
Por otra parte, dijérase que -a la hora de los conflictos- todo Ministro de Educación tiende a cuidar la institucionalidad y descuidar los fines de esa institucionalidad. Es decir, los ministros parecen más preocupados de cautelar por la preservación del marco regulatorio y su traducción operativa vigente, que los significados que sirven de sustento a aquello que es regulado. Aplicado a la situación actual: el mejoramiento de la educación pública y, específicamente, la ampliación y criterios de reparto justo de oportunidades y condiciones de acceso, permanencia y apoyo a los estudiantes y más calidad en las instituciones de educación superior que los acogen, son fines compartidos por todos, pero hay desacuerdo en los medios e instrumentos para conseguirlos. Y el Ministro parece más interesado en cuidar estos principios de distribución y operación, sus instrumentos y medios, aun cuando todo sugiere que este celo es un obstáculo para llegar a los fines que todos parecen compartir. Es como si el principio de realidad y de lo posible, que hace poner el foco de análisis en los (des)equilibrios y dentro de límites actuales, obstaculizara la búsqueda de soluciones. Tal vez sea que la verdadera solución no se encuentre dentro de los margenes de la realidad actual: para llegar a otra concepción de educación superior y otra idea de educación pública, quizá sea necesario interrogar la matriz y re-estructurarla. Si esto es plausible, la pregunta no es cómo mejorar la educación y el sistema actual; la pregunta es si el sistema actual posibilita llegar a la educación que todos quieren.
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