Acuerdo de reforma educacional en Chile

El debate acerca de los alcances políticos del acuerdo al que llegaron el gobierno y parlamentarios opositores, mediado por el ofrecimiento de cuantiosos recursos para los municipios (105 mil millones de pesos), ha nublado la discusión sobre el significado que esta nueva reforma puede tener para la educación pública. Lo cierto es que se trata de una iniciativa de ley que deja a algunos contentos y a otros insatisfechos.

Como es obvio, entre los primeros está el Gobierno, quien ha destacado los aportes extraordinarios a los municipios para incentivar el retiro de 13.000 docentes, la flexibilización de los criterios de despido de profesores en el sector municipal, la obligatoriedad de una prueba de conocimientos para los egresados de las pedagogías y los incentivos para quienes obtengan en esta los mejores resultados.

Acompaña en este entusiasmo al Gobierno, el Movimiento Educación 2020, quienes se ufanan de haber influido en la discusión parlamentaria y de ser ahora asesores legislativos. Uno de los focos de entusiasmo de este movimiento es la relevancia asignada en el proyecto legislativo, a los directores y sus condiciones de trabajo. Sin embargo, matizan su algarabía con una prevención: esta reforma le dará un alivio a la educación municipal, pero no resuelve el problema fondo. Lo pendiente es una discusión nacional sobre la educación pública y la calidad de la educación, además de la Carrera Docente.

Entre quienes parecen satisfechos, pero menos efusivos, está el columnista Carlos Peña, quien centra su reflexión en la importancia de una educación pública de calidad para una sociedad democrática, en reacción a la opinión de Patricia Matte, que señaló que los costos comprometidos son demasiado altos. Peña argumenta que una sociedad, en tanto comunidad democrática, comparte un ideario de inclusión, igualdad y libertad que exige una educación pública de calidad "que en vez de cultivar las preferencias de las familias, enfatice los valores y las virtudes que son propias de la vida cívica. Con una educación pública vigorosa y de calidad, las familias tendrán fuertes incentivos para matricular a sus hijos en ella y la sociedad en su conjunto mayores posibilidades de esparcir los valores que son propios de la vida democrática".

Entre los insatisfechos, no cabe duda que está la dirigencia del Colegio de Profesores, para quienes esta reforma pone en serio riesgo a la educación pública y, sobre todo, aumenta la precariedad laboral de los docentes que allí trabajan. Este último punto les ha llevado a sostener que, más que una reforma educativa, se trata de una reforma laboral que viene a modificar el Estatuto Docente. Siendo plausible, lamentablemente este argumento empalma bien con otros antes planteados por la dirigencia del Colegio de Profesores, construyendo la percepción de que a los docentes parece importarles ante todo su propio bienestar. En su descargo, hay que señalar que evidentemente los Gobiernos recientes vienen apuntando con dedo acusador a los profesores y al corporativismo gremial como los responsables de la baja calidad de la educación pública. El ánimo defensivo, por lo mismo, resulta comprensible.

Por otra parte, para algunos académicos (ver, por ejemplo, el artículo de García-Huidobro y Concha, en Le Monde Diplomatique, nro.115), este proyecto de reforma integra un conjunto de señales antes dispersas y configura un claro esquema donde el sistema escolar es representado como un lugar de encuentro de recursos e intereses individuales opuestos unos, convergentes otros, donde la acción individual, la competencia y los incentivos operan como reguladores del desempeño y agentes de cambio. El Estado, a su vez, viene a ser un generador de condiciones y/o creador de escenarios donde las acciones de los individuos se despliegan signadas por una estricta e invisible racionalidad pragmática y utilitaria.

En relación con el provenir de la educación pública, la opinión de García-Huidobro y Concha es igualmente crítica: sostienen que en la autodenominada "revolución educativa" no se visualiza un proyecto específico o una acción directa destinada a fortalecer la educación pública, pese al consenso respecto del agotamiento o fracaso del modelo actual de administración municipal, crisis atribuible no sólo a la relativa incapacidad de muchos de sus gestores, sino mucho más a cuestiones estructurales que incluso desbordan el sistema escolar y remiten a la segmentación socio-espacial de la sociedad chilena.

El Protocolo de Acuerdo firmado por el gobierno, los representantes de los partidos que lo apoyan y los representantes de buena parte de la oposición, con todo, incluye medidas con insoslayables consecuencias para la educación pública de gestión local, hoy en los municipios. Las principales medidas que incluye son:

1. La creación de un Fondo transitorio de Apoyo a la Mejora de la Calidad de la Educación Municipal, por 45 mil millones de pesos a pagar en tres años. Estos recursos serán concursables y l uso de estos recursos está sujeto a proyectos de mejora, con una orientación muy similar a la que hoy mueve al Fondo de Apoyo a la Mejora de la Gestión Municipal, que los municipios del país vienen usando desde 2008. No hay evaluaciones nacionales acerca de la efectividad de este Fondo, con lo cual sigue vigente la pregunta sobre las capacidades municipales para gestionar procesos de mejora. Antes bien, lo que se sabe es que estos recursos han servido para generar negocios con pingües ganancias para unos pocos, bien relacionados con municipios de diveross color político.
2. Un fondo de retiro para 13 mil docentes, que tienen o cumplen su edad de jubilar hasta diciembre de 2012. Como ha dicho el Colegio de Profesores, la forma en que se ha comunicado este incentivo ha sido equívoca porque se ha dicho que los profesores que se acojan a él, recibirán hasta 20 millones de pesos, pero esta posibilidad está restringida a muy pocos. A mi entender, subyacen en esta medida dos elementos: de un lado, el reconocimiento de que las condiciones de jubilación de muchos profesores no son aceptables; y del otro, un claro prejuicio sobre la capacidad de los profesores en edad de jubilar.
   
3. Anticipos extraordinarios de subvención para los municipios que no logren financiar el plan de retiro antes señalado. Para recibir estos recursos, los municipios deberán suscribir un convenio con el MINEDUC, convenio que incluye el compromiso de disminuir sus gastos en un monto al menos equivalente al valor de la cuota de este adelanto de subvención.
   
4. La ampliación gradual de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), hasta 4to. año de enseñanza media. La SEP ha sido de gran ayuda en muchas escuelas, pero también ha servido para que se malgasten recursos y se imponga a las escuelas y sus docentes a programas de asistencia técnica de dudosa calidad. Antes de ampliar su alcance, cabe, por tanto, exigir una evaluación cuidadosa de los resultados de la SEP, tanto en términos de eficacia operacional, de sus efectos en los aprendizajes de los niños, como de sus efectos en la segmentación del sistema escolar.
5. Se amplía el uso de los recursos SEP en las escuelas, lo que podrán servir para contratar profesores ayudantes, a fin de disminuir las horas lectivas y reducir el tamaño de los cursos.
   
6. La carrera docente, por su parte, será intervenida mediante un aumento del 30% de la Asignación Variable de Desempeño Individual, para los docentes que trabajen en escuelas y liceos con alto índice de vulnerabilidad.
7. A la vez, aquellos que sean calificados como "de desempeño básico" por la Evaluación Docente, deberán someterse a una evaluación cada 2 años. Esta evaluación será propuesta y definida por cada sostenedor y debiera poner el acento en aquellas dimensiones del desempeño no cubiertas por la Evaluación nacional (conductas de trabajo, conocimientos disciplinarios y nivel de aprendizaje de sus alumnos, entre otras). Hay acá un enorme espacio para que cada municipio implemente sistemas de evaluación con relativa discrecionalidad; hay también un juicio crítico al actual sistema de evaluación vigente desde 2003; y, por último, hay una ampliación de la presión evaluativa, misma que ahora caerá sobre los profesores considerados "de desempeño básico" (que son la mayoría).
8. Estos profesores, así como los calificados como "insatisfactorios" podrán ser despedidos, cubriendo hasta el 5% de la dotación anual de cada establecimiento. Esta medida, junto con la anterior, modifica sustancialmente el sistema actual de evaluación de los profesores del sector municipal.
9. El sistema de acreditación de instituciones de educación superior será revisado para que sus resultados permitan hacer comparaciones entre los resultados de la acreditación y los resultados que los egresados de pedagogías obtengan en una prueba obligatoria. Es decir, ambos elementos debieran guardar relación, de modo tal que la acreditación sea también un criterio para juzgar la calidad de los egresados.
10. Se establecerá un estándar mínimo de egreso de las pedagogías que servirá como habilitación para la docencia en el sector subvencionado.
11. Se suscribirán convenios de desempeño con las instituciones que formen profesores, en aspectos como renovación de académicos y de planes de estudio, incentivos para profundizar las prácticas y perfeccionar los mecanismos de selección de estudiantes.
12. Se modificará la situación de los directivos, sus facultades, remuneraciones y formación. A la vez, habrá programas acreditados de formación de directivos.
13. Se continuará con la política de ampliación de cobertura y mejora de la calidad de la educación parvularia.
14. Se definirá una política de Enseñanza Técnico Profesional (EMTP) y se creará un programa de incentivos para que el 5% de los mejores egresados de EMTP ingresen a la educación superior, independientemente del puntaje PSU que hayan obtenido.

Como se ve, muchas de las medidas anunciadas tienen repercusiones en la educación municipal, alterando sus condiciones y recursos de gestión actuales.