Giro en el conflicto sobre la educación pública

Ayer, el MINEDUC resolvió adelantar las vacaciones de invierno en los establecimientos hoy en toma o paro, argumentando que, de este modo, quiere "evitar la pérdida de más clases y que la calidad de éstas se vea afectada al tener que extenderlas más allá del 15 de enero". Por cierto, la interpretación dominante en los medios es otra: el MINEDUC quiere presionar a los estudiantes movilizados luego que éstos rechazaran la propuesta ministerial. La medida es legalmente curiosa: los calendarios escolares tiene validez regional (son aprobados por la SECREDUC respectiva y puende ser modificados por circunstancias especiales, como la emergencia post terremoto y contingencias climáticas) y no por establecimiento, salvo que cada uno de éstos solicite al MINEDUC la aprobación de un calendario especial (como ocurre con aquellos que mantienen régimen trimestral, por ejemplo); en este caso, es al revés: el MINEDUC pretende decretar vacaciones para algunos establecimientos, mientras que los demás deben continuar con sus clases normales. El MINEDUC pretende intervenir en el espacio de decisión autónoma y responsable de cada establecimiento y sostenedor, algo que las autoridades de este gobierno han defendido en otras ocasiones. Por lo mismo, lo que debiera ocurrir es que cada sostenedor resuelva si acepta esta intrusión ministerial.

Desde el punto de vista de la gestión del conflicto, es claro que la hipótesis del MINEDUC es que en un escenario de vacaciones escolares, pesarán los intereses individuales de cada estudiante movilizado y que éstos gradualmente se descolgarán del paro, restándole adhesión a sus dirigentes y sus demandas. La primera reacción, en cambio, ha sido de rechazo a la medida ministerial y de ratificación de la voluntad de marchar y persistir en el paro. El MINEDUC y el gobierno, a la vez, han señalado que el movimiento "se ideologizó", pues el petitorio ahora incluye cuestiones relativas a reformas constitucionales, re-nacionalización del cobre y otras medidas que exceden lo que estiman propiamente "técnico" o educativo.

En claro apoyo al gobierno, la editorial de El Mercurio de hoy hace una revisión de las demandas secundarias y universitarias, señalando que varias de éstas son inviables y contra-tendencia, es decir, no corren en la misma dirección de otros países que este diario apreciaría que Chile intentara emular. Cito:

"Es el caso, por ejemplo, de la demanda de estudiantes secundarios por centralizar la educación escolar. Es legítima la duda en cuanto a si la municipalización es el modelo apropiado para organizar la educación estatal, pero no la hay en cuanto a que los modelos exitosos de educación pública son descentralizados. Una educación centralizada sirve sólo a los intereses de gremios, como el Colegio de Profesores, pero no a la calidad. Algo similar ocurre respecto de incrementos del aporte fiscal directo o, más generalmente, del financiamiento basal a universidades estatales. Este modelo de financiamiento está en retirada en el mundo, asignándose cada vez más recursos sobre la base de convenios de desempeño con contrapartidas asociadas al volumen y calidad de la investigación y desarrollo, y a demandas específicas sobre docencia. Y más allá del modo de asignación, se puede debatir si los recursos para educación superior son suficientes, pero ambos factores están íntimamente relacionados. Si se pidiesen más recursos distribuidos por medio de convenios de desempeño a instituciones con altos estándares de investigación y docencia, probablemente el enfoque de las autoridades y del país, en general, sería distinto.

Tampoco parece conveniente que el Estado financie una parte significativa del costo de la docencia en educación superior. No hay en ella mayores externalidades, y sus egresados pertenecen habitualmente a los grupos de más altos ingresos. Una reforma de esa naturaleza atentaría contra la equidad, que, según argumentan los movilizados, sería el centro de sus inquietudes. Por cierto, esto no obsta a mejorar los sistemas de becas y créditos vigentes. Respecto de esto último, el Gobierno ha ofrecido interesantes cambios.

Asimismo, si bien es razonable clarificar la naturaleza jurídica de las universidades para resolver la cuestión del lucro, no sería sensato limitar el desarrollo de la educación privada que estos planteamientos promueven, y que se traduce, por ejemplo, en su escasa consideración respecto de la posibilidad de financiar a estudiantes vulnerables que asisten a esas instituciones, incluso debidamente acreditadas.

Esa escasa disposición a repensar mejor el sistema de educación superior se nota no sólo en los enfoques propuestos, sino también en los omitidos: por ejemplo, cómo asegurar una formación más general, una duración más breve de las carreras y un sistema de educación superior más articulado, para minimizar la deserción actual y asegurar mayores oportunidades; o cómo avanzar hacia un mejor sistema de acreditación basado más en resultados que en procesos.

Y respecto de la educación secundaria, por otra parte, no se escuchan voces que les pidan más a directores y profesores, sin cuya máxima eficiencia una educación de calidad y más equitativa resulta una quimera.

En este cuadro, no sorprende que los estudiantes rechacen las propuestas del ministro Lavín y mantengan las movilizaciones, pero es importante que el país, incluido el Consejo de Rectores, tome distancia de este juego de demandas que no reflejan los intereses nacionales. Más aún, es ostensible que nuevas exigencias añadidas en los últimos días -reforma tributaria, más royalty, renacionalizaciones, entre numerosas otras- no tienen relación específica con la educación".