¿Nueva crisis de la educación pública?

Mientras ya suman más de 40 los establecimientos secundarios en toma, algunas autoridades y políticos comienzan a manifestar preocupación por esta escalada, pues se suma al evidente conflicto de la educación superior. Sobre todo a los partidarios del actual gobierno, el asunto los desconcierta pues estiman que las recientes leyes aprobadas (Ley General de la Educación, Ley de Calidad y Equidad de la Educación y Ley de Aseguramiento de la Calidad) constituyen claros avances que deberían fortalecer la educación pública. Entonces, comienzan a señalar que estos desórdenes y los conatos de agresión al Ministro Lavín, son parte de un fenómeno de deterioro de la civilidad, de descrédito y malestar con los políticos, además de expresión de una tendencia mundial de movilización social, análoga a los movimientos de indignados en España y otras partes del mundo. Lucas Sierra ha dicho que la calle no es el foro para expresar demandas atendibles, pues campea la desigualdad, el oportunismo y el predominio del grupo más fuerte o del más organizado a la hora de las decisiones, mientras se acalla e ignora a los sin voz que no salen a marchar (¿no es también aplicable este argumento a los medios de comunicación?). Tal ves pensando parecido, otros recomiendan al gobierno cautela y seguir con su propia agenda, pues abrirse al diálogo no es sino una forma de renunciar al control de la agenda política.

Unos pocos, sin embargo, comienzan a reconocer que las demandas tienen cierto asidero, pues es clara y sintomático el abandono de algunos liceos y porque la base de los reclamos converge en el contenido del proyecto de fortalecimiento de la educación pública, relegado al olvido o al menos postergado hasta el segundo semestre. Otros, más lúcidos, reflexionan sobre la dureza estructural del sistema escolar, cuya fábrica reproductora de desigualdades opera a plena capacidad, impermeable a los ajustes que suponen las nuevas leyes, mismas que -dicho sea de paso- apenas comienzan a ser instrumentadas. Vale decir además que sus efectos no son inmediatos -como casi nada en educación- por lo que resulta comprensible que los nuevos pingüinos sigan enarbolando similares demandas que sus antecesores.

El punto es claro: la política opera a un nivel de abstracción y generalidad de escasa capacidad de diálogo con la cotidianeidad y la cultura escolar. Es, por consiguiente, tarea de las autoridades y políticos mostrar indicios de concreción de la promesa subyacente en las recientes leyes, pero acá es donde el MINEDUC y el gobierno son débiles: no hay en ellos ni la convicción ni los argumentos para defender la educación pública del modo en que los estudiantes secundarios ni de la educación superior la entienden; antes bien, la representación del problema y el programa de acción que el MINEDUC y el gobierno han postulado o insinuado hasta ahora, no hacen sino exacerbar los ánimos de quienes hoy reclaman.