lunes, 29 de octubre de 2012

Claves de una educación pública de calidad

Fuente: http://www.colegiodeprofesores.cl
Los gobiernos locales tienen a su cargo la educación pública, aquella que es de propiedad y financiamiento estatal, aquella que también es laica y que en general no puede seleccionar ni discriminar a sus estudiantes (digo en general porque, inexplicablemente, en los establecimientos públicos la ley chilena posibilita el copago y la selección académica en toda la enseñanza media y también hace posible la selección académica en el tramo final de la enseñanza básica). Por tanto, allí se juega una parte sustantiva del proyecto educativo y social del país.

Pese a la relevancia estratégica de la misión encomendada a los municipios, éstos -casi sin excepción- han incumplido las expectativas y la educación pública vive una profunda crisis financiera, de efectividad y de vocación. Otra vez, salvo contados casos, los alcaldes y concejales han descuidado la educación a su cargo. Evidencias de dominio público: la matrícula ha caído en todo el país y no hay gobierno municipal que pueda sostener seriamente que en su gestión la matrícula ha mejorado. A juzgar por los resultados, no cabe sino concluir que el financiamiento es mal gestionado, aun cuando hay fondos especiales cuantiosos (el llamado fondo de mejoramiento de la gestión municipal alcanza cientos de millones de dólares cada año) y otro monto significativo ingresa por concepto de subvención escolar preferencial (SEP). Los costos se incrementan, tanto por regulaciones que rigidizan y encarecen la dotación docente (el Estatuto Docente) y porque aun persisten prácticas de gestión de personal (en buen romance, clientelismo) que aumentan la dotación sin real justificación. Sorprendentemente, aun hay municipios que carecen de un equipo técnico capaz de impulsar y acompañar los procesos de gestión institucional y pedagógica. Numerosos alcaldes no tienen vocación pública, desconocen la situación educativa comunal y no pocos directivos municipales de educación carecen del liderazgo y conocimiento para alinear y conducir a los equipos de cada establecimiento. Y, para cerrar, los nuevos procesos de selección de directivos imponen metas a borde de lo imposible, sobre todo en materia de aumento de matrícula, simplemente porque esta variable de gestión no es controlable por cada establecimiento.

Una educación pública de calidad es posible. La literatura nacional e internacional insiste en que el punto de partida de una gestión educativa local con resultados es político y condensa en un propósito moral, es decir, en la definición colectiva y compartida de un horizonte normativo y de las razones por las cuales vale la pena tener escuelas y liceos públicos. Por cierto, esto debe ser especialmente claro y elocuente en el alcalde (o la alcaldesa), pero debe encarnar cotidianamente en los directivos municipales a cargo de la educación pública. Operacionalizando este propósito moral, se debe llegar a definir un conjunto de metas (3 o 4) de amplia difusión y luego a definir una matriz de gestión que ordene los recursos y regule los procesos clave, tanto en el gobierno local como en cada establecimiento escolar, de forma que más tarde la información, seguimiento y evaluación de los factores clave sea consistente y fluida. Cada establecimiento debe tener una importante cuota de autonomía de gestión, en equilibrio con sus capacidades y las prioridades que se definan. Las metas deben armonizar objetivos de cada establecimiento con prioridades comunales, asumiendo que hay condiciones y procesos críticos que son de base y otros que son más propios de estadios de madurez institucional avanzados (reconocer y operacionalizar esta gradiente en una de las tareas del equipo comunal). Cada equipo debe ser exigido según las metas, pero también en estricta consonancia con las oportunidades, capacidades y recursos provistos.  En síntesis, el problema es de recursos, capacidades y alcance; la solución es política y técnica y requiere del despliegue de una plataforma de gestión y convicciones que animan y legitiman la acción local por la educación pública.

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