martes, 27 de mayo de 2014

Gobernanza en Educación Superior

La gobernanza en Educación Superior es un tema relativamente nuevo. Hay una perspectiva global sistémica que se refleja en el análisis de las regulaciones y relaciones entre el Estado, las instituciones de educación superior y la sociedad. Una segunda perspectiva penetra en las organizaciones y se pregunta cómo se gobierna una universidad, un instituto profesional o un CFT. Acá la cuestión es por la estructura de poder y se ha sintetizado en la pregunta sobre quien decide qué en la organización. La gobernanza, en consecuencia, analiza la dirección (y a quien dirige), la estructura, los procesos y los mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas institucional, pero a la vez se pregunta por la relaciones que la organización establece con el entorno.

Una cuestión clave es la legitimidad del poder y la autoridad. Universidades como las estatales eligen sus autoridades por medio de procesos donde algunos pueden votar y otros no. En instituciones privadas, las autoridades centrales son designadas por un directorio, a veces luego de procesos de búsqueda que se encargan a consultoras o mediante comités formados por académicos que analizan el perfil esperado, presentan candidatos y/o reciben postulaciones. En casi todas las instituciones, quien gobierna es distinto de quien gestiona, lo cual ya señala una partición del poder. Si la entidad es además descentralizada, la estructura organizacional puede reflejar los grados de autonomía, los flujos de decisiones y nodos de poder y participación; sin embargo, a veces dicha autonomía, poder y participación son nominales o más bien acotadas.Quien y cómo se gobierna puede definir la orientación institucional, los objetivos políticas y el carácter académico e incide decisivamente en el modo en que la sociedad percibe a la organización.

El artículo que sigue se publicó el fin de semana en un medio nacional y trata de las procesos de elección de rectores en universidades estatales. El autor advierte sobre los riesgos de captura de quienes postulan y son elegidos luego de campañas que son finalmente políticas. Prefiere el modelo de algunas universidades norteamericanas, donde las máximas autoridades sean elegidas por comités o juntas directivas.


Elecciones de rectores y gobernanza de las universidades (por Óscar Garrido Rojas, Rector de la Universidad de Talca entre 1984 y 1986)


En el presente año, 16 universidades -entre ellas, 11 estatales- habrán elegido rector a través de un sistema que tiene al cuerpo académico como gran elector. Este mal sistema es la raíz del problema de nuestra educación universitaria, y la razón la expresa con crudeza el profesor J.L. Zwingle: "La educación es demasiado importante al interés público para confiar totalmente su dirección al cuerpo académico, cuyos propios intereses, como el de cualquier grupo profesional, están siempre presentes".

En el ámbito internacional, las universidades chilenas se ubican en una posición mediocre, y ninguna se sitúa entre las 400 mejores, del total de 500 que reconoce el reputado Ranking Internacional de Universidades 2013, de la Universidad de Shanghai, y solo dos (la Universidad de Chile y la Universidad Católica) se ubican en el tramo 401-500.

Estados Unidos tiene las mejores universidades del mundo. Sin embargo, los procedimientos electorales para nombrar a sus rectores le son ajenos. Es ilustrativo, a este respecto, lo resuelto por la junta de regentes de la Universidad de California en 2008, que, acogiendo la recomendación de un comité de búsqueda, nombrara por unanimidad a Mark G. Yudof como el decimonoveno presidente (rector) de la universidad.

Yudof venía de desempeñar igual cargo desde 2002 en el sistema de la Universidad de Texas. Antes había sido rector de la Universidad de Minnesota y decano y preboste de la Universidad de Texas, en Austin. En la Universidad de California, el rector Yudof es responsable de administrar 10 campus (Los Ángeles, Berkeley, San Francisco y Davis, entre ellos), cinco centros médicos, tres laboratorios nacionales afiliados, una red estatal de programas agrícolas y de recursos naturales, 220 mil alumnos, 120 mil profesores y personal de administración, y un presupuesto anual de US$ 18 mil millones.

Lo anotado no solo da una idea de la forma como son nombrados los rectores de las universidades en Estados Unidos, sino que además indica la autoridad que tienen los boards como órganos de gobierno, cuyos miembros son personeros distinguidos de la comunidad regional o nacional, sin relación contractual con la institución que gobiernan, y que en las universidades estatales representan el interés público; es decir, a la ciudadanía, que las financia con los impuestos que paga.

Allí deben aprobarse el presupuesto de la universidad y los proyectos de desarrollo, y allí también se nombran los "comités de búsqueda" para llevar a cabo los procesos para designar rector, guiados por el precepto de buscar al mejor que esté disponible para asumir el cargo, dondequiera que se encuentre, sea dentro o fuera de la institución, mecanismo infinitamente más racional y eficiente que el electoral, tan perniciosamente arraigado en las universidades tradicionales chilenas.

Años atrás, el entonces vicepresidente de finanzas de la Universidad de Harvard, Dr. O'Brien, consultado sobre el efecto que tendría en las universidades de Estados Unidos el que los académicos eligiesen a sus rectores, manifestaba: "Depende de la calidad de los académicos. Pero creo que produciría más una relación de tipo político y de compromiso que un mejor interés por la universidad. A menudo, la elección recaería en alguien que prometerá cosas por una facultad que a la larga no serviría a los mejores intereses de la institución. De manera que en Estados Unidos, en general, no hay universidades particulares o públicas en que los académicos voten de manera formal en la elección del presidente. Por supuesto que la junta de gobernadores es cuidadosa de elegir a alguien que tenga independencia, pero no hay votos de los académicos en ninguna parte".

Las apreciaciones del Dr. O'Brien son una pálida aproximación a la realidad de las universidades chilenas. Las elecciones de rectores por los académicos han alentado la formación de grupos de interés, la burocracia y la ineficiencia en la administración de los recursos financieros, dando lugar a un clima de crisis permanente. Con frecuencia, las elecciones han estado precedidas de odiosas denuncias, descalificaciones entre los candidatos en disputa, compromisos en la repartición del poder para obtener los votos que aseguren el triunfo, y algunas han terminado en pugnas judiciales.

A la hora de legislar, los poderes públicos debieran tener presentes las certeras palabras del Presidente Aylwin: "La universidad no es patrimonio de los actuales miembros de la comunidad universitaria. Existe para estar al servicio de los intereses generales y permanentes de la nación".

Gobierno y Parlamento deberían acordar una auténtica reforma dirigida a efectuar cambios radicales en el gobierno de las universidades públicas, que elimine los procedimientos electorales para nombrar a quienes deben dirigir los planteles universitarios y otorgue a las juntas directivas el poder para escoger a los mejores líderes académicos, dondequiera que se encuentren, a fin de que cumplan sus tareas, sin ataduras ni compromisos que contraríen el mejor interés institucional.

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