Los profesores y las deudas

El paro de docentes del sector municipal, convocado por el Colegio de Profesores, ha generado un movimiento distinto de ocasiones anteriores. Las razones de la paralización son conocidas: es el reclamo por el pago de la llamada "deuda histórica", esto es, la demanda por la recuperación actualizada de una asignación que los docentes hoy municipales perdieron en la década de 1980, luego que la dictadura transfiriera la administración de los establecimientos fiscales a los municipios. Pese a que las instancias judiciales y administrativas nacionales han señalado que dicha deuda no tiene sustento jurídico porque diversas normativas (entre ellas, el Estatuto Docente promulgado en 1991) derogaron las asignaciones reclamadas y porque además las deudas han prescrito legalmente dados los años pasados, y aunque se ha dicho que la demanda judicial sigue abierta en la Corte Internacional de Derechos Humanos (por lo menos por un grupo de docentes), la dirigencia gremial tácitamente ha reconocido que las bases legales del reclamo son mínimas, pues ha insistido en la necesidad de un proyecto de ley de discusión inmediata en el Congreso, condición sólo indispensable si se asume es que en la práctica no hay espacios jurídicos para sustentar la eventual solución a la deuda.

Con todo, en contraste con otras reivindicaciones señaladas por la dirigencia nacional del Colegio de Profesores, esta vez concurren algunas características singulares que probablemente sean explicativas del curso actual de los acontecimientos:

1. La demanda ha concitado un apoyo transversal entre políticos, al punto que se ha rechazado en primera instancia el presupuesto 2010 de Educación. Izquierda, centro y derechas unidas por una causa que antes los dividía. Hoy, gracias a la influencia de la conyuntura y la calculadora electoral, marchan juntas contra la postura gubernamental.
2. El gobierno ha sostenido que la deuda no existe ni jurídica ni moralmente. En el primer caso, se apoya en la prescripción legal de la deuda y su falta de sustento según dictámenes de la Contraloría General de la República y el Poder Judicial. En el segundo, porque los salarios docentes han mejorado significativamente desde 1990, incluyendo incentivos especiales para el retiro y subsidio a docentes cuyas rentas son bajas. Sin embargo, el problema de esta posición es que es distinta de la manifestada en oportunidades anteriores, como lo evidencia el registro de una opinión reciente del Ministro Viera Gallo y el que haya sido el propio gobierno quien haya respaldado la creación de una comisión especial en la Cámara de Diputados, presidida por el Diputado Carlos Montes.
3. Los representantes del colegios privados pagados y subvencionados han tomado la decisión de ofrecer apoyo a los estudiantes afectados por la paralización, creando programas o talleres de refuerzo en Lenguaje y Matemática, en sus propios establecimientos y con cargo a su presupuesto, en una acción que puede interpretarse como un auténtico interés por mitigar los perjuicios que estos paros ocasionan a los estudiantes (especialmente aquellos que en diciembre rendirán la Prueba de Selección Universitaria PSU) y/o como un intento de ampliar su matrícula, alentando la migración de estudiantes de escuelas y liceos municipales a sus propios recintos.
4. El MINEDUC ha apoyado estas medidas, en una acción consonante con la estrategia de rechazo al paro. Asimismo, ha señalado que está abierto al diálogo con los docentes, pero con una agenda amplia que analice las demandas gremiales en el contexto de la carrera docente y las necesarias transformaciones a la educación.
   
5. Los alcaldes se han pronunciado en contra y algunos dirigentes vecinales han interpuesto recursos judiciales contra los dirigentes del Colegio de Profesores argumentando que el paro lesiona el Derecho a la Educación de los estudiantes afectados.

Como se aprecia, aun cuando los políticos han manifestado su apoyo al gremio docente, otros actores se manifiestan en contra y, lo más novedoso, pasan de las palabras a los hechos y actúan en una dirección opuesta. Es decir, aun cuando la demanda docente parece contar con cierta legitimidad política, no se puede sostener lo mismo desde la óptica de otros actores sociales que han tomado la representación de los alumnos, tradicionalmente sin voz.

El gobierno mantiene firme su posición de negar la deuda, pero invitar a conversar de las reformas a la situación docente en un contexto más amplio y con la vista en el futuro. Sin embargo, con los políticos, diputados y senadores enfrentándolo, resulta inviable que la propuesta gubernamental sea escuchada, sobre todo cuando existe la percepción que buena parte de la responsabilidad de la situación actual obedece a decisiones tomadas o postergadas por los gobiernos de la Concertación en estos años, como bien lo expresa J.J. Brunner.