Lucro y universidades

Transcribo una columna de Juan Manuel Zolezzi, rector de la USACH, quien se refiere a la estrecha discusión sobre la relación entre el financiamiento de la formación profesional universitaria basado en aranceles de referencia y el lucro en las universidades. Aunque el título ya implica un reduccionismo (puesto que sería preferible hablar de los riesgos y posibilidades de ejercicio del lucro en la educación superior) lo señalado por Zolezzi representa la opinión de buena parte de las universidades estatales, aquellas que se autodefinen como "complejas" para aludir a un modelo institucional que integra formación profesional, investigación y extensión. 

Esta es la columna del rector Zolezzi en "El Mostrador":

Quienes estamos en la porfía diaria por lograr un nuevo trato del Estado para con sus universidades, observamos inquietos el lento proceso de la tramitación del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior y el relativo a los requisitos de funcionamiento de universidades no estatales en relación al lucro.

Esto, pues hemos sido testigos de cómo un ex rector advierte a la autoridad ministerial y a todo Chile que existen empresarios de la educación superior que son capaces de vulnerar, mediante “triquiñuelas”, un sistema a todas luces  desregulado y feble para obtener beneficios económicos. ¿Qué ha hecho la autoridad? Al respecto, estamos a la espera  de señales claras.

Por de pronto, desde la otra vereda nos cabe a nosotros sugerir que las políticas de financiamiento para las universidades estatales debieran tener un fundamento menos tecnocrático, debido al carácter de formación integral inherente a estas instituciones de educación superior y a su valor social que es mucho más importante que la oferta, la demanda y la ganancia.

En consecuencia, es necesario comprometerse con ideas en torno al tipo de sociedad que deseamos construir. Si aspiramos a un sistema social que sólo reproduzca la inequidad, entonces podemos seguir siendo complacientes con la exacerbada interpretación y aplicación del modelo económico actual a la asignación de recursos a las universidades públicas.

Por el contrario, si pretendemos que la educación superior posibilite una real movilidad social, debemos basar todo el proceso de asignación de recursos en este criterio. No es posible argumentar que el surgimiento de una sociedad de oportunidades menos desigual y más inclusiva, sea el resultado de concepciones que visualizan a las universidades públicas desde la perspectiva del dinero y la ganancia a partir de la etapa inicial en que se les asignan incluso, los recursos más básicos.

No es razonable formar profesionales socialmente responsables, disminuir los niveles de desigualdad y generar una sociedad más justa si, de partida, un proceso como la definición de los aranceles depende crucialmente de qué tan demandada sea una carrera en el mercado de la educación.

Es injusto para estos planteles supeditar sus complejos procesos de formación de profesionales a una lógica reduccionista y simplificadora en la que prevalece sólo la demanda por determinadas carreras, la competencia con universidades privadas que cuentan con recursos millonarios y la definición de aranceles según la rentabilidad futura de esas carreras. La rentabilidad social de algunas carreras como Historia, Filosofía y Música, por ejemplo, requiere una mirada desde el punto de vista de sus externalidades positivas para la sociedad, más que su rentabilidad en el mercado. En consecuencia, un trato diferencial por parte del Estado.

El valor de los aranceles debería considerar el costo de la educación y el hecho que la calidad con que es entregada por las universidades no radica solamente en sus procesos de instrucción, sino en la idea de una formación integral. Es por esta razón que el concepto de universidad compleja que integra docencia, investigación y extensión no calza con una definición de aranceles que sólo considera la demanda por determinadas carreras o cuánto ganarán los futuros profesionales.

Por ello mismo, se necesita un modelo de financiamiento que contemple aportes basales permanentes y de mayor cuantía, lo que implicaría una disminución de los aranceles de pregrado, incrementar la investigación y potenciar la vinculación con el medio, entre otros beneficios. Esto es especialmente urgente si se tiene presente que el aporte basal a las universidades del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Aporte Fiscal Directo) sólo cubre, en promedio, el 20% de su presupuesto de operación, mientras en algunas universidades públicas apenas llega al 4% del presupuesto de operación. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado con sus instituciones de educación superior? Desde el punto de vista financiero, es escaso y preocupante.

El cambio radical del fundamento de las políticas de financiamiento es urgente, porque en el escenario actual las instituciones que lucran con la educación impactan negativamente en la sociedad, pues contribuyen al aumento de  la exclusión social.

Sin duda, sacar a los bancos del sistema de créditos es un gran avance, pero junto con ello también debería haber una mayor preocupación por la forma cómo vigorizamos las universidades públicas mediante políticas públicas con sentido país. El esfuerzo por parte del Gobierno, no debe limitarse únicamente a la asignación de financiamiento según la demanda; más bien, le corresponde evaluar la oferta educativa de acuerdo a su calidad, sin considerar el lucro y con un sentido público de responsabilidad social.

Finalmente, se debe tener presente que la calidad de la educación universitaria no es el resultado de un contexto en el que imperan sólo la competencia, la ganancia y los indicadores tangibles. Esta condición depende crucialmente de la formación integral de profesionales no sólo capacitados para ser competitivos en el ámbito laboral, sino que, además, de la formación de ciudadanos comprometidos con el desarrollo país. A eso apuntan las universidades públicas e invitamos al Gobierno a sumarse a este compromiso.