En vísperas de una nueva marcha, el ministro Bulnes presentó una nueva agenda de cambios en educación, con claro énfasis en educación superior. Los anuncios fueron organizados en " 4 ejes" y son:
- Endeudamiento estudiantil en la educación superior
- Fiscalización al lucro en la educación superior
- Desmunicipalización
- Garantía constitucional a una educación de calidad
Respecto del primer punto, el sitio del MINEDUC informa que se reducirá al 2% el interés anual del CAE, el mismo que hoy tiene el Fondo de Crédito Solidario, y que los alumnos del 40% de hogares de menores ingresos tendrán becas, mientras que el 20% de estudiantes de las familias que siguen tendrán acceso a un paquete de becas y créditos que asegure el acceso y permanencia en la educación superior. Como se recordará, el primer anuncio al respecto acotaba las ayudas al 40%; con la nueva propuesta, el 60% de los estudiantes tendrán algún tipo de ayuda estatal. Se trata de un evidente avance, comparado con la situación actual.
Sobre el lucro, el anuncio es que finalmente el gobierno fiscalizará que la ley se cumpla "en su espíritu y letra", señalando que la futura Superintendencia se ocupará de ello. No hay, por tanto, novedad acá, sino una ratificación de la decisión gubernamental de no ceder a la demanda estudiantil de suprimir el lucro en la educación superior.
En la educación municipal, el anuncio es una confirmación de lo antes dicho: se da por agotado el esquema actual de administración municipal y se propone la creación de nuevas entidades de derecho público, descentralizados, con integración de representantes de la comunidad y con autoridades elegidas por el sistema de Alta Dirección Pública. Como en el caso anterior, es exactamente lo anunciado antes, lo cual a su vez no hizo sino confirmar aquello que el MINEDUC anunció en diciembre de 2010.
Por último, el gobierno señala que enviará un proyecto de reforma constitucional para garantizar el derecho a una educación de calidad. El Ministro Bulnes señaló además que quienes incumplan los estándares, se expondrán a sanciones tales como la supresión del aporte estatal, luego del reconocimiento y finalmente el cierre del establecimiento. Con lo anterior, queda claro que el ministro hablaba de las sanciones que la LGE ya establece para los malos sostenedores del sistema escolar y que la Agencia de Calidad y la Superintedencia deberán fiscalizar. No hay, una vez más, cambio respecto de lo que hoy la ley prescribe. Y si además se recuerda que aun no se conocer una conceptualización de lo que el MINEDUC entiende por "una educación de calidad", se tiene un escenario poco novedoso y con una cuota importante de incertidumbre. La LGE entiende la calidad de manera estrecha: es el logro de objetivos y estándares de aprendizaje medidos en pruebas nacionales como el SIMCE. Tal vez la discusión sobre la garantía constitucional sea una buena oportunidad para profundizar en el concepto.
Las primeras reacciones de los estudiantes y profesores fueron de escepticismo e interrogantes, lo cual es lógico si estos anuncios son entendidos como una re-escritura del llamado "GANE" y de algunas de las 21 medidas. Se trata, por consiguiente, de una tercera versión de un mismo texto, con ventajas respecto de los anteriores pues tácitamente se jerarquizan los temas en discusión y se inaugura una agenda corta de discusión. De paso, quedarán postergados los otros focos críticos: la supresión del financiamiento compartido, la reforma a la educación secundaria, la revisión de la institucionalidad de la educación superior no universitaria, el up-grade del sistema de acreditación, la ampliación y mejora de la calidad de la educación parvularia y otros temas.
Sobre el lucro, el anuncio es que finalmente el gobierno fiscalizará que la ley se cumpla "en su espíritu y letra", señalando que la futura Superintendencia se ocupará de ello. No hay, por tanto, novedad acá, sino una ratificación de la decisión gubernamental de no ceder a la demanda estudiantil de suprimir el lucro en la educación superior.
En la educación municipal, el anuncio es una confirmación de lo antes dicho: se da por agotado el esquema actual de administración municipal y se propone la creación de nuevas entidades de derecho público, descentralizados, con integración de representantes de la comunidad y con autoridades elegidas por el sistema de Alta Dirección Pública. Como en el caso anterior, es exactamente lo anunciado antes, lo cual a su vez no hizo sino confirmar aquello que el MINEDUC anunció en diciembre de 2010.
Por último, el gobierno señala que enviará un proyecto de reforma constitucional para garantizar el derecho a una educación de calidad. El Ministro Bulnes señaló además que quienes incumplan los estándares, se expondrán a sanciones tales como la supresión del aporte estatal, luego del reconocimiento y finalmente el cierre del establecimiento. Con lo anterior, queda claro que el ministro hablaba de las sanciones que la LGE ya establece para los malos sostenedores del sistema escolar y que la Agencia de Calidad y la Superintedencia deberán fiscalizar. No hay, una vez más, cambio respecto de lo que hoy la ley prescribe. Y si además se recuerda que aun no se conocer una conceptualización de lo que el MINEDUC entiende por "una educación de calidad", se tiene un escenario poco novedoso y con una cuota importante de incertidumbre. La LGE entiende la calidad de manera estrecha: es el logro de objetivos y estándares de aprendizaje medidos en pruebas nacionales como el SIMCE. Tal vez la discusión sobre la garantía constitucional sea una buena oportunidad para profundizar en el concepto.
Las primeras reacciones de los estudiantes y profesores fueron de escepticismo e interrogantes, lo cual es lógico si estos anuncios son entendidos como una re-escritura del llamado "GANE" y de algunas de las 21 medidas. Se trata, por consiguiente, de una tercera versión de un mismo texto, con ventajas respecto de los anteriores pues tácitamente se jerarquizan los temas en discusión y se inaugura una agenda corta de discusión. De paso, quedarán postergados los otros focos críticos: la supresión del financiamiento compartido, la reforma a la educación secundaria, la revisión de la institucionalidad de la educación superior no universitaria, el up-grade del sistema de acreditación, la ampliación y mejora de la calidad de la educación parvularia y otros temas.
¿Qué impide al gobierno innovar o presentar una auténtica revolución en su agenda? Pues sus convicciones, intereses y el pragmatismo que los emulsiona. En las primeras, es central el respeto a la propiedad privada, la participación y emprendimiento del sector privado en la educación, la competencia y el lucro, entendido por ellos como la justa retribución al esfuerzo y al riesgo de inversión. El gobierno entiende que la propiedad es un valor cardinal que no puede dejar de preservar. Por lo mismo, no se abre a la discusión sobre si quienes por 30 años han invertido en el sistema escolar, deben dejar de hacerlo ahora. Tampoco admite del todo la idea de que el lucro puede ser un peligroso ingrediente cuando opera en contextos educativos, sobre todo si se conjuga con bajas regulaciones y alta opacidad en la información. El lucro, no obstante, sí es un incentivo perverso cuando se administra la calidad del servicio educativo para no sacrificar las utilidades esperadas. Y si además este lucro se funda en el uso de recursos públicos, destinados a asegurar la provisión de un bien público como la educación, no puede sino ser rechazado. La educación es un derecho; no una prestación.
Los intereses también inhiben la creatividad gubernamental. Ya sabe que políticos de su sector y de la misma Concertación, además de grupos de presión como los sostenedores privados que reciben subvención estatal, se opondrán tenazmente a que las inversiones realizadas -la mayoría con el aval que implica la regularidad de la subvención y ayuda estatal- dejen de generar utilidades. Vale la pena recordar que el lucro no es sólo un problema de la educación superior, pues toda la educación obligatoria está disponible para que sociedades comerciales creen establecimientos y, además de la subvención estatal, consideren el cobro a las familias. ¿Hay horizonte de negocio más seguro que aquel donde se proveen servicios que ineludiblemente todos deben adquirir? Para qué añadir que en el caso de la educación superior, la garantía estatal a los créditos también provee un promisorio escenario de inversión, ya no sólo para los operadores de educación, sino además para los bancos.
Los intereses también inhiben la creatividad gubernamental. Ya sabe que políticos de su sector y de la misma Concertación, además de grupos de presión como los sostenedores privados que reciben subvención estatal, se opondrán tenazmente a que las inversiones realizadas -la mayoría con el aval que implica la regularidad de la subvención y ayuda estatal- dejen de generar utilidades. Vale la pena recordar que el lucro no es sólo un problema de la educación superior, pues toda la educación obligatoria está disponible para que sociedades comerciales creen establecimientos y, además de la subvención estatal, consideren el cobro a las familias. ¿Hay horizonte de negocio más seguro que aquel donde se proveen servicios que ineludiblemente todos deben adquirir? Para qué añadir que en el caso de la educación superior, la garantía estatal a los créditos también provee un promisorio escenario de inversión, ya no sólo para los operadores de educación, sino además para los bancos.
Hay que reconocer el esfuerzo gubernamental: los 4 ejes se acercan a las demandas del movimiento estudiantil. Es, no obstante, un acercamiento instrumental. Con todo, en esta instrumentalidad, indiscutiblemente abren posibilidades antes no consideradas por el mismo gobierno. Si se concretan, a todas luces construyen un mejor horizonte para los que acceden a la educación superior. No se puede decir lo mismo sobre la cuestión del lucro y la garantía de calidad de la educación. Aun queda mucho por discutir.
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