Al límite

El movimiento estudiantil, universitario y secundario, parece estar llegando al límite. El gobierno, siempre con el apoyo de los medios de prensa dominantes y ahora también con cierta ayuda de rectores universitarios, además de algunos alcaldes y algunas familias, presionan a los movilizados con la pérdida del año lectivo porque, según sus estimaciones, el año es irrecuperable.

En el caso de los secundarios, se les advierte que repetirán por inasistencia, haciendo referencia a que la normativa educacional establece un mínimo del 85% de asistencia para la promoción en enseñanza básica y media. Olvidan mencionar, sin embargo, que las normas (el decreto 112 de 1999 para primero y segundo medio; y el decreto 83 de 2001, para tercero y cuarto) señalan que los reglamentos de evaluación definidos por cada establecimiento pueden definir situaciones excepcionales donde este mínimo de asistencia no es considerado, reservando al director del establecimiento esta facultad. No es, por consiguiente, un asunto del sostenedor (un alcalde o dueño), si bien puede serlo del MINEDUC pues la misma normativa abre la posibilidad de que la SECREDUC -y en última instancia la División de Educación General DEG, autorice excepciones al criterio general en situaciones no previstas. No es, por lo mismo, una fatalidad que no se cumpla el 85% de asistencia regular.

Si, en cambio, se piensa en los contenidos y los aprendizajes asociados, cabe la preocupación. Pero aun así, la experiencia muestra que los liceos -y sobre todo los estudiantes y pre-universitarios- son capaces de acelerar los aprendizajes y lograr los desempeños que finalmente aseguren la continuidad de estudios. No cabe, en consencuencia, especial alarma por los plazos.

En el caso de los universitarios, el historial de movilizaciones y la posterior normalización académica es también argumento de que esta larga paralización puede ser remediada en términos curriculares.

Mientras, la conversación entre un grupo de rectores y el MINEDUC sobre el llamado GANE sigue en desarrollo y probablemente próximo al consenso. La falta de información sustantiva al respecto no favorece una toma de posición, si bien la carta del CRUCH a la CONFECH luego de las primeras reuniones entre gobierno y rectores aporta luces sobre lo que está en juego. Sigue pendiente, sin embargo, una apertura más franca a las preocupaciones de la educación superior universitaria y no universitaria, incluidas la cuestión del lucro, el carácter profesional o académico de las carreras, el financiamiento y el aseguramiento de la calidad mediante la acreditación.

Sobre estos puntos, la prensa ha multiplicado opiniones. Estimo recomendables las siguientes:

1. Manifiesto sobre la educación superior, de E. Barros y A. Fontaine
2. Un acuerdo para la educación superior, de J. Brunner
3. La educación en la encrucijada (otra vez), de J. García-Huidobro y C. Concha
4. Heterogeneidad en la educación superior, de H. Beyer
5. NEGA (no es un gran avance), de Manuel Riesco
   

Primeras reacciones a los anuncios para reformar la educación superior

Como era de esperar, unos aplaudieron, otros fruncieron el ceño y otros rechazaron los anuncios hechos ayer por el gobierno, cuyo detalle se puede ver en el sitio del Gobierno de Chile. Copio algunas de las primeras reacciones:

• El Mostrador: destaca el Fondo de 4 mil millones de dólares y señala las aprehesiones sobre la "letra chica"
• En el diario electrónico de la Radio Universidad de Chile se recoge la opinión de los dirigentes universitarios y también advierten sobre las preguntas que dejan los anuncios
• La Tercera muestra algunas de las precisiones que hace el presidente Piñera acerca de la reprogramación de créditos universitarios

No cabe duda que los anuncios quisieron equilibrar las demandas de uno y otro sector:

1. no se dijo nada respecto del financiamiento basal solicitado por las universidades estatales;
2. se señaló tibiamente que se abriría una discusión sobre la necesidad o conveniencia de distinguir entre universidades con o sin fines de lucro;
3. en compensación, se anunció la Subsecretaría y la Superintendencia para mejorar la fiscalización;
4. se conformarán comisiones de estudio para la EMTP y el sistema de financiamiento de la educación superior
5. se aumentarán las becas para la enseñanza técnico profesional
6. y se propondrá una suerte de acuerdo marco para la reforma de la educación superior.

Como es habitual, el gobierno hace anuncios genéricos, dejando amplio espacio para la especulación o la desconfianza. Otra vez falta contenido.

Rol del Ministro de Educación: defender la institucionalidad o mejorar la educación pública

Desde que en 2006 comenzaran las marchas estudiantiles, los ministros y ministras de educación han debido poner en juego sus destrezas para gestionar conflictos. Primero M. Zilic, luego Y. Provoste, luego M. Jiménez y ahora J. Lavín. En todos los casos, los reproches políticos por la impericia con que cada uno ha manejado el conflicto de turno han sido constantes. Pese a que ser Ministro de Educación tiene siempre su cuota de conflicto (basta recordar que cada ministro debe negociar los reajustes salariales con el Colegio de Profesores y que año a año hay movilizaciones por la insuficiencia de los recursos para ayudas y créditos en educación superior), pareciera que extrañamente no es parte del perfil buscado cada vez que se lo designa.

Por otra parte, dijérase que -a la hora de los conflictos- todo Ministro de Educación tiende a cuidar la institucionalidad y descuidar los fines de esa institucionalidad. Es decir, los ministros parecen más preocupados de cautelar por la preservación del marco regulatorio y su traducción operativa vigente, que los significados que sirven de sustento a aquello que es regulado. Aplicado a la situación actual: el mejoramiento de la educación pública y, específicamente, la ampliación y criterios de reparto justo de oportunidades y condiciones de acceso, permanencia y apoyo a los estudiantes y más calidad en las instituciones de educación superior que los acogen, son fines compartidos por todos, pero hay desacuerdo en los medios e instrumentos para conseguirlos. Y el Ministro parece más interesado en cuidar estos principios de distribución y operación, sus instrumentos y medios, aun cuando todo sugiere que este celo es un obstáculo para llegar a los fines que todos parecen compartir. Es como si el principio de realidad y de lo posible, que hace poner el foco de análisis en los (des)equilibrios y dentro de límites actuales, obstaculizara la búsqueda de soluciones. Tal vez sea que la verdadera solución no se encuentre dentro de los margenes de la realidad actual: para llegar a otra concepción de educación superior y otra idea de educación pública, quizá sea necesario interrogar la matriz y re-estructurarla. Si esto es plausible, la pregunta no es cómo mejorar la educación y el sistema actual; la pregunta es si el sistema actual posibilita llegar a la educación que todos quieren.

Educación pública: ¿discusión técnica o política?

100 mil, 80 mil, 200 mil, no parece relevante a estas alturas discutir cuántas personas participaron en la marcha de ayer 30 de junio. En la víspera, además, el Consejo de Rectores había rechazado la propuesta del MINEDUC, quitando una plataforma de apoyo que durante los días previos el MINEDUC creyó haber conseguido. También en la víspera, el MINEDUC anunció la anticipación de las vacaciones escolares de invierno para los establecimientos en toma, siempre con mucha prensa (como parece gustar a sus autoridades), pero "con letra chica" pues -como señala la resolución regional respectiva- cada sostenedor decide con plena autonomía si modifica su calendario escolar. El MINEDUC no tiene facultades para obligar a algunos establecimientos a tomar vacaciones; sólo puede generar las condiciones para que aquellos que quieran hacerlo, cuenten con el respaldo administrativo del MINEDUC.

Todo lo anterior no hizo sino revelar que el escenario es más complejo de lo previsto. Y el efecto ha sido claro: el gobierno ha terminado por reconocer que debe modificar su estrategia y ahora anuncia una nueva propuesta de cambios en la educación superior y la educación secundaria, varios de los cuales requieren discusión legislativa. De paso, las críticas respecto de la desmesura de las demandas estudiantiles y de su ideologización, repetidas por casi todos los funciones de gobierno, se atenuaron.

Vale la pena detenerse en este argumento: las demandas de los universitarios fueron ampliadas. A los planteos sobre el término del lucro encubierto y la creación de una superintendencia, la revisión de las mecanismos de financiamiento estudiantes, la implementación del financiamineto basal, se añadieron otros relacionados con reformas constitucionales y cambios estructurales. Como esto excede el campo estrictamente educacional, se ha acusado una "ideologización" de las demandas. Por cierto, esta sola afirmación gubernamental "ideologiza" o politiza el conflicto pues no hace sino confirmar cierta alergia que tiene el gobierno a discutir cambios mayores en el modo de regulación y la arquitectura sobre la cual se asienta el modelo de desarrollo chileno. Pero el punto es que, tal como ya lo afirmaron los "pingüinos" en 2006 y antes la OECD (2004), el sistema educativo chileno está conscientemente estructurado por clases. Más aun, prácticamente hay consenso técnico que el peso del origen social es determinante en la configuración de la estructura de oportunidades educativas: el acceso, la trayectoria y resultados educativos están condicionados por factores construidos socialmente y que, por lo mismo, dependen del modo en que la sociedad se ordena. Visto así, tiene sentido lo que exponen los estudiantes: cambiar rotundamente la educación exige modificaciones en la sociedad y sus arreglos institucionales. O como dice la sabiduría popular: a grandes males, grandes remedios.

Convenir con la lógica de lo defendido por los estudiantes no implica aceptar que lo planteado por ellos es efectivamente la solución a los problemas de la educación superior. Pero, siguiendo con la lógica, incluso se puede decir que los dirigentes, junto con plantear un diagnóstico, exponen demandas y soluciones. Es decir, levantan problemas y también propuestas. ¿Desmesuradas?... puede ser, pero ciertamente no por ello se debe clausurar el debate.

Del lado de los rectores de las universidades "tradicionales", el rechazo a la propuesta ministerial, hizo más difícil el escenario. Ellos han reclamado la creación de una superintendencia, la fiscalización del lucro encubierto en las universidades privadas creadas luego de 1981, un financiamiento basal para las universidades estatales, más ayudas y becas para los estudiantes y la regulación del lobby. El MINEDUC abrió hace semanas un diálogo sobre esto, sin denunciar la "ideologización" de la agenda, pese a que al menos lo que dice relación con el lobby es un asunto político que a todas luces supera los bordes del sistema educacional. Tan obvio es esto que fue un ministro político quien intervino (Larroulet)... ¿es o no ideologización?