martes, 28 de mayo de 2013

Estandarización en educación. Lecciones desde USA (Iván Salinas)

 Transcribo una columna de Iván Salinas, doctorante de la Universidad de Arizona, titulada "La lucha contra la estandarización educativa: la experiencia de Estados Unidos":


Nuestra élite suele usar modelos del norte mundial para la redacción de sus políticas públicas. Muchas veces las iniciativas de los países desarrollados para sus propios problemas son imitadas en Chile. La reflexión no es muy profunda, pues se pierde de vista la indagación sobre Chile y se imponen problemas y soluciones que analíticamente residen en otra cultura, con otra historia, y con otras valoraciones sociales. Un ejemplo de esta forma de análisis es el caso del nuevo problema que nos impone la élite en educación: la pre-escolaridad, una “copia feliz” del énfasis que Obama le está dando a su nuevo periodo en el mando de Estados Unidos. Y claro, es obvio ¿quién se puede negar a expandir la cobertura preescolar?

Pero hay algo que si encuentra su vanguardia práctica en Chile, y que fue copiado por países del norte, en particular Estados Unidos (EE.UU.). Se trata de la estandarización educativa. En Chile esta estandarización tuvo muy poca oposición, dada la desarticulación social sangrienta de la dictadura. En Estados Unidos requirió un proceso mucho más complejo de convencimiento social, que comenzó en la era de Ronald Reagan y que progresivamente ha podido capturar voluntades en las dos mayores expresiones políticas del país del norte: demócratas y republicanos. Pero quizá ha llegado la hora de actuar sobre un mecanismo tan instrumental al empresariado como lo es a la pérdida del derecho a la educación pública: la estandarización y sus mediciones asociadas.

Simplificando un proceso histórico lleno de complejidades, uno podría decir que la estandarización ha funcionado así en el país del norte:

Primero se crea una necesidad social, mediante la persuasión, de crear mecanismos competitivos entre las escuelas. Ello se hace con relatos sobre la crítica situación de la educación (pública) para la competitividad económica, como lo hizo Reagan con su informe “Una Nación en Riesgo” durante la década de los ochenta. Se han sucedido más iniciativas desde entonces, buscando copar la agenda con la retórica de una reforma permanente, dada por la necesidad, cuestionable, de aumentar el rendimiento académico de los estudiantes y egresados de las escuelas públicas en EE.UU.
¿Por qué estas lecciones e iniciativas de resistencia son importantes para Chile? Hay dos razones principales. La primera es la que ya he mencionado. La resistencia a la estandarización como ocurre en EE.UU. no ocurrió en Chile, la vanguardia neoliberal, solo gracias a que los civiles que implementaron la estandarización se resguardaron tras los fusiles de la dictadura, y los escudos policiales de la post-dictadura. La segunda razón es más apremiante.
Lo segundo es promover, mediante políticas de incentivo a la investigación aplicada, la investigación educativa el marco de la estandarización. La idea es mantener a los intelectuales enfocados en preguntas sobre la prescripción de estándares de comportamiento visible y de abstracción invisible (¿qué es lo que los estudiantes y egresados deben saber hacer y saber cuándo experimentan el sistema educativo?). Luego, las preguntas mutan a las usuales, ¿cómo medir el cumplimiento de los estándares?, ¿cómo perfeccionar los modelos educativos para que cumplan con los estándares?

Lo tercero es la penalización y la asignación de responsabilidades sobre los estándares. Una vez que se han determinado los estándares, y se han impuesto modelos sobre la medición de variables abstractas (como el aprendizaje), y se han estudiado los núcleos educativos en base a éstos, llega el momento de asignar culpas. El actor preferido para culpar son las y los profesores. Los padres también son culpados (que no dedican tiempo a la educación de sus hijos, que no consumen suficiente cultura, etc.). Los niños también son culpados (porque son desordenados, poco estudiosos, etc.). Y últimamente los culpables también son los directivos escolares. Difícilmente los culpables son los estándares mismos, o las “mediciones”.

Lo cuarto es la transformación de las culpas en sistemas de rendición de cuentas. Las culpas a las familias y los niños se transforman en una apertura a la elección de escuelas (charters) y a la selección de estudiantes. Las culpas a profesores y directivos se transforman en pagos por mérito y ataques frontales a las agrupaciones gremiales docentes. Las culpas a las escuelas y sus comunidades se transforman en disminución de financiamiento público para su funcionamiento, lo que implica cierres de escuelas basados en su rendimiento en pruebas estandarizadas. Y así se escala en sistemas de culpas. George Bush escaló el modelo para hacer competir por financiamiento a las escuelas y distritos escolares por financiamiento basado en resultados de pruebas estandarizadas. Obama ha escalado el modelo para hacer competir por financiamiento a los estados, los unos contra los otros.

Lo quinto es la creación del nicho para el corporativismo privado de la industria educativa. En Estados Unidos se le conoce como charters, y en Chile las conocemos hace rato como escuelas subvencionadas. El subsidio portable, voucher, es el estímulo que permite segmentar mercados, todo en base al modelo de información que ha sido posible crear mediante la estandarización educativa. La estandarización es entonces el mecanismo por el cual se crea el “valor de uso” de la escolaridad, instrumental al mercado y a quienes buscan competir en éste. Es un mecanismo pro-lucro.

Chile está a la vanguardia de la estandarización no necesariamente por la creatividad del quienes impulsaron el modelo en el país, sino porque la estandarización en Chile – made in Chicago Boys y quienes les siguieron en la post-dictadura- tenían más facilidades para imponerla por la fuerza militar mediante. En EE.UU. han debido impulsar y construir un debate mucho más abierto y convincente, para lo cual usaron la experiencia chilena con el SIMCE. Tan convincente fue el argumento pro-estandarización que ambos partidos, demócratas y republicanos, le dieron el vamos a la creación de escuelas con subsidios portables durante los noventa. Así, los políticos norteamericanos transformaron el modelo educativo público que llevó a EE.UU. a ser la potencia mundial en una experiencia precaria y de lucha constante para todos quienes se involucran en su proyecto: profesores, estudiantes, padres, educadores de profesores.

Pero todo abuso empresarial sobre los derechos tiene una resistencia, y la de EE.UU. está silenciada en los medios tradicionales en Chile. En EE.UU., la resistencia a los estándares y su instrumento –la medición estandarizada- ya tiene una expresión creciente, en particular por su ataque a la profesión docente y a las condiciones educativas de la mayoría. Quienes resisten notan el reduccionismo del currículo escolar, las presiones ejercidas por las mediciones y su asociación a los pagos de salarios, las presiones para la selección de estudiantes, y el estrés de niños que van a la escuela sin estímulos para socializar afectivamente, o disfrutarla. Además, las nuevas brechas raciales, sociales y económicas que genera la privatización de las escuelas. Todo esto suena a historia conocida en nuestras tierras, la vanguardia de la estandarización.
Un ejemplo notable de resistencia es el desplegado por Diane Ravitch, investigadora, historiadora y otrora defensora de los estándares en EE.UU. Ravitch se dio cuenta del daño que las pruebas estandarizadas están produciendo a comunidades escolares completas, y del daño que le hacen a la profesión docente, a la integración social del país, y al sistema público en general. Desde ese momento se ha lanzado a una cruzada por todo EEUU, generando apoyos y distribuyendo la evidencia sobre el tremendo perjuicio que la estandarización ha generado. A través de su plataforma de trabajo, la red por la educación pública, pretende sumar a más y más personas que están experimentando la perversión de la estandarización educativa. Similares iniciativas en organizaciones de base, como el caso de la coalición por la educación pública de Nueva York, comienzan a expresarse también.

Otro ejemplo, una acción más radical, es el realizado por los profesores y familias de la escuela secundaria Garfield de Seattle, Washington, quienes propusieron un boicot a una medición estandarizada del estado y se negaron a administrarlo a sus estudiantes. Este boicot ha generado un creciente movimiento de apoyo y solidaridad de distintos actores a lo largo y ancho de los Estados Unidos, lo que ha generado y reavivado una discusión más profunda sobre la recuperación de la educación pública, el uso de las mediciones y su necesidad en el sistema. Esta polémica ha alcanzado a la administración Obama, particularmente a su Secretario de Estado, Arnie Duncan, que ha debido enfrentar las críticas públicamente en la reciente convención anual de la Asociación Americana de Investigación Educacional, una de las reuniones internacionales más masivas de investigación educacional.

¿Por qué estas lecciones e iniciativas de resistencia son importantes para Chile? Hay dos razones principales. La primera es la que ya he mencionado. La resistencia a la estandarización como ocurre en EE.UU. no ocurrió en Chile, la vanguardia neoliberal, solo gracias a que los civiles que implementaron la estandarización se resguardaron tras los fusiles de la dictadura, y los escudos policiales de la post-dictadura. La segunda razón es más apremiante. El cierre político que observamos sobre la discusión del modelo educacional se nutre de la discusión electoral. Los más astutos defensores del estatus quo ya se dieron cuenta, y por eso se pasearon por EEUU y andan repartiendo sus prioridades educacionales entre las candidaturas presidenciales, instrumentalizando a una ciudadanía que pide más derechos y menos mercancías. Resistir depende de la capacidad de organizarse tanto dentro y fuera del marco que ofrece esta elección. La acción que denuncie los efectos de la estandarización en Chile es una oportunidad de resistencia concreta que ya tiene una experiencia internacional relevante. No escucharemos de quienes copian las políticas y sus énfasis desde el norte las iniciativas de resistencia a esas políticas. Por eso es importante considerar los relatos ocultos por los medios. No todo es color de rosa en el mundo “desarrollado”, mucho menos el relato de los políticos sobre ese mundo.

miércoles, 8 de mayo de 2013

Las nuevas reglas para jardines infantiles

Fuente: http://content.cdlib.org/ark:/13030/kt8n39q587/
En "El Mostrador" se han publicado columnas sucesivas de María Isabel Díaz y Silvia Eyzaguirre, sobre el proyecto de ley que pretender normar el funcionamiento de los jardines infantiles, o sea, la oferta educacional "pre-escolar" (como la llaman algunos), parvularia (como se la nombra oficialmente) o inicial (como suele aparecer en la literatura). Díaz se formó como Educadora de Parvulos, se doctoró en Educación y escribe como especialista en el área; Eyzaguirre se formó y doctoró en Filosofía y escribe como asesora del MINEDUC. 

En su columna, Díaz -luego de exponer las líneas gruesas del proyecto, a saber, que se admitirán dos tipos de establecimientos, los "reconocidos" y los "autorizados", donde los primeros serán aquellos que el Estado avala oficialmente como establecimientos educacionales y que, en dicha condición, pueden acceder a subvenciones estatales. Los segundos -los autorizados- serán aquellos que podrán funcionar por el Estado sin ser establecimientos educacionales, es decir, sin contar con el reconocimiento oficial y, por consiguiente, sin acceso a la subvención educacional- afirma que el proyecto crea dos regímenes de funcionamiento e importa el riesgo de alentar diferencias de calidad por este solo hecho. Cito: "Detrás de estas propuestas legislativas, se ha sostenido el argumento de que es necesario flexibilizar las condiciones para que todos los jardines infantiles puedan contar con algún tipo de certificación, adecuando los actuales requisitos a la “realidad chilena”. Este enfoque desconoce la necesidad de avanzar hacia estándares más exigentes que permitan garantizar un buen funcionamiento y un efectivo rol de formación integral  en los primeros años. Es una medida compleja que requiere de un exhaustivo análisis, debido a que se busca una “flexibilización” sacrificando componentes esenciales de la calidad educativa especialmente en el primer tramo de vida (0-3 años) donde todos los estudios destacan que en ese momento se comienzan a producir las diferencias por falta de oportunidades efectivas".

Eyzaguirre retruca diciendo que "la Ley General de Educación establece que el reconocimiento oficial del Estado, que entrega el Ministerio de Educación, es voluntario, protegiendo de esta manera la libertad de enseñanza, en particular a los establecimientos educacionales con proyectos educativos alternativos como son muchos de los colegios Montessori o Waldorf, entre otros. Ahora bien, no sólo el reconocimiento oficial es voluntario, sino que además las exigencias que contempla fueron pensadas para los establecimientos escolares, pero no para salas cuna o jardines infantiles. Por ejemplo, exige que el sostenedor sea una persona jurídica que tenga giro único en educación, pero esto entra en la práctica en contradicción con el artículo 203 del Código del Trabajo, que obliga a las empresas con más de 20 trabajadoras a proveer servicio de sala cuna para los hijos menores de dos años de sus trabajadoras" (...) "La evidencia indica que es beneficioso para los menores que estén cerca de sus madres cuando éstas trabajan, pues se fomenta la lactancia materna y el apego entre madre e hijo. Así, muchas empresas prestan en sus propias dependencias el servicio de sala cuna. El reconocimiento oficial también exige que el representante legal o el administrador de la entidad sostenedora tenga título profesional o grado académico de al menos 8 semestres, pero resulta que el 60 % de las personas mayores de cuarenta años no tiene ni siquiera licencia media, lo que implica que una buena parte de las empresas no cumplirían con este requisito para poder proveer de sala cuna a sus trabajadoras y tendría que externalizar el servicio, lo que claramente perjudica a la trabajadora y a sus hijos. Es evidente que las personas que trabajan al interior de una sala cuna y jardín infantil deben tener las competencias y conocimientos necesarios, pero no es en absoluto claro que sus dueños deban cumplir con estos estándares, que ni siquiera se exigen a nuestros alcaldes y que dificulta a las empresas ofrecer este servicio a sus trabajadoras". Es decir, la razón práctica para esta distinción entre "jardines autorizados" y "jardines reconocidos" sería que de implementarse la Ley General de Educación (LGE) muchas empresas que deben proveer servicios de Sala Cuna a sus empleadas no podrán hacerlo puesto que no satisfacen los requisitos legales para ello y deberán externalizar estos servicios, lo cual puede afectar la relación entre madre e hijo/a. Para estos proveedores habrá estándares mínimos sobre funcionamiento, instalaciones y capacidades.

La discusión es interesante desde varias perspectivas. Una posibilidad es desde la pertinencia de las medidas propuestas para los fines y objetivos formativos de la propia educación inicial (que entiendo es la que preocupa a M. Isabel Díaz), según la cual parece poco adecuado propiciar una normativa que no garantice que todos los niños y niñas menores de 6 años de edad asistan a establecimientos de calidad equivalentes. Otra es la señalada por Eyzaguirre que, también argumentando sobre la importancia estratégica de la educación inicial, prefiere una lectura práctica o de gestión de políticas: no están dadas las condiciones para las exigencias de la LGE y es recomendable avanzar gradualmente en la implementación de la misma, equilibrando estas reglas formales con nuevos estándares de calidad del servicio. En definitiva, es necesario resolver el dilema entre lo normado y lo posible.Es también pragmática la postura de Eyzaguirre en tanto advierte que las empresas están obligadas a proveer el servicio de Sala Cuna cuando tienen 20 o más trabajadoras y que -evidentemente- su giro no es educacional, por lo que las exigencias de la LGE resultan desmesuradas para ellos (las relativas a la calidad de representante legal y administrador de la entidad sostenedora, más severas que las usuales para crear y administrar una empresa no educativa). No cabría, consecuentemente, imponerles reglas del juego adicionales a los dueños y administradores pues, en definitiva, lo que importa es que los profesionales a cargo de los niños y niñas sean competentes y con formación especializada en educación inicial. Nótese que Eyzaguirre pareciera no incluir como exigencia que se implemente el curriculum nacional puesto que esta obligación sería una restricción a la libertad de enseñanza.

Un tercer punto de vista es tal vez más conceptual y consiste en preguntarse por los bienes que una y otra posición cautelan. En la primera columna, el argumento gira en torno de la igualdad de condiciones mínimas que se deben asegurar para los niños y niñas de este nivel educativo, cualquiera sea el tipo de organización donde se imparta el servicio. El supuesto es que la calidad de la oferta no puede ser descuidada si lo que se busca es asegurar el cumplimiento de umbrales educativos para todos. En la segunda columna, la posición de Eyzaguirre puede ser interpretada como un intento de equilibrar el bien anterior (la igualdad de condiciones mínimas o de umbrales educativos que ella aseguraría mediante profesionales competentes a cargo de los niños y niñas) con la libertad de emprendimiento, entendida acá como la posibilidad de crear y mantener un servicio bajo regulaciones mínimas o menores que las nuevas, dado que los empresarios que hoy no cumplen los requisitos que señala la LGE para ser representante legal o administrador educacional se verían  obligados a hacer inversiones o modificaciones que sin duda tendrán implicancias económicas. Así visto, estas reglas son una restricción a la libertad de dichos emprendedores.

La tensión planteada es entre umbrales sociales y libertades individuales ¿Cómo se resuelve esta tensión? Eyzaguirre afirma que el proyecto de ley postula una solución transitoria que sería esta nueva clasificación de establecimientos (los autorizados y los reconocidos por el Estado). Después de algunos años, esta clasificación sería suprimida para hacer que los requisitos de la LGE tengan plena vigencia. El problema de esta opción es que en Chile lo transitorio resulta casi siempre definitivo o al menos prorrogado más allá de los plazos originales. En Educación hay un ejemplo reciente: la ley 20.483 de 2010 modificó el artículo 1 transitorio de la misma LGE y estableció un nuevo plazo de 2 años para que los sostenedores con reconocimiento oficial anterior a la LGE, se constituyeran como personas jurídicas de giro único, creando fundaciones o corporaciones educacionales... el plazo original de la LGE venció, este nuevo plazo también y muchos no han cumplido, logrando postergar esta obligación impuesta por la LGE en 2009. Lo transitorio no se cumple.