvaro Rojas, no le extrañó que el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, hablara de un trato preferente para las universidades estatales. “Parte del programa de la Presidenta que fue apoyado por la ciudadanía señalaba explícitamente un apoyo especial a las universidades estatales y también a las regionales”, dice Rojas.

“Nosotros hemos planteado las dificultades de funcionar en un modelo como el modelo chileno de educación superior, donde hay un grupo importante de universidades privadas, algunas de ellas privadas públicas, que funcionan con una serie de fortalezas y de flexibilidad… lo que no nos está permitido a nosotros como universidades públicas, que tenemos que regirnos por todo lo considerado como válido para el sector público, lo que significa reaccionar con lentitud, una sobrerregulación. No sólo de la Contraloría General de la República, sino también del propio Ministerio de Educación, de la Superintendencia de Valores, en fin… Hay una serie de ámbitos que afectan nuestro desarrollo corporativo y el trato preferente tiene que ver con recursos y también con facilitar la gestión de las universidades públicas, que tienen todas estas dificultades para responder adecuadamente a las grandes necesidades de investigación, innovación y de respuestas más instantáneas que se requieren del sistema de educación superior”.

-En cuanto al conflicto en particular, sin duda que las palabras del ministro aumentaron el malestar de las universidades públicas no estatales, pero también fue detonador el informe que evacuaron las universidades estatales y que determinó también que el llamado grupo del G9 sintiera que hay un quiebre de confianzas. Mirando eso con el paso de los días, ¿cree que hubo un apresuramiento o cree que fue legítima esa forma de actuar de las universidades estatales?
-En absoluto. En el programa ya la precandidata Michelle Bachelet planteó algunos temas importantes como eje de su campaña. Cuando seis de las nueve universidades se reúnen con la Conferencia Episcopal, nosotros no queremos que nos pidan permiso ni nos digan sobre qué van a conversar. Creo que es parte de la autonomía. Lo que hacíamos nosotros como instituciones era anticiparnos a mirar lo que son los renglones del programa, con lo que razonablemente nuestras universidades pueden aportar al fortalecimiento de las universidades estatales…

-Pero la discusión más profunda es otra.
-Yo entiendo que aquí hay una discusión ideológica más compleja y lo que aparece como síntoma de discusión son temas mucho más profundos y la sociedad chilena tiene que discutirlos. Hemos estado bajo el imperio de un modelo educacional donde ha sido el subsidio a la demanda el elemento que ha reinado en el mecanismo de desarrollo de las universidades. Las universidades estatales hoy representan alrededor del 17% de la matrícula, pero la tendencia es que de aquí a 30 años no habrá educación pública y al país bien le vale la reflexión de por qué no hay educación pública estatal. Con respecto al modelo de funcionamiento, es cómo se corre la barrera o el velo de lo público. Lo público hoy también los privados lo reclaman; y en la medida que lo público es lo privado, lo público perfectamente puede desaparecer.

-En ese límite, ¿las universidades estatales son las únicas que pueden cumplir un rol público?
-No, en absoluto, pero permítannos a nosotros, que nos une la propiedad pública de los establecimientos del Estado, tener la posibilidad  de conversar con nuestro mandante que es el Estado y tener la posibilidad de discutir aquellos temas que puedan ser relevantes para lo que es la acción del Estado.

-En relación a eso y a la discusión ideológica que está sobre la mesa, le pregunto por el financiamiento de la educación. Tanto los rectores como el movimiento estudiantil han apuntado a la mayor entrega de aportes basales; sin embargo, el ministro ya  ha dicho que además va a seguir existiendo un sistema de voucher. ¿Qué le parece que se mantenga ese modelo?
-La reforma que se quiere proporcionar, no es una reforma que coincida con un período presidencial. Es una reforma que, por los fundamentos que tiene, va a permanecer varios años en el sistema de educación nacional. Sus efectos principales tienen que ver con lo que vamos a cosechar en unos años más. Los cambios  en educación son siempre a largo plazo. En consecuencia, dentro de esos fundamentos, está avanzar en la gratuidad en un plazo de 6 años, terminar con el lucro, y a aquellas instituciones que están acreditadas y cumplen con estándares básicos, entregarles un financiamiento basal. Es decir, no hacer depender del libre mercado el financiamiento de estas universidades que son públicas, que funcionan como públicas… que también tengan una certeza de financiamiento basal. Cuando se fundó el sistema de universidades regionales, más del 60% de los recursos de estas universidades eran basales y progresivamente fueron sustituidos por crédito fiscal. Hoy, en promedio, el 15% del sistema se sostiene con recursos basales. Con esas proyecciones, en 25 o 30 años más, el sistema estatal desaparece y un país sin educación pública es preocupante para la sociedad. Los proyectos privados sólo tienen algunos énfasis y algunas miradas, respetables y que deben existir, y que naturalmente no pueden garantizar los objetivos del Estado.

-Pero si bien el sistema se crea en dictadura, engorda en los gobiernos de la Concertación. En algunos casos con universidades y también con colegios particulares subvencionados. Me refiero a que también hubo capitales de personas de la Concertación para que este sistema siguiera creciendo. ¿Cuál es el mea culpa que no se ha escuchado de la Nueva Mayoría sobre cómo ayudó a administrar este modelo?
-El mea culpa lo han hecho. En algún sentido ellos tenían el interés de generar una masificación de la educación superior, de poder garantizar en cierta medida el acceso a la educación superior de muchos jóvenes y sobre la base de que no había instrumentos para poder controlar de la mejor forma. Una explicación que para mí es insatisfactoria y que casi es peor que la ofensa. La autoridad del Estado es muy fuerte y muchas veces una preocupación especial del Mineduc respecto a un desarrollo que es inconveniente para el interés nacional es suficiente señal para el sistema privado, al menos para entrar en algún tipo de observación. Hay universidades que fueron transadas, vendidas a capitales extranjeros y eso fue hecho sin ni siquiera un alcance público. Entonces, hay una falta de autoridad pública respecto al Estado. Claramente el mea culpa lo hacen algunas personas, pero como sistema no es el momento de empezar a reclamar sino ponerse a la tarea de generar instrumentos que garanticen calidad.

-No títulos de baquelita, como dijo el ministro.
-No quiero ocupar la palabra del ministro de educación… pero que son muy frágiles, que es lo que quiso decir el ministro. Y como son frágiles, hay que cuidarlos demasiado para que tengan valor. Porque tras un título de baquelita estuvo el financiamiento y las expectativas de una familia.

-Cuando se habla de esos títulos frágiles, como dice usted; de baquelita, como dijo el ministro Eyzaguirre, se piensa inmediatamente en la educación universitaria privada. Sin embargo, el déficit no está sólo en ese sistema, ¿también en el sector público?
-No quiero decir lo que está bien o lo que está mal, pero puedo decir que la forma en que fueron financiadas las hizo quedar frágiles como instituciones. Significó que incursionaran en mecanismos de  financiamiento, no fijados en mediano o largo plazo,  sino que se dejaron llevar por lo que estaba en boga… o sea, la captación de estudiantes. Entonces, algunas universidades del Estado, no debiendo, interpretaron mal las señales del mercado, y creo que no es lo que las universidades estatales tienen que hacer… entonces, los rectores terminamos con una espada donde a un lado estaba el mercado  y por otro lado los grandes intereses. Y lo que debe hacer siempre el Estado es asegurar calidad. El Estado no tiene argumento para entregar educación de mala calidad. Algunas personas cayeron en la trampa, pero eso se revirtió.