Ideología y evidencias en educación

Fuente: http://www.fundacionsistema.com

En temporada de balances y proyecciones, afloran inevitablemente las ideas que cada uno defiende. Basta revisar las opiniones del Colegio de Profesores, las columnas en la prensa de diversos analistas y la llamada "cuenta pública 2012" del MINEDUC. En todas ellas, es más o menos explícita la ideología educativa o el relato sobre el significado y la relación entre educación y sociedad y el programa que se propone para hacerlo realidad. Simultáneamente, en la justificación y crítica de las acciones y decisiones, emerge un cierto cientificismo, apelando a las hoy populares y casi obligatorias "evidencias", esto es, las afirmaciones que se hacen sobre determinados tópicos educativos basados en estudios científicos y, crecientemente, a las lecciones de política que se importan desde otros países u organizaciones multinacionales (como la OECD, el Banco Mundial, la UNESCO y otras). En este caso, se suele decir que las evidencias (de)muestran que lo que se debe hacer es tal o cual cosa porque de ese modo se alcanzarán las metas anheladas. A renglón seguido, se califica como falacias, prejuicios o mitos aquello que no se condice o no se estima coherente con las evidencias que se han seleccionado como respaldo a los argumentos que se defienden. La mentada evidencia al servicio de la ideología.

Es una discusión que se presenta acá y en otros lares. A manera de ejemplo, en España, el debate es intenso porque, pese o acaso precisamente por la crisis y su hipótesis de salida de la misma, el gobierno se ha empeñado en implementar un conjunto de cambios educacionales que implicaría un giro radical respecto de lo realizado hasta hace poco. Así pues, desde la oposición se acusa al gobierno actual de imponer una reforma que responde más a la concepción de sociedad que promueve el Partido Popular y menos a las metas que pudieran determinarse luego de analizar la situación actual de la educación en dicho país: "recorte y LOMCE son parte de un mismo plan que no responde a ninguna exigencia coherente, sino a una deliberada voluntad de convertir al sistema educativo en un medio para la separación y la selección social. Un cambio por el cual un sistema que da oportunidades pase a ser un mecanismo más de exclusión", dice María del Mar Villafranca, del PSOE. Dicho de otra forma, no sería -si se cree a Villafranca- sino una porfía ideológica del PP que no atiende a la evidencias, al realismo, a la experiencia comparada, a "los formatos de éxito" como dice ella misma.

En Chile, la discusión sobre el rol o la responsabilidad del Estado y del mercado (disyuntiva que resulta impropia, dado que el primero es un actor y el segundo un lugar o -cuando mucho, un criterio de distribución, diría Atria) es igualmente polar: unos atacan al mercado como el responsable del presunto desastre o colapso del sistema educacional regido por la racionalidad instrumental, el individualismo y la orientación al lucro. Ha sido el abandono de la razón gubernamental del Estado y su reemplazo por la gubernamentalidad de mercado la que ha generado esta corrosión del significado y alcance de la educación en Chile. La racionalidad del mercado, a la vez, no solo ha impregnado los discursos, sino la forma en que representamos y vemos el mundo y a los otros, convirtiéndose en el eje estructurante de lo común, logrando que el Estado se representara (o sea, se viera a sí mismo) de manera tal que se inhibiera de actuar, pues el mercado -para ser- requiere la mínima acción estatal o el más amplio espacio para moverse. La razón gubernamental (del Estado) es favorecer la razón de mercado, tal cual. O, para usar una afirmación de Rodríguez Freire (2012), el mercado es el orden del mundo y el Estado solo su catalizador.

Lo anterior es un argumento que busca interpretar el estado actual de las cosas en Chile y, en su abono, se puede allegar evidencias tales como los fraudes de los que se acusa al ex-presidente de la CNA, la revocación del reconocimiento a la Universidad del Mar y el listado de establecimientos a los que se ha cancelado su carácter de cooperador del Estado en la tarea educacional. Con todo, no cabe duda que muchos calificarían estos párrafos como "ideológicos", pese a reconocer la veracidad de las evidencias... ¿Por qué? porque estas evidencias no serían reconocidas como legítimas, pues a las evidencias verdaderas se las entiende como aquellas conclusiones y hallazgos que resultan de la aplicación del método científico e, idealmente, de abordajes donde el andamiaje metodológico incluya modelamiento matemático y pruebas estadísticas. 

La perspectiva dominante entiende hoy las políticas educativas como orientaciones y líneas de acción estatal fundadas en evidencia empírica, a saber, la que se desprende de estudios e investigaciones como las bosquejadas. La política educativa así entendida tendría una asepsia y un carácter incuestionable, dada la supremacía epistemológica de sus fuentes o fundamentos (las evidencias empíricas). El programa de medidas de gobierno no sería otro que aquellas iniciativas que la literatura experta recomienda para alcanzar ciertas metas educacionales necesarias para llevar al país al desarrollo en el más breve plazo. Así visto, es esperable que un gobierno aparezca como carente de un proyecto educativo y que la gestión ministerial se asemeje a un listado de acciones dispersas o como reacciones a la coyuntura nacional. Es política basada en un mix de evidencias y lecciones a partir de la experiencian en otros países (como si éstas no se fundaran en un proyecto o idea educativa) y en la racionalidad y puja de mercado: acción estatal que resulta de transacciones entre grupos de presión y elites.

Sin embargo, la experiencia chilena reciente sugiere varios aprendizajes. Primero, que la educación es demasiado importante para los ciudadanos como para dejarla solo en manos de aquellos que comprenden las políticas educacionales como un mero portafolio de medidas basadas en evidencia empírica o que dan respuesta rápida a los temas emergentes.La educación exige un relato, una visión y un proyecto socialmente legitimado. Segundo, que las evidencias siempre son tributarias de una determinada ideología. Es ingenuo suponer que la ideología subyacente no exude a través de las evidencias que se enarbolan como verdades, sobre todo cuando la experiencia cotidiana muestra la debilidad de los argumentos que se apoyan en esas evidencias. Tercero, que la salida parece estar en una auténtica y franca búsqueda del consenso. Se hace urgente un nuevo pacto social por la educación, uno que supere la visión de una acción política basada en supuestos, estrategias y metas no compartidas y se aboque a la construcción y consecución de un proyecto educativo nacional. Hoy resuena con plena vigencia lo que escribió Juan Carlos Tedesco (1995) hace casi dos décadas: "la alternativa a la reforma tradicional y a las revoluciones de diferentes signos será una estrategia de cambio por acuerdo, por consenso, por contrato entre los diferentes actores sociales [...] A diferencia del mercado y de la planificación, apelar a la concertación implica resguardar la esfera de la política en la toma de decisiones. El mercado, en cambio, suprime la política y deja la toma de decisiones librada al resultado de la pugna de diferentes grupos representativos de intereses particulares y de corto plazo. El autoritarismo, a su vez, elimina la política porque deja todo el poder en manos de un solo actor social".