Dos mundos y un problema

El documento "Bases para un acuerdo social por la educación chilena" sintetiza el conjunto de demandas de diverso orden que plantea el movimiento ciudadano. Los principales puntos son:

1. Consagrar el Derecho a la Educación de manera preferencial y, de este modo, invertir el peso asignado en la Constitución a aquél respecto de la Libertad de Enseñanza. Se trata de un reforma constitucional de difícil logro, pues remueve la matriz que desde 1980 prima en la educación chilena.
2. Para lo anterior, además, el movimiento postula la (re)creación de un sistema nacional de educación pública, que sería gratuito, democrático y de calidad, organizado y financiado por el Estado en todos sus niveles. Otra vez, la demanda es el reverso del sistema actual, donde a todas luces y crecientemente predomina una oferta no estatal, organizada más bien con criterios de cuasimercado. El sistema, dice el documento, debe ser autónomo y democrático, pues de este modo sería una instancia libre de injerencias particulares.
3. Con la fórmula anterior, el sistema educacional abandonaría además el fin de lucro que anima a buena parte de sus oferentes, sobre todo en la educación superior.
4. Para el sistema escolar, el foco del documento está en dos puntos: el término de la administración municipal de la educación pública y la regulación del crecimiento de la educación privada subvencionada. Para lo primero, se crearía un Sistema Nacional de Educación Pública, dependiente del Ministerio de Educación y se modificaría el sistema actual de financiamiento, reemplazándolo por otro de financiamiento basal, lo cual se acompaña del término progresivo del financiamiento compartido y de toda forma de lucro con fondos públicos. Y para lo segundo, se propone la suspensión de la apertura de nuevos establecimientos privados subvencionados, hasta resolver los criterios que permitan regular y justificar la creación de establecimientos.
5. A la vez, se postula una nueva Carrera Docente, con aumentos de salarios desde el comienzo de la carrera, de forma que incentivar a que los mejores talentos estudien pedagogía, formación sujeta a una exigente acreditación. Para los docentes en ejercicio, además del aumento de salarios, se indica que debe revisarse la proporción de horas lectivas y no lectivas, a fin de promover la reflexión y desarrollo profesional.
6. Por otra parte, se reclama la creación de una política de desarrollo de la educación técnica que integre o articule la oferta del nivel medio y superior.
7. La educación superior debiera ser un bien público, dice el documento, y por lo mismo, guiada por una política nacional y un fuerte aumento del gasto público, que al menos alcance los niveles de participación en el PIB que tiene el promedio de países OECD.
   
8. Con todo, las universidades públicas (estatales) deberían contar con un financiamiento basal, al tiempo que se aumentan los montos por Aporte Fiscal Directo (AFD) de libre disposición para la universidades del CRUCH que, anualmente, debiera ser reajustado junto con el IRSP (índice de reajuste del sector público).
9. Para las universidades tradicionales, se propone un Fondo de Revitalización de libre disposición, asignado con preferencia a la universidades estatales, regionales,atendiendo además la socioecónomica del alumnado y la relación entre la deuda y el presupuesto de esas universidades.
10. Se propone además disminuir el peso de la PSU en los procesos de admisión y analizar otros mecanismos complementarios.
11. Se revisarán todos los aranceles.
    
12. Se crearía un nuevo sistema de financiamiento, con becas para los alumnos provenientes de familias del 70% de menores ingresos y un Fondo Solidario de Créditos para el 30% restante de familias de mayores ingresos que ingreses a universidades que no lucren. Se terminaría de esta forma con el sistema de crédito con garantía estatal que hoy predomina.
13. Este sistema de financiamiento será para las universidades estatales y para las privadas que estén acreditadas en todas las categorías, que no tengan fines de lucro y que demuestren transparencia total en el uso de sus recursos financieros.
14. Se crearía una Superintendencia de Educación Superior y se reformaría el Sistema de Acreditación, dejándolo en manos de entidades públicas autónomas y transparentes.
15. Se propone también la creación de una universidad estatal intercultural.
16. Finalmente, se indica que el sistema de educación superior formado por CFT y IP deberá dejar de tener fines de lucro. Además, el Estado deberá crear una red nacional de Educación Técnica Superior gratuita y de calidad.
    

Al petitorio, el MINEDUC respondió con una sistematización de su programa de gobierno, una síntesis de lo ejecutado del mismo, conectándolo con el efecto esperado de nuevas leyes (como la del Sistema de Aseguramiento, recientemente promulgada) y algunas propuestas nuevas, tales como la Superintendencia (concesión que debió hacer luego que los rectores del CRUCH estimaran insuficiente el anuncio de la creación de una Subsecretaría de Educación Superior) para la efectiva fiscalización del lucro, la revisión de la administración municipal en aquellos casos donde los resultados educativos fueran insuficientes y la revisión de las tasas de interés aplicados a los créditos con garantía estatal. En rigor, poco para las expectativas del movimiento estudiantil; poco para que los líderes de éste estimaran que habían sido genuinamente escuchados.

No cabe duda que mientras se mantengan las posiciones hasta ahora defendidas, no habrá solución al conflicto. El punto no pasa por la obsecuencia de uno o la tozudez del otro; la cuestión es que las partes están en mundos distintos: los estudiantes piden un cambio del sistema que supone reemplazar la matriz y los supuestos del mismo, mientras que el gobierno plantea una solución que puede ser implementada dentro de los márgenes del sistema y que, por lo mismo, no implica un renovación de supuestos ni de la matriz. Y mientras cada parte se mantenga en su posición y haga lo que haga dentro de esos márgenes, no podrá resolverse el conflicto.

Por otra parte, el gobierno y los políticos y especialistas que hoy acusan de intransigencia a los estudiantes, parecen haber naturalizado un orden o status quo que - a juicio de los movilizados- es el mismo que tiene al sistema educacional en crisis. Estos políticos y expertos presumen que el sistema admite mejoras que lo harán más justo y de calidad, con medidas tales como una fiscalización rigurosa del lucro, un sistema de acreditación más exigente, tasas de interés del orden del 4% anual, con cobros limitados al 5% de los ingresos anuales del deudor si está empleado y con suspensión de cobro si no lo está, etc. Tácitamente, lo que dicen estos políticos y especialistas, es que el sistema es perfectible, que sus principios son correctos y que hay que renovar instrumentos y criterios, más no abandonar la matriz. El gobierno, algunos políticos y algunos especialistas, se han abierto a reconocer que algo está mal, que algo no funciona en el sistema educacional, pero siguen defendiendo la estructura y sus reglas medulares.

Los movilizados, a su vez, preguntan cuándo es que en Chile se internalizó la comprensión de la educación como un bien cuyo valor es eminentemente privado, transable, sujeto a precios y calidades de mercado; cuándo es que Chile comenzó a naturalizar y legitimar la desigualdad en el acceso, trayectoria y resultados educativos. Cuándo es que Chile asumió que el Estado es de suyo un mal administrador y que la participación privada es siempre virtuosa y que la competencia es un acicate para la calidad. Los movilizados no interrogan sólo los instrumentos; interrogan los supuestos del modelo.