Calidad, lucro, mercado, financiamiento y desmunicipalización (1)

La discusión sobre el estado de la educación en Chile se mueve entre las cuestiones normativo-estructurales y las cuestiones administrativas e instrumentales. También se puede decir que hoy se debaten cuestiones políticas y técnicas, siendo las primeras las relativas a razones y fines de la educación en Chile; y siendo las segundas, las relativas a causas, medios, resultados y efectos.

Así, en el diagnóstico y solución de la crisis relevada por el movimiento estudiantil tienden a mezclarse -a veces de manera desordenada- ambos focos; en cambio, en el lado gobiernista, el interés está en encaminar el debate hacia lo técnico-instrumental.

Una forma habitual de eludir la conversación sobre las razones y fines de la educación en Chile es la pregunta por la calidad, especialmente cuando se la entiende como el logro de resultados y estándares de aprendizaje socialmente relevantes, tal como lo señala el curriculum nacional. Así pensada, la calidad es juzgada desde la contribución de la educación a la economía y, secundariamente, a otros campos de interés socio-político. Asumida como función, se puede decir además que la calidad de la educación depende de más o menos factores o variables, agregando que lo que importa es la acción docente en el aula y el liderazgo directivo. El grado de (des)centralización, la participación privada, las fuentes de financiamiento, el lucro, etc. son variables de relieve menor. Por lo mismo, este tipo de discusión es fecunda en evidencia empírica, estudios econométricos y análisis comparado pues, como ya se deduce, su validez depende de haber suscrito previamente el conjunto de premisas sobre la cuales se funda la validez de la medida y el juicio sobre la calidad. Causas, medios, fines y efectos son, al final, parte de una discusión técnica-instrumental.

Otro tópico que corrientemente elude el debate sobre razones y fines de la educación es la administración del servicio de educación estatal, debate que hoy se nombra como "des-municipalización". Es obvio: lo que se discute es la efectividad de una forma de gestión del servicio educativo de propiedad estatal. Acá, otra vez, predomina la lectura comparada sobre modalidades de descentralización y gobierno de la educación pública. Mientras el Gobierno sigue trabajando en una propuesta legislativa que comprometió presentar en septiembre y que debe sugerir alternativas a la forma actual de educación municipal, algunos alcaldes y autoridades locales de la educación pública preguntan por el futuro del patrimonio y las inversiones realizadas durante estas décadas, o por la situación de los docentes de los que hoy son empleadores; otros, en cambio, parecen interesados en desligarse de esta responsabilidad.

Calidad y des-municipalización son abordados como temas técnicos, pues su resolución es vista como con tiene cierta independencia del propósito y significado de la educación en Chile. En este contexto, lo que importa es cómo se consigue la calidad y cuán efectiva es la administración municipal, sea para proveer mejores recursos humanos para el crecimiento económico, sea para asegurar sustentabilidad política al modelo, sea para construir ciudadanía y cohesión social.

El lucro, el mercado y las formas de financiamiento son también asuntos técnicos. Hay que admitir, sin embargo, que su resolución es más política que técnica. No cabe duda que los incentivos, la libre elección y la competencia son factores que en ciertos contextos operan como catalizadores de la producción de un servicio, pero es igualmente claro que su introducción en el sistema educacional, importa una representación de la sociedad y una manera de construirla que está lejos de ser inocua. Aunque se puede decir que acá la experiencia comparada y la evidencia empírica aportan suficientes argumentos para revisar la eficacia de estos mecanismos o factores, lo central es reconocer que esta discusión de filosofía política y moral. Es, en definitiva, la discusión normativa sobre las razones y los fines de la educación, es la discusión sobre si la educación (y cuánta o hasta cuándo) debe ser concebida y distribuida como un derecho social o una prestación; o si debe ser asumida como un asunto de interés de suyo público o de interés privado.

En el debate nacional, estos frentes se han mezclado y parte del problema actual es que se trata de conciliar agendas de temporalidad y racionalidad distinta. Para un gobierno que administra, el problema es de viabilidad operativa y/o de adecuación de medios a fines, en un escenario de posibilidades limitadas y horizonte corto. Para el movimiento estudiantil, el asunto es una mixtura de objetivos de grupos de interés (como queda claro en su reclamo por la gratuidad para estudiantes de universidades CRUCH) y, a la vez, fundacional: una educación pública, gratuita y de calidad.