Gradualidad del cambio educativo en Chile

Aún en trámite legislativo, habiendo superado una de las vallas en el Congreso, el avance del proyecto de ley que termina con el lucro, el copago y la selección escolar parece sostenido. Sin embargo, ya comienzan a aparecer opiniones sobre la complejidad del nuevo escenario que instalaría la reforma. José J. Brunner, abiertamente crítico de las medidas que se proponen, ha señalado que las dificultades de implementación superarán con creces los escasos beneficios que tendrían los cambios. El acento, sostiene Brunner, debió ponerse en "la desigual oferta de oportunidades de aprendizaje, cuya heterogénea calidad afecta negativamente a los niños y jóvenes más vulnerables y favorece a los hijos de hogares con ventajas de capital económico, social y cultural. [Esto] significa que la prioridad debió ponerse en las escuelas con mayores déficits sociopedagógicos, independiente de la naturaleza legal de sus sostenedores. Justo lo contrario del camino elegido por el equipo de la Presidenta Bachelet". También recuerda que no hay suficiente información sobre los efectos que estos cambios traerán, pues faltan estimaciones sobre gastos actuales y futuros asociados el término del lucro y el copago.

Educación 2020 se suma a esta advertencia: no hay estudios públicos que visualicen los efectos de las medidas. Sin embargo, su enfoque es distinto del de Brunner. Recomiendan avanzar con calma ("sin virajes bruscos", dicen), piloteando los cambios o introduciéndolos gradualmente. Así, por ejemplo, sugieren que la supresión de la selección desde séptimo básico se haga en 4 años, de forma que las escuelas y liceos incorporen cada año una fracción a determinar de alumnos con procesos de admisión aleatorios. Así se podrá monitorear el efecto que esta medida tiene en los procesos escolares. Algo similar señalan sobre la opción de arriendo de establecimientos: "resulta complejo asegurar con certeza si las fórmulas de arriendo y compra -u otras que se definan- son precisamente las adecuadas, o si acaso representarán un costo excesivo para el Estado. A la inversa, estimar cuántos sostenedores optarán por cerrar sus establecimientos por errores en las fórmulas, o simplemente porque no les resulte atractivo continuar administrando escuelas por razones financieras o emocionales, también implica un ejercicio complejo. [...] Por esta razón, Educación 2020 propone que el Ejecutivo proporcione a la brevedad posible -durante la tramitación de la ley- un análisis detallado de una muestra aleatoria de 200 sostenedores con fines de lucro de diversos tamaños, con sus cifras reales, inversiones, deudas, aportes de la Jornada Escolar Completa, realidades inmobiliarias, tasaciones, etc. El objetivo es estimar el impacto concreto de la ley en las finanzas de estos dueños, en cualquiera de las diferentes modalidades que se están proponiendo."