Andrés Bernasconi: Educación superior en Chile

Fuente: http://www.uc.cl

Andrés Bernasconi es un académico que hoy forma parte de la Facultad de Educación de la PUC y del CEPPE. Su opinión sobre la educación superior y las perspectivas de la misma es una notable excepción entre la pléyade de comentarios  catastrofistas. Esta columna se publicó en La Tercera y se llama "Educación superior: bases para una transformación"

Hace poco me preguntaron en una entrevista si la educación superior chilena está realmente tan mal como parece. La inquietud es justificada, especialmente hoy, cuando decenas de miles de postulantes deben optar por una carrera y una institución: bajo el lente de las movilizaciones estudiantiles de 2011 y el escándalo por las acreditaciones irregulares de 2012 la educación superior chilena puede evocar el campo derrotado después de la batalla. Varios muertos, múltiples heridos, timbales y trompetas pisoteados, pendones rasgados, humo, desorden y confusión por doquier. 

Pero esta imagen, o cualquiera otra que represente postración o catástrofe, están fundamentalmente divorciadas de la realidad.  Aunque no sea el momento más propicio para subrayarlo, en honor a la verdad corresponde recordar que, no obstante sus muchos problemas y debilidades, la educación superior chilena es con mucha distancia la mejor de América Latina, y ajustando por su costo, probablemente también superior a varios sistemas de Europa.

Mídasela por la productividad de sus científicos, la competitividad internacional de los mejores profesionales que forma, los niveles de empleabilidad y remuneraciones del promedio de los profesionales y técnicos que egresan de ella comparados con los que sólo completaron la secundaria, la tasa de participación en ella de los jóvenes más vulnerables, la capacidad de afirmar las instituciones del estado de derecho y la democracia, su prestigio, su capacidad de crecimiento, cambio y adaptación, entre otros indicadores, la educación superior de Chile quedará siempre adelante en su grupo natural de referencia. A mayor abundamiento, la empinada trayectoria de crecimiento cuantitativo y mejoramiento cualitativo de nuestro sistema terciario permite proyectar que este liderazgo no hará sino incrementarse en la década que viene.

Pero la educación superior de Chile, como la de EE.UU, y a diferencia de la de la mayoría de los países de Europa, es muy heterogénea, de tal suerte que el nivel de desempeño promedio no refleja la situación de la mayoría de las instituciones, sino la mezcla de resultados muy buenos, propios del primer mundo en algunas instituciones, con experiencias muy pobres, típicas de la pobreza más agobiante, en otras. Y sin embargo, muchos de los instrumentos usados en el sistema vienen en un solo modelo y talla. La PSU es un buen ejemplo: instrumento de selección útil para algunas universidades, es poco relevante para otras, y menos aún para los institutos profesionales y los centros de formación técnica. 
Muchos de los abusos que hemos conocido en el último tiempo han sido atizados por un clima de permisividad en que las restricciones son pocas y nadie vigila que se cumplan las que hay. La gran novedad en el caso de la Universidad del Mar no radica tanto en la investigación judicial del Ministerio Público como en el sumario administrativo del Ministerio de Educación, que por primera vez da aplicación a la norma que desde 1981 permite cerrar  una institución autónoma por causales de grave infracción a la ley o a sus propios estatutos.

Entonces, un primer paso es fortalecer el aparato regulatorio del Estado, en la dirección propuesta por el gobierno: legislar un nuevo sistema de acreditación que asegure estándares de calidad, y aprobar una Superintendencia de Educación Superior que vele por el cumplimiento de la ley, en especial para proteger los derechos de los estudiantes y para fiscalizar que las universidades no realicen operaciones lucrativas para sus sostenedores.

Aun en el escenario actual, sacar estas dos leyes del Congreso no será fácil, y seguramente ocupará, junto con otros proyectos ya presentados en Educación, todo lo que resta de la actual administración. Quedarán, entonces, para el nuevo gobierno, otros problemas a abordar, quizás menos urgentes, pero igualmente importantes para mejorar nuestro sistema de educación superior.

Una lista no exhaustiva ni priorizada de estas otras reformas pendientes incluiría la eliminación del distorsionador incentivo financiero a las instituciones asociado al uso de la PSU, por virtud del cual se les entregan recursos según los puntajes de los alumnos que matriculan, paso previo esencial para desbloquear la revisión de la PSU como instrumento de selección, la creación de un régimen de habilitación inicial y certificación periódica para el ejercicio de las profesiones adicional al diploma universitario -quizás empezando por unas pocas profesiones, como está ocurriendo con Medicina, y podría luego ser el caso de las pedagogías-, la reforma de Conicyt, que, apropiadamente ubicado como está en el Ministerio de Educación, no puede, sin embargo, seguir siendo gobernado como una monarquía, donde las ideas del presidente del organismo (por más iluminadas que sean) son la política de ciencia del país; asimismo, se requiere la creación de una verdadera plataforma de diálogo entre el ministerio y el sistema de educación superior, que se amplíe a todas las instituciones del sistema y mejore la calidad de la limitada interlocución que provee hoy el Consejo de Rectores, y la modernización del estatuto jurídico de las universidades estatales y de sus sistemas de gobierno y control de gestión.

En este contexto, la crisis de la acreditación ofrece una oportunidad como no se ha dado desde el retorno a la democracia, de hacer política de educación no desde las trincheras ideológicas del estado docente, por un lado, y la libertad de enseñanza, por el otro, como siempre se ha dado en Chile en materias educacionales, sino a partir de las lecciones de la experiencia de 30 años de aplicación de un modelo de educación superior esencialmente basado en el mercado, con una débil regulación pública, y una conducción gubernamental que usa casi exclusivamente el financiamiento como herramienta de política, y que necesita ahora desentumecer y poner en acción su brazo regulatorio.