Segregación socioeconómica y financiamiento compartido

El financiamiento compartido es una modalidad de co-pago que se impuso a mediados de la década de 1990 en Chile, luego de un acuerdo tributario entre el gobierno y oposición de la época. La medida estaba latente desde hace un buen rato, como lo muestra el paper de Gerardo Jofré (1988), quien lo sugiere como una forma de incentivar la existencia de educación privada subvencionada y desalentar la existencia de establecimientos gratuitos. Valga la mención sobre este descarnado ensayo de Jofré, donde defiende a ultranza la competencia en educación, promoviendo la promoción de la educación privada con fines de lucro, señalando la necesidad de que la educación gratuita sea de inferior calidad para que el sistema de subvenciones a privados perviva en educación y, por último, pronosticando que el sistema se habrá consolidado cuando la educación privada sea mayoritaria en el país... como ahora.

Tres artículos recientes sobre el financiamiento compartido (FC) revelan los riesgos y perjuicios que conlleva al sistema, especialmente sobre el derecho pleno a la educación. El primero es publicado en CIPER por René Varas, secretario ejecutivo del Foro Nacional de Educación de Calidad para Todos. Varas informa de un caso en Puente Alto, donde un grupo de estudiantes han visto conculcado su derecho a la educación por adeudar el co-pago por FC en un establecimiento privado subvencionado. A partir de este caso, se ha presentado un recurso al Tribunal Constitucional para solicitar la inconstitucionalidad de este cobro y la inaplicabiliad del artículo de la Ley de Subvenciones escolar que lo permite.

El segundo artículo es un comentario de Belleï y Valenzuela, investigadores del CIAE, en El Mostrador, donde señalan que "quienes confían en que la competencia entre las escuelas es un motor del mejoramiento escolar, deberían ver en el financiamiento compartido una forma evidente de “competencia desleal”, especialmente entre las escuelas privadas y públicas. Quienes creen que los niños y jóvenes tienen derecho a una educación gratuita y universal financiada por el Estado (como reza nuestra Constitución), deberían advertir que el financiamiento compartido constituye una realidad incoherente con esos principios. De hecho, tal y como existe en Chile, el financiamiento compartido no existe en ningún país desarrollado". Por consiguiente, concluyen que el financiamiento compartido nunca debió existir en Chile, [pero] es difícil plantearse hoy su eliminación inmediata", por lo que proponen tres ideas para su eliminación gradual. "Primero, hacer más progresiva la tabla de descuentos que aplica el Estado según el monto de la cuota; segundo, asociar todo aumento de la subvención escolar preferencial, a un aumento del grupo de alumnos a los que no se puede cobrar financiamiento compartido; tercero, hacer obligatoria la participación de las escuelas subvencionadas en la ley SEP, medida coherente con la nueva institucionalidad recientemente aprobada por el Congreso Nacional, o de lo contrario, definir un valor menor de la subvención regular que reciben estos colegios. Todas estas medidas fortalecerán el principio de que sea la preferencia de las familias la que guíe su acceso a los establecimientos financiados por el Estado y no su capacidad de pago o la selección por parte de los sostenedores".

El tercer trabajo es de García-Huidobro, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado, quien reflexiona sobre la segregación escolar. Dice:

"Chile tiene el triste récord de ser el país con la mayor segregación social en sus establecimientos educacionales, entre los 54 países que rindieron la prueba internacional PISA el 2006. Nuestro país exhibe una segregación de 52 puntos contra solo 9 de Finlandia, el país con el menor índice. Otros países latinoamericanos como Colombia y México anotan 40, Brasil y Argentina 39 y USA 26, la mitad que Chile.

Esta situación se origina fundamentalmente por dos procesos: la selección de alumnos por parte de los establecimientos y el sistema de financiamiento compartido.

La selección es una práctica objetada en muchos países, pero es de uso habitual en Chile, aún en colegios públicos, y es propiciada por la política oficial en los llamados liceos de excelencia. Si bien la selección escolar puede haber comenzado a mitigarse para los primeros seis años de básica con la nueva Ley de Educación General, el financiamiento compartido está en plena expansión y ya la mitad de las familias chilenas pagan por la educación de sus hijos. Este “precio” sitúa inequívocamente a cada niño o niña que entra a la escuela con sus “iguales”, separándolo del resto: de los que tienen más y, por supuesto, de los que tienen menos".