La discusión sobre el lucro en la educación financiada con recursos públicos se dio con fuerza durante la discusión de la Ley General de Educación (LGE). El resultado fue la derrota para quienes postulaban que era ilegítimo que un proveedor privado de servicios educacionales (un sostenedor, como se denominan en Chile) obtuviera ganancias por la gestión del servicio. La LGE impuso restricciones formales a quienes son dueños y/o administran establecimientos subvencionados, pero no eliminó la posibilidad de obtener ganancias, aunque sí estableció que quienen provean estos servicios deben ser instituciones cuyo fin único debe ser la educación (art.46, letra a).Por cierto, el debate antes recordado tenía como núcleo la discusión sobre el financiamiento compartido (SFC), tal vez el principal incentivo que hoy tienen los privados para invertir en educación subvencionada.Si bien hay estudios sobre los efectos del SFC en la segregación escolar (ver, por ejemplo, el trabajo de Valenzuela, Belleï y De los Ríos al respecto), sigue siendo una práctica extendida y creciente.
El fenómeno en su conjunto ya parece poco relevante en Chile, pero en otros lugares sorprende. En España, la prensa denuncia que los colegios concertados (o sea, con financiamiento público pero en manos de privados) hacen negocio con los uniformes. Para algunos, todo es parte de una tendencia fuerte: la privatización y el "comercialismo" en la educación.
(la imagen es del blog ciudadano del MINEDUC en Chile)
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