Nueva educación pública: riesgos de una implementación apresurada

Transcribo una columna de Ernesto Treviño, publicada en La Tercera el 8 de septiembre. Se titula "Los cambios en educación toman tiempo: la madurez de la nueva educación pública". Agrego luego otra columna del mismo autor, publicada en el mismo medio el 2 de agosto y que apunta al mismo riesgo de apresuramiento en el diseño e implementación de esta reforma:

Las señales políticas, que vienen desde el Congreso Nacional, llevan a anticipar que en el año 2018 237 colegios serán los que ingresen a la primera oleada de implementación de la llamada “desmunicipalización”, que se enmarcada en la Nueva Educación Pública (NEP). De acuerdo a informaciones de La Tercera, en dicho año se crearán los Servicios Locales de Huasco, Coquimbo-Andacollo y Barrancas, que en conjunto hoy albergan a cerca de 50 mil estudiantes.

Si bien existen altas expectativas de lo que pueda lograr esta reforma, que está ad portas de aprobarse, en el sistema educativo, es indispensable mantener un sentido de realidad respecto de los tiempos de maduración de esta o de cualquier otro cambio de esta envergadura. La investigación disponible en el mundo indica que cualquier evaluación de impacto de un cambio educativo de esta magnitud debe llevarse a cabo entre 6 a 8 años después del inicio de la implementación, para así dar tiempo a la maduración necesaria para que las transformaciones funcionen adecuadamente.

En la propuesta de la ley se establece que una Comisión de Expertos, en el año 2021, en el próximo gobierno de turno, tendrá la misión de monitorear el proceso. Una disposición que, si bien logró acuerdos al interior del Congreso, podría generar cierta incertidumbre de la política porque es de suma relevancia que este comité deje reposar los avances de la nueva ley que necesitará tiempo para dar cuenta de sus frutos.

Se puede vislumbrar que durante los primeros dos años la implementación de la NEP será ajetreada:  la creación de los Servicios Locales de Educación y las oficinas territoriales. Asimismo, se deberá dotar a esta nueva estructura de personal, hacerse de infraestructura, generar la institucionalidad para el funcionamiento de los Servicios Locales, establecer planes y aprobarlos para, posteriormente, implementarlos y evaluarlos.

Así, el 2020 será el primer año de funcionamiento en régimen de la NEP. A partir de ese momento, con las estructuras creadas, se inicia el proceso de maduración del funcionamiento, no antes. En este periodo será indispensable monitorear la gestión para detectar posibles desajustes por situaciones no anticipadas.

La evidencia internacional respecto de las reformas educativas y su impacto muestran que cualquier intento serio de evaluación de la NEP debería hacerse a partir del 2025. Esto con el propósito de darle tiempo para marchar, ajustarse y, posteriormente, generar los cambios en los procesos que se espera produzca esta iniciativa.

Por tal motivo, será importante establecer claramente – en la ley – que la Comisión de Expertos, que se plantea valorará la NEP al año 2021, limite sus juicios a elementos relativos a la gestión, pues sería un despropósito hacer una evaluación de impacto en ese año. Lo ideal sería atender a la evidencia internacional y esperar la medición de impacto en los tres primeros servicios locales en el año 2025, para lo cual se puede tomar en consideración la línea de base que está recogiendo durante este año un equipo de la UC por encargo del PNUD y el Ministerio de Educación.

¿Quién dijo que sería fácil? Los tropiezos de la nueva educación pública (Ernesto Treviño, agosto 2 de 2017) 

Las noticias recientes han dado cuenta de un acuerdo político que mina profundamente las posibilidades de que el proyecto de Nueva Educación Pública (NEP) sea exitoso. El acuerdo, según consigna La Tercera, divide la implementación en dos tiempos: En el primero se hará una integración de 11 Servicios Locales de Educación hasta el año 2021 y después una Comisión de Expertos emitirá un informe para que el Presidente de turno pueda realizar los cambios que estime conveniente. Asimismo, deja abierta la puerta para que municipalidades con buenos resultados decidan si postergan, o incluso, desisten de su ingreso al nuevo sistema.

Este acuerdo, de concretarse en el proyecto, tendrá, al menos, tres consecuencias negativas para el fortalecimiento de la educación pública. En primer lugar, la posibilidad de que las municipalidades con mejores resultados no ingresen o retrasen su entrada a la NEP ayudará a profundizar la segregación del sistema escolar. Esto porque las municipalidades con mejores resultados en educación son, en general, aquellas donde habitan familias de mayor nivel socioeconómico y suelen tener más recursos para educación.

En segundo lugar, esta posibilidad de no ingreso de las municipalidades con buenos resultados merma la viabilidad de que los establecimientos pertenecientes a esas comunas sean ejemplo y modelo para otras escuelas del mismo servicio local, cuyos resultados son menores. De esta forma, también, se incrementa la segregación de conocimiento al eliminar la posibilidad de trabajar en red con escuelas con buenos resultados.

En tercer lugar, si bien es cierto que es deseable una implementación gradual, dejar al ciclo político la decisión del resto del proceso genera incertidumbre en el sistema escolar. Habría sido deseable establecer un cronograma claro de implementación con mayor gradualidad, el que debería contemplar la realización de una evaluación rigurosa al sexto año, pues este tipo de reformas tiene tiempos de maduración largos, para así establecer los ajustes necesarios a la implementación en función de los resultados de la evaluación. Asimismo, sería deseable que esta decisión no ocurra en el próximo gobierno para obligar a los legisladores a votar la iniciativa con visión de Estado y sin la interferencia de la elección presidencial próxima.

En suma, se observa en el proceso de creación de las leyes una interferencia enorme del ciclo político y una planificación de las leyes teñida más por razones partidistas que técnicas en el fortalecimiento de la educación pública, la que representa – probablemente– la deuda más importante en reforma educativa de los últimos tres gobiernos.